Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso

El Senado dejó fijado el estudio de la pérdida de investidura de la senadora oficialista Zenaida Delgado la próxima semana. La decisión de incluir el libelo acusatorio como primer punto del orden del día busca otorgarle el derecho a la defensa a la parlamentaria, acusada por sus propias excolaboradoras de exigir transferencias mensuales de sus bonificaciones y pagos a cambio de cargos permanentes.

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP por ABC TV, el senador colorado Derlis Maidana defendió la determinación tomada por la mesa directiva de la Cámara Alta. El legislador rechazó categóricamente las versiones que acusan a la bancada oficialista de intentar dilatar el caso o tirar un “salvavidas” a su colega.

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Explicó que el cuerpo legislativo debe actuar con la máxima prudencia y rigor constitucional para evitar arbitrariedades o juicios sumarios basados únicamente en recortes de prensa o publicaciones en redes sociales.

Un expediente penal que recién empieza

Maidana señaló que las denunciantes, entre ellas familiares de la expareja de la legisladora, se limitaron a exhibir capturas de pantalla de conversaciones telefónicas al momento de exponer el caso ante el presidente de la Cámara, Basilio “Bachi” Núñez.

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Agregó que no existió una denuncia penal directa por parte de las afectadas en primera instancia, sino que fue el propio titular del Congreso quien derivó las actuaciones al Ministerio Público para la apertura de una investigación formal.

En ese sentido, el parlamentario explicó que el Senado se constituye en un tribunal político que debe sopesar elementos de convicción reales y no meras conjeturas. Remarcó que la Fiscalía recién se encuentra recolectando los informes de salarios, planillas y pluses abonados al personal del despacho para construir una hipótesis penal sobre delitos como tráfico de influencias, cohecho o cobro indebido de honorarios.

Maidana sostuvo que la ciudadanía exige claridad, pero que la única forma de tomar una decisión legítima es escuchando el descargo de la senadora y analizando las evidencias que presenten los acusadores durante la sesión.

El debate sobre el uso indebido de influencias

El tratamiento de este pedido de expulsión reabrió el debate sobre las exigencias del artículo 201 de la Constitución Nacional, el cual requiere la “comprobación fehaciente” del uso indebido de influencias para despojar del cargo a un legislador electo por el voto popular.

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Diversos analistas y juristas cuestionaron que el libelo acusatorio arrimado al pleno carezca de pruebas documentales directas y utilice un lenguaje hipotético, apoyándose casi en su totalidad en publicaciones periodísticas y testimonios de partes en conflicto.

Sin embargo, desde el sector que promueve la investigación insisten en que la naturaleza del juicio político parlamentario otorga un margen de apreciación discrecional a los senadores para juzgar la conducta ética y la idoneidad de sus pares.