Tienen observaciones 181 municipios; aprueban Cuenta Pública

• El Congreso de Veracruz aprobó los informes de la Cuenta Pública 2025, en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) identificó un probable daño patrimonial por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos en municipios, organismos paramunicipales e instituciones estatales.

JORGE GONZÁLEZ

XALAPA, VER.- El Congreso de Veracruz aprobó los informes de la Cuenta Pública 2025, en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) identificó un probable daño patrimonial por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos en municipios, organismos paramunicipales e instituciones estatales.

El dictamen recibió 41 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención durante la sesión ordinaria de la LXVII Legislatura, con lo que se avalaron los informes individuales y el Informe General Ejecutivo correspondientes al ejercicio fiscal del año pasado.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, los gobiernos municipales concentran la mayor parte de los recursos observados, con dos mil 709 millones 874 mil 572 pesos, equivalentes a 98.3 por ciento del monto total reportado.

Las auditorías financieras y técnicas a la obra pública identificaron irregularidades por un probable daño patrimonial de dos mil 703 millones 301 mil 531 pesos en 181 de los 212 ayuntamientos de Veracruz.

A esa cantidad se suman seis millones 573 mil pesos en observaciones relacionadas con deuda pública, obligaciones y disciplina financiera en seis municipios.

Las cifras corresponden al último ejercicio presupuestal de las administraciones municipales del periodo 2022-2025 y al primer año de gobierno de Rocío Nahle García.

Entre los ayuntamientos señalados, Tantoyuca registra el monto más alto, con 148 millones 427 mil pesos por aclarar, seguido de Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil pesos.

En la lista también aparecen Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil pesos; Coscomatepec, con 69 millones 280 mil pesos, y Catemaco, con 64 millones 713 mil pesos.

Estos montos corresponden a observaciones derivadas de las auditorías y deberán seguir el procedimiento establecido para determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades administrativas o legales.

En contraste, 30 ayuntamientos no presentaron señalamientos por probable daño patrimonial en las auditorías financieras y técnicas a la obra pública, aunque sí registraron inconsistencias administrativas que dieron lugar a observaciones o recomendaciones.

La Cuenta Pública de El Higo quedó fuera del dictamen sometido a votación, debido a que el informe correspondiente no pudo incorporarse dentro de los plazos establecidos para esta revisión.

El caso deberá atenderse conforme a las disposiciones aplicables al procedimiento de fiscalización.

Además de los municipios, el informe del Orfis identificó un probable daño patrimonial por 42 millones 156 mil pesos en 14 entidades paramunicipales, entre ellas organismos vinculados con los servicios de agua potable y saneamiento.

En el ámbito estatal, 16 organismos públicos descentralizados acumularon observaciones por tres millones 975 mil pesos.

Entre las instituciones con los montos más elevados se encuentra el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con un millón 835 mil pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, con 388 mil pesos, y el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, con 263 mil pesos.

La Universidad Veracruzana también registró observaciones por un probable daño patrimonial de 225 mil pesos, derivadas de las auditorías financiera y técnica a la obra pública.

Por otra parte, las auditorías a la administración central del Poder Ejecutivo, al Congreso local y al Poder Judicial no identificaron irregularidades que hicieran presumir un probable daño patrimonial en los rubros revisados, aunque sí se determinaron inconsistencias administrativas que dieron lugar a observaciones y recomendaciones en distintos entes fiscalizables.

Con la aprobación de los informes, el proceso de fiscalización no concluye. El Orfis deberá continuar con los procedimientos correspondientes y promover las acciones administrativas o legales que procedan cuando existan elementos para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos o ex funcionarios.

Los montos reportados como probable daño patrimonial no representan, por sí mismos, desvíos acreditados mediante una resolución definitiva.

Se trata de recursos observados cuyo destino o aplicación deberá aclararse conforme a los procedimientos legales.