De la ONU a Sinaloa: 72 mil restos sin identificar exponen la crisis forense

Sinaloa encarna el rostro más severo del colapso institucional frente a la crisis de desapariciones en México. A medio siglo de que se registraran los primeros casos y tras una escalada que desde 2008 transformó el fenómeno de decenas a miles de víctimas por año, la entidad refleja la ineficacia del Estado ante los más de 130 mil desaparecidos y 72 mil restos sin identificar en todo el país.

Con un Servicio Médico Forense rebasado que mantiene al menos 420 cuerpos acumulados en morgues y una flagrante falta de voluntad política para implementar soluciones, las familias se ven obligadas a buscar a sus seres queridos entre fosas clandestinas y amenazas, mientras la ONU eleva la crisis mexicana a la Asamblea General por indicios de violaciones sistemáticas y generalizadas.

Las cifras

Los datos presentados por organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional, llevaron al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) a activar por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional, tras determinar la existencia de indicios suficientes de que las desapariciones en el país se cometen de manera generalizada o sistemática.

Ante la incapacidad de respuesta del Estado, la búsqueda ha sido asumida por más de 234 colectivas, integradas principalmente por mujeres, quienes operan en condiciones de extrema vulnerabilidad, contabilizándose el asesinato de al menos 45 personas buscadoras desde 2010.

Se trata de personas que desarrollan esa labor con escasos recursos y bajo amenazas de grupos del crimen organizado e incluso de las propias autoridades, que estigmatizan el trabajo que realizan. Esta situación la documentó Amnistía Internacional en su informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.

En el plano local, Sinaloa se posiciona como una pieza emblemática en la geografía del despojo y la impunidad. Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa (CEDH), resaltó que la entidad acumula ya más de medio siglo desde que se registraran los primeros casos de desaparición forzada.

Sin embargo, el patrón delictivo sufrió una transformación radical a partir de 2008. Mientras que en las décadas previas las desapariciones se contabilizaban por decenas a lo largo de los años, a partir de esa fecha la crisis se disparó en el estado hasta alcanzar la escala de miles de personas desaparecidas en un solo año.

El aumento

Mientras Amnistía Internacional reporta 72 mil restos sin identificar a nivel nacional, Loza Ochoa señala que en Sinaloa se contabilizaban tan solo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) alrededor de 420 cuerpos sin identificar.

No obstante, el activista aclara que la cifra real no identificada en el estado es muy superior, lo que evidencia la ineficacia de las autoridades locales para responder al ritmo con el que se descubren fosas clandestinas y hallazgos a cielo abierto.

Respecto a las agresiones contra quienes buscan, mientras el informe internacional destaca una violencia sistemática contra las familias, en Sinaloa la CEDH le da seguimiento formal a entre 5 y 6 casos de buscadoras amenazadas o desplazadas.

Loza advierte que este número no refleja la realidad total del problema, pues muchas familias prefieren no acudir a las instituciones debido a la profunda falta de confianza en las autoridades y la urgencia de implementar sus propios mecanismos de autoprotección.

En entrevista con EL DEBATE, Loza Ochoa lamentó el estancamiento institucional en materia de justicia.

El defensor sinaloense enfatizó que el país carece de una política pública efectiva para frenar las desapariciones y lamentó abiertamente la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria.

”Es una situación muy crítica y que creo que es tiempo de que el Estado mexicano pueda hablar de una política pública para detener esa práctica”, dijo.

Loza contrasta la inacción en México con los procesos históricos vividos en países de América Latina (como Argentina, Chile, Brasil o Perú) y de África (como Sudáfrica), donde tras superar dictaduras o conflictos armados se crearon mecanismos capaces de detener la desaparición forzada.

En cambio, denuncia que México continúa siendo una excepción trágica al no haber podido detener ni resolver una práctica que vulnera los derechos humanos más fundamentales.

La saturación de restos sin identificar en las morgues ”nos habla precisamente de la ineficacia y la incapacidad que tiene el Estado mexicano, particularmente la autoridad local, que se ha colapsado su capacidad”, refirió el activista.

Llaman a dar protección a buscadoras

El informe reconoce la importante labor de las mujeres buscadoras en las Américas y llama a los Estados a que las protejan y garanticen sus derechos durante la búsqueda de sus seres queridos.

Destaca los instrumentos internacionales que las protegen y reconoce que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido liderada y protagonizada mayoritariamente por mujeres.

Ejemplos icónicos en la región se pueden rastrear hasta los tiempos de gobiernos presididos por juntas militares y conflictos armados, como los casos de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina y las mujeres de Calama en Chile; en el liderazgo de mujeres indígenas en situaciones de conflicto armado en países como Guatemala y Perú; pero también, en los casos de las mujeres centroamericanas que han cruzado fronteras y han creado mecanismos transnacionales de búsqueda de personas migrantes desaparecidas.