Chiapas también aparece en el expediente Taddei

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre, acorralada por una investigación de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y por las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre siete empresas proveedoras de material electoral, sospechosas de simular competencia en licitaciones. Pero la renuncia no cierra nada: solo mueve el reflector, y ahora ese reflector alumbra Chiapas.

La periodista Gabriela Coutiño documentó que Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, empresas ligadas a la red de los hermanos Hernández Casillas, también hicieron negocios con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En marzo de 2018, el IEPC firmó con Cajas Graf un contrato por 74.9 millones de pesos para material electoral. Lo firmó el entonces consejero presidente, Oswaldo Francisco Chacón Rojas, hoy rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). En febrero de 2021, Formas Finas presentó una oferta por 104.9 millones en una licitación en la que también concursó Cajas Graf. Suman casi 180 millones de pesos en urnas, paquetes y documentación electoral.

Hay que ser precisos: nada de esto demuestra, hasta hoy, una ilegalidad de Chacón. Firmar un contrato no es delito, y presentar una oferta no es ganar una licitación. Pero los hechos tampoco son inocuos. Los mismos proveedores que hoy detonan una crisis en el INE ya manejaban cifras de nueve dígitos en un organismo electoral local, bajo la firma de quien ahora dirige la universidad pública más importante del estado.

Y eso exige respuestas, no comunicados. ¿Quién más concursó en esas licitaciones? ¿Qué criterios llevaron a adjudicar a esas empresas? ¿Hubo competencia real o un trámite con ganador conocido? ¿Conocía Chacón a los dueños? Son preguntas elementales de rendición de cuentas, y quien presume de rector tiene la obligación de contestarlas.

El silencio sería el peor camino. Un rector que construye su autoridad moral sobre la credibilidad académica no puede esconderse detrás de la presunción de inocencia, que protege a cualquiera en un juicio pero no exime a un funcionario de explicar el uso de dinero público. Que abra los expedientes completos de adjudicación de 2018 y 2021 y que los publique. Si todo estuvo en regla, no tiene nada que perder.

El caso también desnuda un problema mayor. Durante años, los órganos electorales compraron material con candados que parecen haber sido de papel. Si una misma red de empresas pudo moverse del INE a los institutos estatales sin que nadie encendiera una alarma, el fallo no fue de una persona: fue del sistema de controles que debía vigilarlas. Las contralorías internas, las auditorías y los consejos que aprobaron esas compras tienen mucho que explicar, y el escándalo mediático no debería ser el único detonante de una revisión.

Taddei ya pagó con el cargo la factura política de su cercanía con un proveedor. Falta saber quién más debe pagarla, o quién puede demostrar que no le corresponde. Chacón tiene hoy la oportunidad de elegir entre transparencia o evasión.

Chiapas tiene derecho a saber cómo se gastaron esos 180 millones. Y a que quien los firmó lo explique sin tecnicismos.

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