El Niño pone a prueba la seguridad energética de América Latina

El fenómeno de El Niño altera los patrones atmosféricos y eleva la temperatura de las aguas del océano Pacífico tropical central y oriental. En los países que dependen de sus ríos, puede provocar sequías que reducen los caudales de los embalses y limitan la producción hidroeléctrica. Durante el episodio de 2023-2024, Colombia registró reservas hídricas inferiores al 30% de su promedio para abril de 2024, lo que casi duplicó la demanda de gas natural del sector eléctrico para compensar el déficit mediante centrales térmicas. En otras zonas, las lluvias excesivas también pueden causar inundaciones y daños a la infraestructura, como ocurrió en 2017 con el cierre de la planta hidroeléctrica Callahuanca, en Perú.

Las proyecciones meteorológicas señalan que las condiciones de El Niño comenzaron a manifestarse en junio de 2026 y podrían persistir hasta marzo de 2027. Se prevén precipitaciones inferiores a la media en partes del norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. En Brasil, la escasez de lluvias en el norte amenaza la disponibilidad de agua para centrales como Santo Antônio, de 3,6 gigavatios, que suspendió operaciones durante dos semanas en el episodio anterior. En contraste, se esperan lluvias superiores al promedio en Paraguay, Uruguay, el centro y sur de Argentina y Chile, así como en las costas de Ecuador y Perú, lo que podría elevar el riesgo de inundaciones.

Para reducir la vulnerabilidad del sector, la IEA propone cuatro pilares de preparación. El primero consiste en definir con claridad las responsabilidades de ministerios, reguladores, operadores de red y organismos de gestión de desastres. Los protocolos de comunicación y los comités de emergencia permiten coordinar las respuestas y evitar la improvisación. La Estrategia Nacional para El Niño de Costa Rica y los planes multisectoriales de Colombia y Perú son ejemplos de este enfoque.

El segundo pilar contempla medidas de respuesta rápida ante una caída de la oferta energética. Entre ellas figuran la importación de electricidad, las campañas de ahorro, los programas de respuesta de la demanda, el mantenimiento acelerado de plantas y el uso de generación térmica de respaldo. Durante crisis recientes, Brasil adelantó la puesta en marcha de cinco centrales contratadas, mientras que Colombia recurrió a intercambios regionales y medidas de ahorro en el sector público.

El tercer eje apunta a fortalecer la capacidad de adaptación del sistema eléctrico a largo plazo. La expansión de fuentes eólicas y solares puede reducir la dependencia de la hidrología, mientras que las redes de transmisión y las interconexiones internacionales facilitan el intercambio de energía entre países. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac) permitió a Costa Rica y Nicaragua adquirir electricidad regional durante sequías pasadas. Iniciativas como la del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), en los Andes, y el Sistema de Integración Energética de los Países del Cono Sur (Siesur) también buscan impulsar la integración eléctrica.

El cuarto pilar promueve simulacros periódicos y evaluaciones posteriores a las crisis para identificar deficiencias y mejorar la respuesta. La experiencia del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac) muestra la utilidad de estas prácticas.

En Paraguay, la advertencia de la IEA cobra especial relevancia por el peso de la hidroelectricidad en la generación eléctrica. Si bien los pronósticos citados por la agencia apuntan a precipitaciones superiores al promedio en el país, la variabilidad climática exige preparación. Contar con planes de contingencia, mecanismos de coordinación y una planificación que incorpore los riesgos climáticos resulta clave para fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.

La región posee un importante potencial de generación renovable, pero este no elimina los riesgos asociados al clima. La seguridad del suministro dependerá de la capacidad de los países para anticiparse a estos eventos y adaptar sus sistemas eléctricos, con decisiones de inversión y planificación que contemplen los riesgos climáticos.

*Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones