Condenan a 4 años de prisión y ordenan pagar 19 millones por tráfico de totoaba en Sonora
Una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de 19 millones 27 mil 591 pesos por reparación del daño obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) contra un hombre responsable de un delito contra la biodiversidad relacionado con el tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba en Sonora.
De acuerdo con la FGR, Jorge “N” fue condenado por hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública lo detuvieron en Sonora en posesión de 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi).
Los ejemplares estaban distribuidos en 35 envoltorios ocultos en un vehículo con placas del estado de California, Estados Unidos, y posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad federal.
La sentencia se dictó por un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con las agravantes de finalidad comercial y afectación a un área natural protegida.
Reparación del daño ambiental
La FGR informó que la condena fue resultado de una investigación coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que participó como coadyuvante y aportó dictámenes técnicos para identificar las especies y cuantificar el daño ambiental.
Las autoridades señalaron que los elementos presentados durante el juicio oral permitieron acreditar la finalidad comercial de la conducta y la afectación a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
El monto de reparación del daño, de 19 millones 27 mil 591 pesos, busca asegurar una reparación integral por las afectaciones relacionadas con la totoaba, la vaquita marina y el ecosistema.
La totoaba es una especie protegida cuya pesca y comercialización ilegal representan una amenaza para la biodiversidad del Alto Golfo de California, donde también habita la vaquita marina.
La FGR y la Profepa señalaron que mantendrán la coordinación para integrar investigaciones por delitos ambientales y llevarlas ante los tribunales.
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