Chaqueñito demandará al Estado y reclama casi G. 1.000 millones por su expulsión del Senado

• El exsenador Javier Chaqueñito Vera prepara una demanda contra el Estado paraguayo por daño moral, lucro cesante y pérdida de chance, tras perder su investidura en marzo pasado.
• Su abogado, Óscar Tuma, calcula que los salarios y gastos de representación que dejó de percibir hasta junio de 2028 suman G. 985,4 millones, sin incluir otros conceptos indemnizatorios.
• La acción judicial se presentaría en unos 10 días. La defensa sostiene que la destitución se basó en una interpretación de audios filtrados y afirma que no existe una causa penal abierta por ese caso.

El exsenador Javier Chaqueñito Vera prepara una demanda contra el Estado paraguayo para reclamar una indemnización por daño moral y perjuicio económico tras su pérdida de investidura en el Senado. La cifra estimada por salarios y gastos de representación no percibidos hasta el final de su mandato ronda los G. 1.000 millones, a lo que se sumarían otros montos por daños.

El abogado Óscar Tuma, explicó que trabaja desde hace aproximadamente un mes en el análisis del caso y en averiguaciones sobre la situación penal del exlegislador, particularmente en relación con los audios filtrados que dieron lugar a cuestionamientos sobre supuestas intenciones de mantener relaciones con menores de edad.

Tuma sostuvo que, hasta el momento, no existe una investigación abierta ni una imputación relacionada con esos audios. En declaraciones al diario Última Hora, defendió la decisión de recurrir a la Justicia para reclamar una reparación económica por la pérdida de la banca.

“Se lo destituyó por un hecho que no existió, se lo destituyó porque se malinterpretó un audio, se lo privó del cargo que ocupaba por una cuestión subjetiva y no fehacientemente demostrada, entonces lógicamente él tiene el derecho, por más que la posición sea política, él tiene el derecho de reclamar los daños y perjuicios contra el Estado”, manifestó el abogado.

De acuerdo con Tuma, la demanda se presentaría ante la Justicia ordinaria en aproximadamente 10 días. La acción incluirá tres conceptos: daño moral, por las consecuencias personales derivadas de la destitución; lucro cesante, por los ingresos que dejó de percibir; y pérdida de chance, debido a las dificultades que, según la defensa, enfrentaría Vera para volver a ocupar un cargo público tras los escraches y cuestionamientos.

En cuanto al cálculo económico, el abogado señaló que no existe un tope fijo para establecer la indemnización, ya que el monto dependerá de la valoración de los daños. Para calcular los salarios caídos, se tomará como referencia la remuneración mensual de G. 37.900.000, correspondiente a la dieta y los gastos de representación del exsenador.

Vera perdió su investidura el 30 de marzo pasado. Si se contabilizan los 26 meses restantes hasta junio de 2028, fecha en que concluye el actual periodo parlamentario, el cálculo asciende a G. 985.400.000. Esta suma corresponde únicamente a los ingresos que habría percibido durante ese tiempo y no contempla los demás conceptos que serán incluidos en el reclamo.

Aunque meses atrás el exlegislador había mencionado la posibilidad de candidatarse a diputado en las elecciones de 2028, esa intención todavía no fue oficializada. También había manifestado su interés en participar del programa televisivo Gran Hermano Paraguay.

Otro de los antecedentes que rodean a Vera es la adjudicación de un departamento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuestionada por presuntas irregularidades. Sobre este punto, Tuma afirmó que la operación se ajustó a la ley y señaló que la adjudicación de la vivienda no formó parte del juicio político que derivó en la pérdida de investidura.

El exsenador había llegado a la Cámara Alta por el partido Cruzada Nacional, pero posteriormente pasó a Honor Colorado.

Antes de su expulsión, Vera ya había protagonizado otras controversias. Fue suspendido por 60 días a raíz de audios filtrados relacionados con supuestas coimas vinculadas a fondos donados por Taiwán. Ese episodio también fue utilizado como argumento en el proceso que terminó con la pérdida de investidura de Yamy Nal.

La nueva acción judicial buscará que el Estado responda económicamente por las consecuencias de la destitución. La procedencia del reclamo y el eventual monto de una indemnización deberán ser determinados en el ámbito judicial.