Trump endurece la política migratoria: USCIS reporta 2.2 millones de acciones desde enero de 2025

El gobierno del presidente Donald Trump informó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha realizado aproximadamente 2.2 millones de acciones de aplicación de la ley migratoria desde el 20 de enero de 2025, con el objetivo de revocar o terminar el estatus migratorio de personas consideradas inelegibles para permanecer en el país.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la administración estadounidense, la cifra representa casi siete veces el número de acciones de este tipo registradas durante los dos últimos años del gobierno de Joe Biden, según la comparación presentada por la propia agencia.

El USCIS sostuvo que las medidas forman parte de una estrategia para reforzar los controles migratorios, revisar los beneficios concedidos y reducir el uso indebido de los mecanismos legales de permanencia en Estados Unidos.

La dependencia precisó que sus actuaciones se suman a las revocaciones y denegaciones de visas efectuadas por el Departamento de Estado, así como a las expulsiones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

USCIS endurece los controles sobre permisos y beneficios migratorios

Entre las medidas anunciadas por el gobierno de Trump se encuentra la terminación de determinados programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura que permite a ciudadanos de países designados permanecer y trabajar temporalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro.

La administración también informó que ha rechazado solicitudes para extender o cambiar el estatus de personas con visas de no inmigrante cuando, según la evaluación de la agencia, no existe fundamento legal para concederlas.

Otra de las acciones consiste en emitir avisos de comparecencia ante un tribunal migratorio, conocidos como Notices to Appear (NTA), para iniciar procedimientos de expulsión contra personas consideradas susceptibles de deportación.

La emisión de uno de estos avisos no equivale por sí misma a una deportación ejecutada: inicia un procedimiento en el que pueden intervenir un juez de inmigración y las garantías procesales correspondientes.

El USCIS también destacó cambios en la renovación de documentos de autorización de empleo y en los programas de parole migratorio, que permiten el ingreso o la permanencia temporal de determinadas personas por razones humanitarias o de beneficio público.

Según el comunicado, el gobierno busca limitar las extensiones automáticas de permisos laborales y sustituir los programas generales de parole por evaluaciones individuales. La aplicación de estas medidas depende de las normas vigentes y de las decisiones administrativas o judiciales que correspondan.

Trump vincula las acciones migratorias con la seguridad nacional

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió la política migratoria y afirmó que las cifras reflejan el compromiso de la administración con la aplicación de las leyes estadounidenses.

“Estos números reflejan la magnitud de ese compromiso”, señaló Mullin al referirse a la promesa de Trump de reforzar el cumplimiento de las disposiciones migratorias.

El funcionario advirtió que el gobierno no pasará por alto las violaciones a las normas y sostuvo que el objetivo es recuperar el control del sistema migratorio, fortalecer las verificaciones y priorizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

La administración argumenta que la revisión de solicitudes, la cancelación de beneficios considerados improcedentes y el inicio de procedimientos de expulsión permiten identificar posibles fraudes, impedir el acceso irregular a beneficios y detectar riesgos para la seguridad.

Sin embargo, el comunicado no desglosa las 2.2 millones de acciones por tipo de procedimiento, nacionalidad, estatus migratorio ni resultado final. Tampoco establece cuántas de ellas concluyeron con una orden definitiva de expulsión o con la salida efectiva de una persona del territorio estadounidense.

Las 2.2 millones de acciones no equivalen a deportaciones

La cifra difundida por el USCIS requiere distinguir entre las diferentes etapas de la aplicación de la ley migratoria. Una solicitud denegada, la terminación de un beneficio, la emisión de un aviso de comparecencia y una deportación son actuaciones distintas, con efectos jurídicos diferentes.

Por ello, las 2.2 millones de acciones anunciadas no deben interpretarse automáticamente como 2.2 millones de personas deportadas. El propio gobierno presentó el dato como medidas destinadas a revocar o terminar estatus migratorios, además de otras actuaciones realizadas por distintas dependencias.

El comunicado tampoco proporciona el desglose metodológico completo que permita verificar la comparación de casi siete a uno con los dos últimos años de la administración Biden.

La información divulgada se concentra en el volumen de las acciones administrativas y en los objetivos de la política migratoria de Trump. Para evaluar sus resultados será necesario conocer cuántas decisiones fueron definitivas, cuántas se impugnaron, qué resoluciones emitieron los tribunales y cuántas personas fueron efectivamente expulsadas.