LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESNUDA EL NEGOCIO DE LOS TÍTULOS FALSOS

CIUDAD DEL ESTE (Nacionales por Esteban Ross) El sistema educativo y la función pública en Paraguay enfrentan la crisis de legitimidad más grave de su historia tras destaparse un monumental esquema de títulos universitarios falsos. La auditoría llevada adelante por la Contraloría General de la República, bajo la conducción del contralor Camilo Benítez, sacó a la luz más de 1.000 títulos universitarios sin ningún tipo de respaldo académico correspondientes a funcionarios públicos en decenas de instituciones del Estado. Sin embargo, desde la propia Contraloría advirtieron que esto es apenas la punta del iceberg, ya que al faltar los datos de más de 200 organismos estatales, la cifra real de diplomas máu en el sector público podría trepar fácilmente a más de 5.000 casos.

El propio contralor explicó que el problema se divide en dos realidades muy claras. Por un lado, están los estudiantes que se matricularon, pagaron sus cuotas, asistieron a clases y se recibieron en carreras o facultades que no estaban habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ni acreditadas por la ANEAES, una situación gravísima donde incluso se detectaron a más de 140 profesionales de la salud ejerciendo sin registros válidos. Por otro lado, existe el escenario directamente criminal: personas que jamás pisaron una universidad, a las que simplemente alguien les imprimió un título y un certificado de estudios falso en sus casas, logrando luego que el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) legalice esos papeles sin revisar jamás si existieron exámenes o actas de calificaciones reales. Dentro de este grupo figuran más de 800 supuestos docentes que hoy están enseñando en escuelas públicas.

Esta estafa resulta aún más indignante al considerar la tremenda burocracia que el MEC le impone a cualquier ciudadano o estudiante honesto. Para tramitar cualquier documento legal, el Ministerio le exige a la gente certificados que ellos mismos emitieron, para luego obligarlos a pagar aranceles, juntar firmas, sellos y rúbricas, haciéndolos pasar por meses de papeleo. Sin embargo, a pesar de todo ese laberinto administrativo, los controles del MEC terminaron siendo un colador absoluto para los tramposos. El caso emblemático del exlegislador Hernán Rivas, quien llegó a juzgar a jueces y fiscales con un título de abogado máu de una universidad donde nunca se comprobó su paso por las aulas, demostró cómo con influencias y llamadas desde arriba el propio ministerio registraba títulos falsos sin pestañear.

Este escándalo también salpicó de lleno al Alto Paraná. Saltó a la luz la denuncia que involucra directamente al director del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este (CRECE) y a su esposa, vinculada a una institución educativa del barrio Don Bosco, figura en la que ambos aparecen cobrando rubros docentes con títulos de grado y posgrado de dudosa procedencia que no cuentan con respaldo en las actas universitarias correspondientes. La responsabilidad de esta estafa generalizada recae directamente en la complicidad interna dentro del MEC, donde las auditorías informáticas revelaron más de 450.000 operaciones sospechosas en el sistema, con cargas de títulos realizadas de madrugada o en feriados desde cuentas de gestores privados, sumado a la desidia del CONES y la ANEAES por haber permitido que cientos de «universidades garaje» vendan cartones sin ningún tipo de control durante años.

La magnitud del problema en cifras

El impacto real del fraude académico en los registros oficiales revela la dimensión de la estafa al Estado:

• 1.090 títulos identificados preliminarmente sin respaldo en las actas universitarias.
• Más de 800 falsos docentes enseñando en escuelas públicas sin haber pisado una facultad.
• 146 supuestos profesionales de la salud con registros irregulares o de carreras no habilitadas.
• 1 de cada 5 legajos analizados por la auditoría presentó fallas o inconsistencias graves.
• 453.000 operaciones sospechosas registradas en el sistema informático del MEC fuera de horario laboral.
• Más de 5.000 casos es la proyección total a la que podría llegar la investigación al completar todas las instituciones públicas.

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