El accidente de Toledo da un vuelco a la campaña a un mes de las elecciones generales del 29-N

El accidente ferroviario de Toledo ha cambiado de golpe el eje de la campaña del 29-N. "España está de luto", ha dicho Pedro Sánchez, que afronta las urnas dentro de un mes mientras dirige la respuesta del Gobierno a una tragedia que ha dejado al menos 68 fallecidos. Hasta este miércoles, los partidos afinaban sus propuestas y preparaban sus ataques al adversario. Ahora, la gestión de la crisis, la investigación de sus causas y la depuración de responsabilidades se sitúan en el centro de la disputa electoral. PSOE, PP, Frente Amplio y Podemos han suspendido sus actos, mientras Vox ha anunciado que mantendrá los suyos. La campaña queda así atravesada por una cuestión que pesará especialmente sobre Sánchez y el PSOE: cómo responde el Gobierno ante una tragedia de esta magnitud y, si esclarece lo ocurrido, cómo dirime las responsabilidades políticas.

La situación es inédita. Son dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año y el segundo se produce a solo 30 días de las elecciones generales. Adamuz dejó 46 fallecidos y el siniestro de Toledo suma ya al menos 68. La investigación acaba de comenzar y todavía se desconocen sus causas, pero la tragedia ha alterado el escenario político y ha colocado en primer plano asuntos que hasta ahora no ocupaban un lugar central en la campaña del 29-N: la inversión en infraestructuras, el mantenimiento de la red y la seguridad ferroviaria.

El compromiso de Sánchez es llegar "hasta el final" para esclarecer las causas, aunque ha reconocido que "no es asumible" que España sufra dos accidentes de alta velocidad en cuestión de meses. Respecto al sistema ferroviario, aseguró ayer desde la zona del accidente que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para reconstruir la confianza de los ciudadanos en el mismo. La respuesta institucional pasa a ser una prueba definitiva para el presidente del Gobierno a solo un mes de que los ciudadanos decidan en las urnas: cualquier fallo acreditado, demora o contradicción en las explicaciones puede tener un coste político determinante.

En el PSOE asumen que la estrategia de campaña ha quedado disuelta por la tragedia. Fuentes socialistas reconocen que los mensajes "en positivo" que estaban impulsando, con la vivienda y las pensiones como ejes de campaña, chocan de lleno con la gestión de una emergencia de esta magnitud. La agenda del partido se ha cancelado y el mensaje electoral queda en suspenso mientras la atención está puesta en las víctimas, sus familias y el esclarecimiento de los hechos. De cara a la campaña oficial, el reto de los socialistas será sostener su agenda política mientras responden a las preguntas sobre la gestión de una crisis que afecta directamente al Gobierno.

El vuelco afecta de lleno a los principales cabezas de la campaña socialista. Sánchez tendrá que relegar su papel de candidato para ejercer como presidente, mientras Óscar Puente, hasta ahora uno de los principales arietes políticos del PSOE, queda bajo el foco en su condición de ministro de Transportes. En su primera declaración, Puente descartó dimitir y apuntó a una orden errónea desde el centro de control de Adif, pero la investigación tendrá que establecer qué falló y dónde se sitúan las responsabilidades. Además, al ministro le persigue aún la sombra del accidente de Adamuz.

El resto de la campaña también queda condicionado por la respuesta de los partidos. PSOE, PP, Frente Amplio y Podemos suspendieron sus actos de este miércoles, mientras que Vox anunció que mantendría los suyos. En las próximas semanas, el debate electoral puede desplazarse de las propuestas y los reproches partidistas hacia la seguridad ferroviaria, la gestión pública y la rendición de cuentas.

En cuanto a la de Frente Amplio, sin ir más lejos, este mismo miércoles, minutos antes del siniestro, su candidata, Ada Colau, anunciaba durante una entrevista concedida a la Cadena Ser una de las propuestas estrella de la coalición en materia de vivienda: un impuesto específico del 10% del valor de cada inmueble a quienes tengan en propiedad al menos cuatro y no los destinen al alquiler "asequible y estable", siempre que los inmuebles tengan un valor conjunto de más de 800.000 euros.

La iniciativa se diluía poco después en el accidente ferroviario a un mes de unas elecciones que desde Frente Amplio llevan semanas calificando de "referéndum sobre la vivienda" y que han entrado en otra dimensión. La alianza ha suspendido toda su agenda "hasta nuevo aviso", pues "hay cosas mucho más importantes que una campaña". Este sábado estaba prevista la celebración de un gran acto en Barcelona con Ada Colau, el ministro Ernest Urtasun y el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la coalición ha decidido posponerlo.

