El INE huele a criminales

El escándalo de Guadalupe Taddei ha puesto al descubierto un oligopolio donde tres empresas se coludieron para controlar las adjudicaciones de materiales electorales, cuya cabeza era José Alfredo Hernández Casillas, pareja de la expresidenta del INE, cuya relación le facilitó la toma de decisiones en el órgano electoral sobre quién recibía contratos y quién no. Pero de acuerdo con fuentes de la industria, Hernández Casillas fue más allá: extorsionó a empresas fuera de su red protocriminal a las que exigía millones de pesos en pago por haberles permitido, decía, participar en los concursos.

El oligopolio lo componían Cajas Graf (propiedad de Hernández Casillas), Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente y el ganador del concurso repartía el negocio con las perdedoras. Se enfocaban principalmente en los OPLES, los Organismos Públicos Locales Electorales que nacieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar elecciones locales en cada uno de los estados. Eventualmente, hacían copartícipe de ese mecanismo a la empresa Formas Inteligentes, en un negocio que es muy cerrado y altamente lucrativo. Fuentes de la industria estiman que el mercado de materiales y papelería para procesos electorales tiene un valor superior a los 2 mil millones de pesos.