Fiscalía considera “escueta” la denuncia contra Zenaida Delgado

• La fiscala Marlene González señaló que la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, no identifica con precisión a las presuntas víctimas ni detalla los hechos denunciados.
• El Ministerio Público convocó para este jueves a tres funcionarias que acusaron a la senadora de supuestos cobros ilegales a cambio de mantener sus puestos y acceder a nombramientos.
• La investigación fue caratulada provisoriamente como tráfico de influencias y otros. La Fiscalía analizará los testimonios y las pruebas antes de determinar si existen hechos punibles atribuibles a la legisladora.

La Fiscalía deberá reconstruir desde el inicio la denuncia contra la senadora Zenaida Delgado por un presunto esquema de cobros ilegales a funcionarias del Congreso, debido a que el escrito presentado por el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, no contiene suficientes detalles sobre los hechos ni individualiza a las supuestas víctimas.

La fiscala Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó que la denuncia inicial es escueta y que será necesario escuchar a las afectadas para establecer las circunstancias de los presuntos hechos. “De cero significa que primeramente debemos escuchar qué dicen las supuestas víctimas”, señaló durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, emitido por ABC TV.

La agente fiscal confirmó que convocó para este jueves a tres funcionarias que denunciaron a la legisladora, quienes deberán prestar declaración testimonial bajo fe de juramento. Las mujeres sostienen que Delgado supuestamente les exigía entregar parte de sus bonificaciones salariales y realizar pagos de importantes sumas de dinero para acceder a nombramientos permanentes en la Cámara Alta. Entre los montos mencionados en las denuncias figuran exigencias de hasta G. 100 millones.

El expediente ingresó inicialmente con la calificación de hecho punible “a determinar”, pero posteriormente fue caratulado de manera provisoria como tráfico de influencias y otros. González aclaró que la calificación jurídica puede modificarse conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos. Entre las figuras que podrían analizarse, dependiendo de las pruebas, mencionó el cobro indebido de honorarios, la extorsión, la coacción y el cohecho.

La fiscala también advirtió que las publicaciones periodísticas y las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp difundidas públicamente no constituyen, por sí solas, pruebas suficientes para sustentar una imputación penal. En ese sentido, explicó que los materiales deberán someterse a verificaciones técnicas para determinar su autenticidad, establecer si fueron presentados fuera de contexto y comprobar si efectivamente respaldan la comisión de un hecho punible.

La representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación debe desarrollarse con objetividad, sin dejarse influenciar por la exposición mediática ni por los intereses políticos que rodean el caso. Asimismo, indicó que se escuchará a las denunciantes y se garantizará a la senadora el derecho a presentar su versión y ejercer su defensa.

La senadora colorada negó las acusaciones de sus exempleadas, a las que calificó de falsas, y anunció que promoverá acciones penales contra ellas por supuesta calumnia y denuncia falsa. La legisladora afirmó que las funcionarias ya no trabajan en su despacho y sostuvo que fueron desvinculadas por presuntas irregularidades. Sin embargo, el Ministerio Público deberá determinar, a partir de los testimonios y demás elementos de convicción, si existieron delitos y si estos pueden atribuirse a Delgado.