Frente Amplio exige asumir "responsabilidades políticas"

Pero síntoma de que los hechos hacen inevitable que la campaña vaya a estar sin duda marcada en buena parte por la tragedia de Urda ha sido el comunicado que la coalición ha realizado horas después del accidente. En él, Frente Amplio, el nuevo Sumar, todavía socio de Gobierno del PSOE, pidió que se asumiesen "responsabilidades políticas" poco después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartase dimitir.

"Es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año [en referencia al de Adamuz, en enero, con 46 fallecidos]. Nos parece que hechos de esta gravedad requieren que se asuman responsabilidades a todos los niveles. Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por humanidad", aseguraba la alianza, que también demandaba la realización de "una auditoría independiente sobre el estado de la red [ferroviaria] y los servicios relacionados".

Al exigir de manera indirecta la dimisión de Óscar Puente, Frente Amplio se mostraba así incluso más duro que el propio Partido Popular, que en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendía que no era el día para exigir responsabilidades políticas, sino el momento de acompañar a las víctimas. Eso sí, el popular también defendió que el dolor "no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas con exigencia y merecen respuestas".

Feijóo pospone la exigencia de dimisiones

El candidato a la presidencia adoptó en una declaración casi inmediatamente posterior a la del presidente del Gobierno un marcado carácter institucional. La jornada de la tragedia no es la apropiada para lanzar reproches políticos y así lo creen en Génova, lo que no significa que renuncien a hacerlo cuando la conmoción vaya reduciéndose. De hecho, el secretario general, Miguel Tellado, ha dado instrucciones desde primera hora de la mañana a los miembros del partido de todo el territorio para que no hicieran declaraciones que fueran más allá del acompañamiento en su dolor a las familias de las víctimas y de solidaridad ante lo sucedido, según fuentes de la dirección nacional.

Pese a que no era el momento de pedir responsabilidades políticas en forma de dimisiones, sí que lanzó reproches al Ejecutivo por la gestión de una red ferroviaria de la que exigió una revisión "completa e independiente". "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad", declaró, para traer a colación la ausencia de prevención tras el desastre en enero en la localidad cordobesa: "Qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

Lo cierto es que tras el accidente de Adamuz el PP incrementó sus críticas sobre el estado de las infraestructuras. Durante el mes de abril, Feijóo interpeló a Pedro Sánchez en el Congreso por tener "récord de incremento de impuestos" y, sin embargo, el país se encontrase "a la cola en infraestructuras en términos del PIB". Un día antes presentó un decálogo de medidas con las que mejorar el estado de las carreteras, la red ferroviaria, la vivienda, la electricidad, las presas y los aeropuertos, con una inversión de al menos 300.000 millones de euros para acabar con lo que denominó "el fallo multiorgánico" que sufren las infraestructuras. A partir de lo sucedido este miércoles y teniendo en cuenta la cercanía a las elecciones generales, el PP analizará y decidirá su agenda diariamente, según informan desde Génova, pero primando un criterio: "El respeto al dolor de todo un país".

Abascal, el único candidato que mantiene su agenda

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue el único candidato que no suspendió su agenda tras la tragedia —tampoco lo hizo cuando ocurrió el siniestro en Adamuz— y lo decidió así porque considera que hay quienes "quieren convertir a los políticos en plañideras en los funerales" y "usar el dolor y el luto que compartimos para intentar acallar las denuncias y las protestas ante una degradación de las infraestructuras que no podemos soportar más". Abascal mantuvo los dos actos previstos este miércoles, en Santander y en Valladolid, desde los que cargó duramente contra el Gobierno.

Sendos eventos fueron monográficos sobre el accidente y el líder de Vox los utilizó como altavoz para criticar a la "banda criminal", como se refiere habitualmente al Ejecutivo, y señalar directamente a Pedro Sánchez y Óscar Puente. "Claro que estamos de luto, pero que no utilicen el luto para callarnos", afirmó, para reivindicar el deber de su formación de mantener la agenda, con la que "exigir respuestas y responsabilidades no solo al ministro de la Muerte, sino también al presidente del Gobierno". Abascal recordó otras tragedias recientes, como el accidente de Adamuz, las riadas o el apagón, y responsabilizó al Ejecutivo de sus consecuencias: "La corrupción mata y el fanatismo ideológico mata", insistió.