Diputados avalaron Cuenta Pública de AMLO con más de 65 mil millones de pesos pendientes de solventar con respaldo de Morena y aliados, entre irregularidades en Pemex, SICT y salud

Con 321 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen, sustentado en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportó irregularidades por 67 mil millones de pesos. De ese monto, 65 mil 169 millones permanecen sin justificar o aclarar formalmente, luego de que se recuperaran aproximadamente 2 mil millones de pesos.

La aprobación cerró la revisión fiscal de 2024 en medio de cuestionamientos de la oposición y la defensa del bloque oficialista en San Lázaro.

El debate también expuso los retos pendientes en la rendición de cuentas del erario federal y del gasto ejercido por estados y municipios.

¿Cómo se distribuyen los 65 mil 169 millones de pesos pendientes de aclarar?

La mayor parte de los recursos observados por la ASF corresponde al gasto federalizado, ejercido por las entidades federativas y los municipios. Este rubro concentra 59 mil 363 millones de pesos.

Por otra parte, los recursos ejercidos directamente por la Administración Pública Federal (APF) suman 5 mil 805 millones de pesos sin comprobar debidamente.

Durante el debate legislativo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez afirmó que estas cifras elevan a aproximadamente 99 mil millones de pesos el acumulado histórico de irregularidades sin justificar durante todo el sexenio de López Obrador.

Legisladores de oposición señalaron que las dependencias y sectores con más observaciones se concentran en:

• Petróleos Mexicanos (Pemex).
• La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
• El sector salud, incluido el IMSS-Bienestar.

¿Qué argumentaron Morena y la oposición durante la discusión?

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados mostró una marcada división entre las fuerzas políticas.

Los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuestionaron el destino de los recursos y la falta de transparencia. También señalaron subejercicios en áreas críticas como la salud pública, donde se reportaron fondos no ejercidos u observados por más de 25 mil millones de pesos en programas de atención médica.

Además, legisladores opositores señalaron sobrecostos en obras de infraestructura carretera.

En respuesta, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la aprobación del dictamen y el trabajo de fiscalización de la ASF.

La diputada Elena Edith Segura Trejo sostuvo que las observaciones del órgano fiscalizador no equivalen automáticamente a desvíos o quebrantos patrimoniales definitivos. Explicó que una proporción significativa corresponde a trámites administrativos pendientes de solventar dentro de los plazos legales.

Desde la posición oficialista, el proceso busca fortalecer los controles financieros institucionales, especialmente en los gobiernos estatales y municipales, donde se concentran las mayores dudas.

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¿Qué impacto tienen las observaciones para las finanzas públicas y la ciudadanía?

Para los ciudadanos y contribuyentes, la aprobación de la Cuenta Pública sin que se hayan aclarado todos los recursos mantiene abiertas las preguntas sobre la eficiencia del gasto público y la fiscalización de los impuestos.

Las observaciones de la ASF otorgan plazos a las dependencias y entidades para presentar la documentación comprobatoria faltante. Sin embargo, la permanencia de miles de millones de pesos sin aclarar formalmente puede afectar la confianza ciudadana en la gestión gubernamental y muestra la necesidad de reforzar los mecanismos de sanción frente a la opacidad institucional.

La finalización entró en etapa de seguimiento

Con la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, la fiscalización entra en una etapa de seguimiento administrativo y legal ante la ASF.

Las dependencias involucradas y los gobiernos estatales deben solventar las observaciones pendientes. De no hacerlo, los funcionarios implicados podrían enfrentar posibles responsabilidades administrativas.

El debate sobre el control presupuestario y la deuda pública acumulada permanece abierto de cara a los próximos ejercicios fiscales de la administración federal.