Una corte prohíbe temporalmente marchas antiinmigración en la ciudad sudafricana de Durban

La solicitud -firmada también por el comisario de Policía de la provincia oriental de KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi- fue presentada ante el Tribunal Superior de Durban, que evaluará esa petición en una audiencia este viernes, según reportaron medios locales a última hora del miércoles.

La petición exige que se prohíba al grupo y a su líder, Jacinta Nogbese-Zuma, "convocar, organizar, dirigir, movilizar o llevar a cabo marchas" en el perímetro de la municipalidad de eThekwini, que incluye el centro de Durban y la calle Che Guevara, donde se encuentra el Centro de Recepción de Refugiados de la ciudad.

La orden también prohíbe "agredir, amenazar, intimidar o acosar a residentes, comerciales, propietarios de negocios, empleados, clientes, repartidores, usuarios de la vía pública, funcionarios públicos u otros miembros del público".

Además, proscribe "saquear, incendiar, dañar o destruir viviendas, locales comerciales, existencias, vehículos privados, edificios públicos u otros bienes, ya sean públicos o privados".

La orden, que también impide atacar instalaciones del Departamento (Ministerio) del Interior, menciona a March and March, Ngobese-Zuma, su marido, y otros cuatro individuos implicados en el grupo, así como a la municipalidad de eThekwini y el citado Ministerio.

La fundadora del grupo acusó en sus redes a las autoridades de estar "haciendo un abuso de poder y usando los tribunales" para privarles de su "derecho democrático a protestar".

Según la prensa sudafricana, documentos judiciales indican que la Policía poseía información de inteligencia sobre un presunto plan para incendiar el citado Centro de Recepción de Refugiados esta semana.

El pasado martes, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció el despliegue de 510 militares en Durban, escenario en las últimas semanas de disturbios xenófobos que han dejado un inmigrante muerto, negocios saqueados y vehículos quemados.

Ramaphosa achacó estos actos violentos a una "campaña de desinformación" relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Refugiados, que permite a los solicitantes de asilo acceder al proceso de solicitud independientemente de cómo hayan entrado en Sudáfrica.

Estos incidentes se enmarcan en una espiral de violencia xenófoba en el país que estalló el pasado abril.

Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad en Sudáfrica; incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.

Aunque dicen protestar contra la inmigración irregular, la violencia xenófoba a menudo ha afectado de manera indiscriminada a extranjeros procedentes de otros países africanos.

Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países en los últimos meses frente a esa violencia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, en los últimos años, han provocado oleadas de violencia que se han saldado con decenas de muertes, especialmente en barrios vulnerables.