Harfuch cumple su rutina institucional

El reloj marcaba las 07:18 horas de ayer miércoles, cuando un jet ejecutivo Bombardier Challenger 605 tocó tierra en el aeropuerto de Culiacán. A bordo viajaba la comitiva del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Exactamente tres horas y tres minutos después, a las 10:21 horas, la aeronave con matrícula y registro bloqueados bajo la leyenda institucional “NOT AVAILABLE” despegaba de regreso a la Ciudad de México.

La visita relámpago, realizada por instrucción expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretendió enviar un mensaje de control estatal e interés prioritario del Gobierno Federal sobre la seguridad de los sinaloenses. Sin embargo, en las calles de la entidad, la gira fue percibida como un capítulo más en una prolongada saga de desplazamientos mediáticos que contrastan severamente con la violencia desbordada.

La estrategia

No obstante, el análisis periodístico del historial de supervisión federal demostró que la presencia de Omar García Harfuch y los mandos militares en Sinaloa se ha convertido en una rutina institucional. A lo largo de los últimos dos años, marcados por la fractura interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, el Gabinete de Seguridad ha realizado al menos 11 visitas oficiales a la entidad. A pesar de los constantes anuncios de ajuste estratégico, los acuerdos centrales se repiten de manera cíclica.

Un examen comparativo de las minutas oficiales reveló un reciclaje continuo de proyectos. En agosto de 2025, el Gobierno Federal presumió como un logro histórico la entrega de 100 patrullas y la firma de un convenio con la Sedena para profesionalizar cuerpos policiales.

Trece meses después, en la reunión del 18 de septiembre de 2026, y nuevamente en el comunicado de ayer, las autoridades federales presentaron exactamente el mismo compromiso: el “diseño e implementación de un plan integral de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”.

Una dinámica idéntica se observó en la agenda tecnológica e infraestructura.

La inspección del sistema de videovigilancia C4 para su migración a C5 en Mazatlán, así como la revisión del terreno para la construcción del nuevo centro penitenciario federal en Culiacán (con capacidad para 2 mil 640 internos), fueron anunciadas oficialmente por la SSPC estatal desde el pasado 23 de octubre, tras iniciar los estudios topográficos.

Al presentar estos trabajos como las “grandes definiciones” de la visita de Harfuch expone la estrategia de envolver proyectos en desarrollo para justificar el desplazamiento de la comitiva.

El escenario

Esta nueva intervención se produjo en medio de un violento repunte delictivo que encendió las alarmas en la Presidencia de la República. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en las primeras tres semanas de octubre de 2026 se registraron 144 homicidios dolosos en Sinaloa, consolidando a la entidad como la de mayor incidencia del país durante dicho mes.

El acumulado alcanzó los 276 asesinatos desde que Graciela Domínguez Nava asumió la gubernatura interina el pasado 25 de agosto de 2026, tras la salida del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A la estadística se sumó una concatenación de agresiones de alto impacto simbólico registradas entre el 26 y el 27 de octubre: el ataque a la residencia utilizada como casa de campaña por Rubén Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021; el descubrimiento de una hielera con una cabeza humana en los portales del Palacio Municipal de Mazatlán y el abatimiento en Guasave de Jesús González Peñuelas, por quien el Gobierno de EU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

“Más militares no resolverán el problema de la violencia”

Al abordar la visita del gabinete de seguridad federal a la entidad, Miguel Enrique Calderón, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoció la atención brindada por la Federación, pero advirtió que los operativos militares y policiales no resolverán el problema por sí solos. Reiteró la demanda de duplicar el presupuesto destinado a seguridad en Sinaloa, planteando pasar de 5 mil millones a 10 mil millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

En eso coincidió el diputado federal Mario Zamora, quien advirtió que incrementar la presencia de las fuerzas armadas e intentar “convertir a Sinaloa en un cuartel” no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad.

Durante su intervención en una comparecencia ante la Subsecretaría de Hacienda, el legislador sostuvo que la estrategia nacional debe priorizar el fortalecimiento de las corporaciones locales e ir acompañada de un presupuesto real y extraordinario para el estado. Subrayó que esa misma postura ya le fue planteada al secretario de Seguridad, en el sentido de que concentrar tropas no constituye la solución de fondo para el estado.