El rechazo en febrero de Junts, PP y Vox impide topar precios para evitar subidas excesivas por el accidente

Las redes ya recogen las primeras quejas por abusos en los precios de vuelos de gente que ha tenido que comprarlos por el corte de la línea de alta velocidad que ha propiciado el accidente ferroviario de Toledo. Aunque Iberia ha anunciado que limitará las subidas de precios, algunos vuelos con escala entre Málaga y Madrid superaban los 800 euros durante esta mañana. Un vuelo de ida y vuelta de mañana al domingo costaba como mínimo 190 euros. Las subidas aprovechando situaciones de emergencia estuvieron topadas durante unos días por un decreto ley que aprobó el Gobierno el 10 de febrero. Pero no se puede aplicar este miércoles, tras el accidente en Toledo, porque Junts, PP y Vox votaron en contra en el Congreso el 26 de febrero.

Ante la posibilidad de que una búsqueda de compra se dispare por una situación de emergencia y esto incremente los precios, el decreto-ley preveía que el Consejo de Ministros, en cada emergencia, pudiera decidir limitar el precio de un producto con tal de que no supere el precio máximo que tuvo en los 30 días anteriores y en el mismo periodo del año anterior en el caso de productos muy marcados por la estacionalidad.

El choque entre un tren Iryo y un Ave a la altura de Urda, en Toledo, ha dejado al menos 68 muertos y un centenar de heridos, con una primera hipótesis que apunta a un “error humano” precedido de “un fallo técnico”. Y ha provocado que se suspendan todas las líneas de alta velocidad que conectan Andalucía y Madrid y pasaban por esas vías. Renfe e Iryo están devolviendo el importe de estos trayectos, pero muchos pasajeros necesitarán buscar alternativas para ir a su destino.

Aviones, autobuses o coches compartidos se presentan como algunas de las alternativas que pueden ver un aluvión de peticiones que disparen sus precios. La falta de alternativas inmediatas o que convenzan al viajero también pueden hacer que se decante por quedarse una noche o varias más en el lugar donde está y, en caso de que no sea el de su residencia, esto puede derivar en búsquedas masivas también de hoteles o apartamentos. Para estos dos casos, el decreto podría servir como escudo a subidas abusivas.

La diputada del PP María Pilar Alía Aguado rechazó el decreto por “intervencionista”, parcial y dirigido solo a topar los precios y no contener otras medidas de ayuda a las empresas. Y aseguró que no cumplía con la normativa europea.

Por su parte, Junts justificó su negativa porque a ley delega “sin límite la capacidad de intervenir en el mercado” al Gobierno, en palabras del diputado Josep Maria Cruset. Cruset acusó al Gobierno de coalición de practicar “populismo de izquierdas” y un intervencionismo “más propio de Venezuela que de países europeos”.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, respondió que “cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido, de quienes hoy voten en contra”.