Junta Municipal se despide prohibiendo grabar o transmitir sus sesiones sin permiso de la Presidencia

• La Junta Municipal de Coronel Oviedo aprobó en su última sesión del período una propuesta del concejal colorado reelecto Hugo Ovelar que condiciona las filmaciones y grabaciones de las sesiones a una autorización previa de la Presidencia.
• La disposición afecta los registros independientes de periodistas, ciudadanos y hasta concejales. La institución asegura que mantendrá sus transmisiones oficiales, pese a las fallas de sonido, imagen y cortes advertidos durante las coberturas.
• La medida fue aprobada bajo la presidencia del colorado Juan Torres, también reelecto, y se suma a los cuestionamientos por falta de transparencia que marcaron la gestión de la corporación saliente.

La Junta Municipal de Coronel Oviedo cerró su período aprobando una restricción para filmar, grabar o realizar transmisiones propias de sus sesiones desde el recinto. La propuesta fue presentada por el concejal colorado reelecto Hugo Ovelar y deja en manos de la Presidencia la autorización para registrar lo que ocurre durante las deliberaciones.

La disposición alcanza a terceros y a los propios concejales municipales. Esto significa que periodistas, ciudadanos y miembros de la corporación deberán contar con permiso previo para realizar registros audiovisuales independientes dentro de la sala.

La decisión fue adoptada bajo la conducción de Juan Torres, del Partido Colorado, quien concluye su presidencia y fue reelecto para integrar la próxima Junta Municipal.

La Presidencia decidirá quién puede grabar

En un comunicado difundido por la institución, la Junta confirmó la aprobación y reprodujo el artículo cuarto del reglamento. El texto establece que quedan prohibidas las filmaciones y grabaciones durante las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas dentro del recinto por terceros o concejales que carezcan de autorización previa de la Presidencia.

De esta manera, la posibilidad de documentar las intervenciones, los debates y las votaciones queda condicionada a una decisión de quien encabeza el órgano legislativo.

La comunicación institucional sostiene que el propósito es ordenar y regular el ingreso y uso de equipos de grabación para preservar el normal desarrollo de las sesiones. Sin embargo, no explica qué criterios se aplicarán para conceder o rechazar los permisos, ni cómo se garantizará un trato igualitario a los medios y ciudadanos interesados en registrar las deliberaciones.

La señal oficial no garantiza una cobertura completa

Como respuesta, la Junta asegura que las transmisiones oficiales continuarán y que el espacio destinado a los representantes de la prensa y los medios acreditados permanecerá habilitado.

La aclaración deja intacto el problema central: disponer de un lugar para asistir a las sesiones no equivale a tener libertad para documentarlas mediante equipos propios.

OviedoPress, que mantuvo la cobertura y el seguimiento de la actividad legislativa municipal durante este período, ha advertido fallas de audio, problemas de imagen e interrupciones en las transmisiones institucionales. Estas dificultades impiden escuchar intervenciones completas y conocer, en ocasiones, el desarrollo íntegro de las deliberaciones.

Cuando la señal oficial falla, una grabación independiente permite recuperar lo ocurrido. Con la nueva disposición, quienes carezcan de autorización dependerán del material producido por la misma institución cuya actuación deben fiscalizar.

Además, la cobertura periodística requiere autonomía para registrar preguntas, respuestas, debates y votaciones, sin que esa tarea quede sujeta a la aprobación de las autoridades involucradas.

Un cierre marcado por cuestionamientos a la transparencia

La restricción se suma a los antecedentes de una gestión cuestionada por aprobaciones sin suficiente socialización y por deficiencias en sus mecanismos de acceso a la información.

Entre los pendientes señalados durante el seguimiento de OviedoPress figuran una página web sin funcionamiento, un reloj biométrico de control de asistencia inoperativo y un manual de procedimientos sin aplicación efectiva.

La corporación también se caracterizó por la sucesión de diez presidentes en cinco años, mediante períodos de aproximadamente seis meses. Esa distribución de la conducción contrasta con las herramientas de transparencia y control que quedaron pendientes al cierre del mandato.

Ahora, en su última sesión, la Junta incorpora una barrera adicional para que la ciudadanía pueda documentar cómo actúan sus representantes.

Libertad de prensa y acceso a la información

La decisión plantea un serio cuestionamiento frente a las garantías constitucionales. El artículo 26 de la Constitución Nacional protege la libertad de expresión y de prensa, así como la utilización de instrumentos lícitos para generar y difundir información. El artículo 28 reconoce el libre acceso a las fuentes públicas, mientras que el artículo 29 establece que el ejercicio del periodismo es libre y no está sujeto a autorización previa.

También existe una dimensión de derechos humanos: el artículo 13 de la Convención Americana protege la libertad de buscar, recibir y difundir información, y prohíbe las restricciones indirectas que obstaculicen su circulación.

Someter las grabaciones de las sesiones a un permiso político abre la puerta a decisiones discrecionales y debilita la posibilidad de una cobertura independiente. La transmisión institucional puede contribuir a informar, pero su existencia no resuelve las limitaciones impuestas a quienes buscan producir sus propios registros.

La Junta Municipal saliente deja así una última decisión que profundiza los cuestionamientos a su transparencia: los representantes terminan el período otorgando a la Presidencia el poder de autorizar quién puede grabar lo que hacen dentro de la sala de sesiones.