Periodista guatemalteco José Rubén Zamora amplía ante la Fiscalía su denuncia por amenazas

Zamora Marroquín indicó a periodistas que su hijo fue víctima de intimidaciones tras el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa -que lo había defendido en su proceso judicial- ocurrido el pasado 17 de octubre mientras jugaba fútbol.

Asimismo, el periodista enfatizó que expresiones como "viaje a la playita" constituyen un patrón explícito de amenazas de muerte que ya fue empleado contra Solórzano Foppa dos días antes de su crimen en un centro deportivo de la capital, por lo que urgió a desarticular estas estructuras digitales.

"Desde la cuenta '¡Yes, Master!' (en la red social X) se utilizó la expresión 'La Playita' contra mi hijo, días después del asesinato de su abogado", declaró Zamora ante las autoridades, pidiendo investigar los vínculos de estas redes anónimas con los ataques contra periodistas, defensores y operadores de justicia.

El periodista fundamentó la ampliación de su denuncia ante la Fiscalía en un análisis del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el cual documentó mediante 670.000 interacciones en la red social X una campaña coordinada de hostigamiento y filtración de información judicial reservada por más de un centenar de cuentas.

Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, se encuentra en arresto domiciliario tras haber abandonado la cárcel militar Mariscal Zavala el pasado 12 de febrero, luego de más de 1.200 días de prisión preventiva tras su detención original en julio de 2022.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal de Guatemala) confirmó su medida sustitutiva en octubre de 2026, el periodista enfrenta la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días ante la Fiscalía, mientras continúan abiertos procesos penales en su contra por presunto blanqueo de capitales y conspiración para la obstrucción de la justicia.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa sostienen que los juicios pendientes contra el periodista guatemalteco responden a una persecución política promovida por la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta, por las investigaciones sobre corrupción publicadas en elPeriódico.

"Los guatemaltecos tenemos derecho a vivir sin amenazas, a denunciar los abusos de poder y ejercer nuestras libertades sin que se tome represalias; no podemos esperar a que otra persona sea asesinada para comenzar a investigar", sentenció el periodista ante el Ministerio Público.