El árbitro que nadie impugne

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE en plena tormenta por sus contratos con un proveedor, y, antes incluso de que la Cámara de Diputados nombre a su sucesor, ya se pelea otra cosa: de dónde salió ella. Jorge Zepeda Patterson lo cuenta con sorna. Quienes adversan al Gobierno la ven como criatura de la Cuarta Transformación, pues su nombre salió de una tómbola en una Cámara dominada por el oficialismo y en 2024 dio el visto bueno al reparto de escaños que entregó a Morena la mayoría calificada. En Palacio Nacional la pintan al revés, como pieza del régimen anterior: Sheinbaum recordó esta semana que en 2014 Taddei llegó a dirigir el órgano electoral de Sonora cuando el INE lo presidía Lorenzo Córdova y el gobierno del estado era panista, «cuando Morena todavía ni existía».

Ambas lecturas, apunta el columnista, aciertan al mismo tiempo, y por eso despistan. Taddei ejerció de autoridad electoral primero en el bando de antes y luego en el de ahora, funcionaria cómoda para cada lado según soplara el viento; hoy que cayó en desgracia, todos podan su biografía a modo.

Con el proveedor bajo investigación ocurre otro tanto. Las empresas de José Alfredo Hernández Casillas le vendían al aparato electoral desde mucho antes de que aparecieran Taddei o Morena, en los días del viejo IFE y del INE que dirigió Córdova bajo Peña Nieto, y no dejaron de hacerlo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. La novedad con Taddei, señala Zepeda, es que ese trato abandonó el mostrador para instalarse en una residencia privada y en hoteles de lujo. El contratista le sobrevivió a las sucesivas camadas de consejeros y a sus auditores, fueran del signo que fueran: «Los gobiernos cambian; el proveedor permanece».

El episodio, observa, no corrió a nadie de su trinchera: sólo repartió municiones. El que ya sospechaba en la 4T un plan para doblar a los organismos autónomos creyó dar con la prueba; el que acusaba al INE de los viejos tiempos de ser una cofradía neoliberal la halló en la conferencia presidencial. Admitir que la funcionaria y su contratista venían de atrás, recuerda Zepeda, es apenas de sentido común, pero parapetarse en el «ellos la trajeron primero» le parece «un argumento de patio de escuela, no de Estado».

De ahí la trampa que retrata. Todos piden un árbitro imparcial, de la oposición a los académicos y las organizaciones civiles, y la presidenta jura querer lo mismo, al punto de solicitar una auditoría a fondo del instituto. Sólo que cada quien lo reclama sin soltar la camiseta ni el silbato, feliz de aceptar a un juez neutral mientras pite las faltas del rival.

El nombramiento llegará en unas semanas, a manos de los diputados, y quien lo reciba arbitrará los comicios intermedios de 2027 y el relevo presidencial de 2030, con un mandato que corre hasta 2032. Si todo se reduce a repartir culpas, avisa Zepeda, la elección será desquite o coraza. El oficialismo querrá una figura que limpie la imagen del órgano, y la pregunta es si se atreverá a elegir a alguien capaz de aplicar la ley sin mirar su propio proyecto; la oposición, en espejo, vetará a quien no provenga de su bando. El peligro, dice, es que el nuevo titular cargue de nacimiento la misma marca de Taddei: parecer el peón de alguien.

Revisar el pasado sí hace falta, matiza, aunque por otra puerta: la de la Auditoría Superior y la fiscalía, encargadas de esclarecer lo que pasó en el INE apunte al gobierno que apunte. A esas instancias les reclama rigor jurídico y resultados libres de cálculo; a los demás, impedir que la carpeta se guarde en el cajón cuando el escándalo pierda decibeles.

A la pregunta del título, cómo dar con una figura respetada por todos cuando ni en las culpas hay acuerdo, el columnista responde dando vuelta al proceso: «primero los criterios, después los nombres». Su regla práctica es sencilla: un nombre que la oposición no rechazara por venir de Morena, y que Morena no vetara por venir de la oposición. Para eso, razona, la oposición tendría que aceptar que un árbitro imparcial no tiene por qué ser un árbitro de su lado, y Sheinbaum tendría que ver que un juez incuestionable le rinde más que uno incondicional: con la delantera que su movimiento ya tiene, su mejor activo serían triunfos a prueba de impugnaciones.

La columna reparte culpas con mano pareja, y ahí están su mérito y su límite. Poner a los dos bandos en la misma trampa retrata bien el clima, aunque corre el riesgo de borrar una asimetría concreta: quien tiene los votos para designar al relevo es la mayoría oficialista en San Lázaro, de modo que la regla de sentido común que propone el autor recae sobre todo en ella. Ni Taddei ni el proveedor, por lo demás, han sido condenados: la primera renunció y el segundo sigue bajo investigación, y lo que hoy son señalamientos tendrá que probarse en las instancias que el propio texto menciona.

El texto termina con una inquietud que va más allá del INE: mientras el debate siga anclado en quién puso a Taddei, nadie discutirá de veras a su reemplazo ni la manera de limpiar el instituto, que es lo que contará en 2027 y en 2030. Zepeda lo deja como pregunta abierta: si aún hay margen para levantar un árbitro ajeno a la polarización, antes de que las urnas obliguen a tenerlo.