Un fiscal federal de Misiones pidió informes al Gobierno sobre el vuelo que transportó a Bolsonaro a EE.UU.

La Justicia federal ya investiga en la Argentina si hubo delitos detrás del avión que tomó el candidato presidencial Flavio Bolsonaro y su familia para salir del país y dirigirse a los Estados Unidos.

El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo Bolsonaro ingresó al país y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo.

El fiscal quiere saber si había alguna restricción respecto del dirigente del Partido Liberal para ingresar al territorio nacional. “Si no es así, el problema es de Brasil y no nuestro”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

Al parecer, no hay ninguna circular roja de Interpol que impida la circulación de Bolsonaro; solo una medida judicial interna en Brasil de prohibirle la salida del país.

“Si es así, no habría delito, en todo caso una responsabilidad política en colaborar para que saliera a Estados Unidos, que no corresponde a la Justicia, pues no sería un delito penal”, dijo una fuente del caso. Los investigadores, de todos modos, esperan los informes para tomar una decisión final.

La causa se inició luego de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

La diputada cuestionó los controles y pidió esclarecer si hubo irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado de Bolsonaro y su familia.

“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, sostuvo Pagano en una publicación en X, en la que anunció la presentación judicial.

En su denuncia, la diputada advirtió que el senador brasileño tendría restricciones judiciales para salir de Brasil y reclamó que se determine en qué condiciones se produjo su desplazamiento.

Entre las medidas solicitadas, Pagano pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

También reclamó el acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado por el dirigente brasileño.

Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En Misiones rige el sistema acusatorio, por lo que el fiscal maneja la investigación y espera los resultados de los pedidos de informes.

En tanto, en los Tribunales de Comodoro Py 2002, se presentaron dos denuncias en las que se pide investigar a Milei y a funcionarios de su gobierno por el vuelo de Bolsonaro desde Misiones rumbo a Estados Unidos.

Los denunciantes son el diputado socialista Esteban Paulón y el dirigente de izquierda Gabriel Solano. Ambos escritos ingresaron al juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien espera una determinación de la fiscal Paloma Ochoa.

Es la fiscal la que debe dictaminar ahora si impulsa la acción penal y si interpreta que hay un delito a investigar. Por ahora está esperando los resultados del pedido de informes solicitado por su colega de Puerto Iguazú.

Las denuncias señalan que supuestamente el Gobierno facilitó el ingreso y salida del país a una persona que tenía prohibido egresar de Brasil. La fiscal Ochoa deberá dictaminar si dichas presentaciones ameritan comenzar una nueva investigación.

La denuncia de Paulón, de tres páginas y a la que accedió LA NACION, apunta contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo por presunto encubrimiento agravado.

Según el escrito, el 27 de octubre Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron por el puente Tancredo Neves y abordaron un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A.

El diputado refiere que el Gobierno primero negó el ingreso y que, horas después, Migraciones publicó a las 2:01 de la madrugada de este miércoles que la familia había entrado a las 22:05 del día anterior “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

El escrito incorpora además los dichos del abogado mexicano Simón Levy, presidente del American Council, quien sostuvo en una entrevista que “el punto medular y central es la intervención directa de Javier Milei para que Bolsonaro pudiera salir de Brasil ileso y sano”.

La segunda denuncia, presentada por Solano, posee nueve páginas. Acusa a Milei de presuntos abuso de autoridad, encubrimiento agravado y malversación de caudales públicos, y extiende la acusación a los funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia que hayan participado.

Sostiene que existió “un plan orquestado para incumplir con una manda judicial” dictada por el juez brasileño Alexandre de Moraes, y que en las imágenes del ingreso se observa “una numerosa escolta de fuerzas de seguridad federales, comenzando por la PSA”.

Ese escrito pide informes a Migraciones, a las fuerzas de frontera, a la PSA y a la Cancillería, la preservación de los registros de inteligencia y el secuestro del teléfono personal del presidente Milei.