Oscar Loza denuncia falta de voluntad política en México para frenar la crisis de desapariciones

El defensor de derechos humanos e integrante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, aseveró que al Estado mexicano le "falta voluntad política" para implementar una política pública efectiva que detenga las desapariciones en el país.

El activista advirtió que México se ha convertido en la única nación de la región que no ha logrado resolver esta problemática, a diferencia de países que superaron dictaduras o conflictos armados.

Un problema sin política pública

Loza Ochoa enfatizó que la situación de las personas no localizadas es "muy crítica" y señaló que es momento de que el Estado mexicano abra el debate sobre una política pública dirigida a detener esta práctica.

El integrante de la CEDH contrapuso la inacción gubernamental con las experiencias de países como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Sudáfrica, donde tras el fin de dictaduras o conflictos se establecieron mecanismos para frenar actos que vulneran a la humanidad.

En contraste, lamentó que la respuesta institucional mexicana continúe estancada.

Cinco décadas de impunidad

Al detallar la dimensión histórica del problema en Sinaloa, el activista recordó que en mayo pasado se cumplió medio siglo (50 años) desde que se registraron los primeros casos de desaparición forzada en la entidad.

Sin embargo, denunció que a partir del año 2008 el fenómeno sufrió un incremento drástico, pasando de contabilizar decenas de víctimas acumuladas en años a registrar miles de personas desaparecidas en un solo año.

Rebase de los servicios forenses

En cuanto a la identificación de personas fallecidas, Loza Ochoa detalló que en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Sinaloa se mantenían alrededor de 420 cuerpos sin identificar, precisando que la cifra real de restos no identificados en el estado es notoriamente superior.

Para el defensor, esta acumulación evidencia la ineficacia e incapacidad de las autoridades locales, cuya capacidad operativa colapsó ante el ritmo con el que se descubren hallazgos en fosas clandestinas o a cielo abierto.

Respecto a la vulnerabilidad que enfrentan las familias, el representante de la CEDH confirmó que el organismo da seguimiento formal a entre 5 y 6 casos de mujeres buscadoras amenazadas o desplazadas.

No obstante, aclaró que estos registros no reflejan la magnitud real del peligro, ya que muchas familias optan por buscar mecanismos de protección por su cuenta debido a la profunda falta de confianza en las autoridades.

El contexto nacional

El reclamo expresado en Sinaloa coincide con el panorama nacional documentado por organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional, que reporta 130 mil 679 personas desaparecidas y cerca de 72 mil restos sin identificar en las morgues de México al 23 de octubre de 2026.

Esta falta de capacidad institucional y el carácter generalizado del problema motivaron que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) decidiera llevar el caso mexicano a la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional.