Hospital de Clínicas denuncia presuntas irregularidades en cirugías fetales

• La intervención del servicio de Ginecología y Obstetricia detectó supuestas falencias en procedimientos médicos, entre ellas la falta de consentimientos informados y de avales correspondientes.
• Los hechos fueron puestos a consideración de la Justicia para esclarecer posibles responsabilidades. Las denuncias también incluyen presuntos maltratos al personal y cuestionamientos sobre el manejo de medicamentos.
• El caso involucra al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde se realizó una intervención administrativa.

La muerte de cuatro fetos tras cirugías intrauterinas y las presuntas irregularidades detectadas en esos procedimientos derivaron en una denuncia penal contra responsables del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de San Lorenzo por el interventor de la cátedra, Roberto Corbeta Bizozzero.

La investigación interna se inició a raíz de denuncias por presuntos maltratos al personal de Obstetricia. Durante la intervención, que comenzó en agosto y se extendió por 40 días, fueron examinadas unas 25 intervenciones quirúrgicas intrauterinas, varias de las cuales habrían terminado con la muerte de los fetos.

De acuerdo con los hallazgos comunicados por el interventor, los procedimientos no contaban con la aprobación de las áreas de Ética e Investigación ni de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Corbeta sostuvo que esos avales son fundamentales para realizar intervenciones de este tipo.

“Para realizar este tipo de procedimientos se debe presentar un protocolo en el área de Ética e Investigación, y en Bioética, porque es un trabajo asistencial y de investigación, pero ninguna de las dos cosas presentó”, afirmó el médico. Agregó que no se puede realizar un procedimiento nuevo en el hospital sin consultar previamente con el área de Ética.

Otro de los puntos cuestionados es la ausencia de documentos que acrediten que las pacientes recibieron información sobre las cirugías fetales, sus riesgos y posibles complicaciones, y que aceptaron someterse a los procedimientos. “No hallamos documento alguno que acredite que la embarazada estaba enterada, y que consentía dicho procedimiento”, manifestó Corbeta.

El interventor también indicó que no encontraron las fichas clínicas de los pacientes fallecidos y que sospechan que podrían haber sido ocultadas. Para documentar los hechos, señaló que localizó a cuatro madres que confirmaron que no recibieron explicaciones sobre los procedimientos ni firmaron documentos de consentimiento.

La investigación también detectó deficiencias en la coordinación con Neonatología. Según Corbeta, los responsables del área no eran informados de todas las intervenciones para organizar la atención especializada de los recién nacidos. De los procedimientos examinados, solo 11 habrían sido comunicados al servicio.

A las irregularidades médicas se suman denuncias por presunto acoso laboral o mobbing. Según el interventor, alrededor de 40 obstetras, además de personal de Neonatología y Pediatría, denunciaron supuestos maltratos dentro del servicio.

Corbeta también señaló que dos anestesiólogos cuestionaron la forma en que se realizaban los procedimientos. Entre los hechos denunciados figuran la administración de anestesia a los fetos sin que, presuntamente, las madres estuvieran informadas, el uso de sustancias que no estarían permitidas internacionalmente y la utilización de medicamentos vencidos.

“Se utilizaban medicamentos que ya estaban vencidos”, sostuvo el médico al exponer parte de los resultados de la intervención. Estos señalamientos forman parte de los hechos que deberán ser esclarecidos en las instancias correspondientes.

Durante el proceso de intervención, el profesor Miguel Ruoti Cosp fue apartado de la jefatura de la Cátedra y Servicio de Ginecología y Obstetricia, área sobre la cual recaen las denuncias.

Sin embargo, el decano interino en ejercicio, Andrés Alberto Szwako, dispuso su restitución, decisión que Corbeta cuestionó al considerar que correspondía al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas analizar previamente los resultados de la investigación.

El interventor recomendó la apertura de un sumario y la separación del cargo de Ruoti Cosp. Según explicó, presentó un informe con documentación de respaldo y conclusiones sobre los hallazgos, que deben ser evaluados por las autoridades universitarias.

La denuncia penal busca que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si existen responsabilidades. Las irregularidades señaladas constituyen, por ahora, presuntas faltas y hechos denunciados, cuya veracidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.