La factura electoral del enojo

El malestar tiene recibos. Se paga en la ventanilla del predial, en el refrendo vehicular, al abordar un camión, cuando llega la cuenta del agua o cuando hay que pagar un listado súbito de fotomultas. No es un solo cobro; son aumentos que vacían el bolsillo de las familias y plantean una pregunta: ¿por qué pagamos cada vez más para recibir servicios que no mejoran?

En Jalisco, la factura se ha ido engrosando. En julio de 2025, el SIAPA aumentó 9.65% sus tarifas. En enero de 2026, el refrendo pasó a mil pesos para automóviles y 600 para motocicletas: 100 y 215 pesos más, respectivamente. En los municipios subió la base catastral para calcular el predial; en Guadalajara se actualizó alrededor de 2.5%, mientras 17 municipios aprobaron ajustes catastrales de 15% o más. Y desde abril, el transporte público cuesta 11 pesos, frente a los 9.50 anteriores: 15.8% de incremento. 

Las autoridades ofrecen explicaciones para cada decisión. Los ciudadanos, en cambio, no viven en una hoja de cálculo. Viven en hogares donde cada aumento compite con la comida, las medicinas, la escuela y la renta. El gobierno separa conceptos y dependencias. La economía doméstica los suma.

A la cuenta se añade una política de fotoinfracciones cada vez más extendida. En agosto ya operaban 11 de los 14 nuevos radares previstos para 2026. El contrato de operación del sistema compromete 698.3 millones de pesos hasta 2030 y exige capacidad para enviar al menos 500 mil notificaciones de infracción al año. Pero el hecho de que los pagos al proveedor no dependan de resultados verificables en seguridad vial alimenta una pregunta legítima: ¿se evalúa el sistema por los accidentes que evita o por las multas que puede recaudar?

Y entonces llegó el problema del agua. Primero fue turbia, después pestilente y finalmente escasa. El gobierno reconoció la gravedad de la crisis; el SIAPA extendió descuentos por mala calidad a 342 colonias, y los tandeos alcanzaron a cientos más. El contraste es devastador. Se cobra por agua potable mientras los hogares tienen que comprar garrafones para beber, cocinar o lavarse los dientes. Un servicio que ya se pagó obliga a pagar de nuevo.

La crisis hídrica no nació este octubre ni puede atribuirse sin más a un solo gobierno. Detrás hay años de rezago e infraestructura deteriorada. Pero eso no cancela la responsabilidad de quienes hoy gobiernan por garantizar el servicio, explicar sus decisiones y responder ante la ciudadanía. La herencia del problema no exime de rendir cuentas sobre su manejo.

Las marchas del 11 y 18 de octubre exhibieron que el reclamo ya no cabe en la tubería. Hubo detenciones, daños a inmuebles, denuncias de uso excesivo de la fuerza y policías sometidos a investigación. En medio de esa tensión se produjo también la salida del secretario general de Gobierno, anunciada por ‘razones electorales’. No es prueba de que la protesta haya provocado la renuncia; sí ilustra el momento político en que ocurre, de absoluta crisis de conducción política.

Aquí aparece una hipótesis que Movimiento Ciudadano haría mal en desestimar. Jalisco está incubando un voto de castigo que no nace del entusiasmo por la oposición, sino del deterioro de la relación entre el ciudadano y sus gobiernos. No hace falta enamorarse de otro partido para querer pasarle la factura al que gobierna y que tiene meses deteriorando la economía familiar con más cobros e infracciones.

La ciencia política llama voto retrospectivo a la evaluación del poder desde sus resultados. No siempre exige programas, comparativos ni sofisticación ideológica. Empieza en la llave que arroja agua sucia, en el camión más caro, en el recibo del predial o en la notificación de una multa. El enojo no es necesariamente irracional; también supone la memoria de agravios repetidos.

Entre la protesta callejera y la urna median candidaturas, identidades, campañas y decisiones difíciles de predecir. Pero la pregunta para el gobierno ya no es si puede justificar cada aumento por separado. Es si los ciudadanos terminarán sumándolos en una sola cuenta política electoral.

Las alzas en las tarifas se aprobaron por decreto. Pero la confianza, no. Mientras el agua sale sucia, y se acaba el dinero en familia, el descontento se desborda mucho más allá de las llaves.