Cerro de La Campana

El esperado acercamiento del Gobierno federal con colectivos de madres buscadoras se concretó en esta ciudad con la presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A puerta cerrada y por varias horas, las titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, acompañadas del gobernador Alfonso Durazo, escucharon ayer diversos planteamientos y preocupaciones en la mesa de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del Noroeste.

Ahí se habló de lo que se vive en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa con las desapariciones, las necesidades en presupuesto y de otras acciones para apoyar las labores de búsqueda.

Lo que dijo Godoy es que el Gobierno de México y la FGR impulsan un nuevo modelo nacional de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, que incluye identificar patrones, vincular casos y desarrollar líneas de investigación regionales y nacionales. Además, les dijo, se fortalecerán las capacidades de investigación, inteligencia y análisis forense, así como la coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda y localización.

Esta estrategia será coordinada entre la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y que el objetivo es consolidar una respuesta institucional articulada para fortalecer los resultados en la búsqueda de personas desaparecidas y evitar esfuerzos aislados.

Esta reunión es un primer paso, pero hay muchas expectativas y la fundadora de Buscadoras por la Paz Sonora, Cecilia Delgado, lo tiene muy claro: “De nada nos sirve que tengamos estas reuniones si las palabras se las lleva el viento; hay que firmar acuerdos donde nos den tiempo”.

Sólo una crisis de la magnitud que enfrenta el INE y que tanta indignación nacional ha causado ha logrado que legisladores de Morena y la oposición coincidan en algo: Restringir en los “superpoderes” a la presidencia del Instituto.

Se busca revertir esas “super facultades” que entonces propuso el legislador Pável Jarero Velázquez, de Morena, y aprobó el Congreso de la Unión en octubre de 2024 con el voto morenista y de sus aliados.

Esa reforma, a decir de analistas y distintas voces, incidió en que se rompiera la colegialidad de las decisiones y otorgó el poder de actuar de forma unilateral a Guadalupe Taddei, que renunció en medio de uno de los mayores escándalos en el País por señalamientos de corrupción.

Las bancadas de Morena, PAN, PRI y MC aseguran que van por una reforma para recuperar los equilibrios y que no se repita el escenario que ha puesto al INE en la peor crisis de su historia.

Mientras cambian la ley, revisan contratos, se da una limpia con la renuncia de funcionarios, ayer iban quince, se investigan los institutos estatales electorales, partidos, empresarios y organizaciones civiles demandan aplicar la ley y sancionar, si se confirman delitos como el presunto desvío de millones de pesos de recursos públicos para favorecer a un proveedor.

También ha tenido eco lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum que, si de dónde salió la hoy ex presidenta del INE, si tuvo que ver el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, o el ex gobernador Guillermo Padrés, lo que generó críticas porque se mencionan otras explicaciones de su llegada al cargo. Más allá de eso, lo que se necesita saber es si se encuentra alguna irregularidad, ¿habrá o no impunidad?