Óscar Puente, el ariete político de Sánchez que vuelve al punto de mira por otra tragedia en el AVE y su criticada gestión ferroviaria
El ministro de Transportes, Óscar Puente, afronta una nueva y trágica crisis por el accidente de AVE en Toledo. Además, lo hace apenas nueve meses después del choque de trenes en Adamuz y tras una gestión ferroviaria que está en cuestión desde hace tiempo por los retrasos, limitaciones de velocidad, averías e incidencias de los servicios a su cargo. Tras el siniestro de Adamuz, ya se cuestionó el estado de las vías y su continuidad al frente del ministerio. A esas dudas se suman los problemas recurrentes de retrasos e incidencias en la red, que ya habían llevado a Puente a reconocer la pérdida de confianza de muchos viajeros. El accidente de Toledo vuelve a situarlo en el punto de mira y, en esta ocasión, a un mes de las elecciones generales del 29-N. La investigación acaba de empezar y todavía no permite atribuir responsabilidades, pero el debate sobre su continuidad regresa: varios grupos han pedido su dimisión, aunque de momento es algo que rechazan tanto Puente como Moncloa.
Tras Adamuz, las críticas a la gestión ferroviaria se centraron también en el estado de las vías. Puente aseguró que el tramo del accidente estaba "completamente renovado", aunque después matizó que eso no significaba que todos los raíles fueran nuevos. Las peticiones de dimisión de la oposición no prosperaron: el ministro se mantuvo en el cargo y defendió que había que esperar a una investigación que todavía sigue abierta.
Los sindicatos ferroviarios siguen denunciando que la inversión en conservación y mantenimiento es insuficiente y llevan meses pidiendo más recursos para la seguridad y la renovación de la red. De hecho, hay líneas que aún siguen con limitaciones de velocidad, como la de Madrid-Barcelona. Las alertas sobre baches o vibraciones en los trenes se hicieron especialmente intensas en las semanas después del accidente de Adamuz. El Ministerio sostiene que el gasto en mantenimiento ha aumentado en los últimos años. Ahora, esta disputa vuelve al primer plano con esta tragedia de Toledo y pone contra las cuerdas la gestión del Ministerio de Transportes.
Sobre las causas del accidente de este miércoles, la primera explicación ofrecida por Puente apunta a que, tras un fallo del sistema de señalización, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad, aunque —según el ministro— los protocolos exigían hacerlo a la vista y a velocidad reducida. Puente calificó la orden de "inexplicable" y "errónea", descargando la responsabilidad en el controlador de Adif. Esa es, por ahora, la primera explicación expuesta por el Gobierno: una nueva investigación deberá aclarar cómo se produjo el fallo, qué instrucciones se dieron y dónde se sitúan las responsabilidades.
Desde el primer momento, Puente ya eludió dimitir, alegando que estaba centrado en esclarecer lo ocurrido y que no pensaba en sí mismo. Moncloa también traslada su respaldo al ministro y defiende que su gestión no está en cuestión. Algunas voces políticas y sindicales ya han pedido su dimisión, como Adelante Andalucía y CSIF, mientras que Frente Amplio ha exigido responsabilidades políticas.
La dimensión política de la crisis también se explica por quién es y qué peso tiene Puente tanto en el Moncloa como en el PSOE. Además de ministro y candidato por Valladolid al 29-N, el ministro se ha convertido en una de las figuras más combativas del Gobierno y en uno de los ministros más cercanos a Sánchez. Por eso, el cuestionamiento de su gestión trasciende Transportes: alcanza a un dirigente que ha sido una pieza clave e imprescindible de la estrategia política del presidente y que ahora debe responder desde el Gobierno por un asunto de absoluta trascendencia y que será determinante de cara a las elecciones del 29 de noviembre: la seguridad y la confianza en el sistema ferroviario.
A un mes de las urnas, el accidente coloca su gestión bajo un escrutinio todavía mayor. La oposición puede insistir en las incidencias acumuladas y en las dudas sobre el mantenimiento y Puente tendrá que explicar con transparencia qué ocurrió y qué medidas adoptará. La tragedia no permite anticipar responsabilidades ni resultados electorales, pero sí ha convertido la respuesta del Gobierno —y la credibilidad de Puente como uno de sus principales arietes— en un asunto central de la campaña.
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