Juez exige una explicación al gobierno de Trump sobre su campaña para frenar voto de no ciudadanos

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ordenó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump que identifique todos los estados en donde ha presionado a las autoridades para que acaten sus esfuerzos por impedir la participación de no ciudadanos en las elecciones legislativas de la próxima semana, solicitudes que los demócratas han impugnado por considerarlas una extralimitación de sus facultades.

El juez presidente James Boasberg informó que a más tardar el lunes —un día antes de la jornada electoral— se pronunciará sobre la solicitud que presentaron altos miembros del Partido Demócrata para evitar que el gobierno federal intente socavar los procedimientos electorales estatales.

Boasberg indicó, sin embargo, que el gobierno puede “hacer que este proceso sea intrascendente en cualquier momento" al presentar un documento en el que asegure que no incurrirá en la conducta que los demócratas impugnaron en su demanda.

En tanto, el juez y los demandantes quieren saber si funcionarios electorales de algún otro estado —además de California y Washington— han recibido cartas del Departamento de Justicia en las que se les amenaza con un proceso penal si mantienen deliberadamente a extranjeros no ciudadanos en sus registros estatales de votantes.

Altos miembros del Partido Demócrata —incluido el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries— presentaron una demanda la semana pasada ante un tribunal federal para impedir que Trump interfiera en la administración estatal de las elecciones. Los demandantes solicitaron a Boasberg que emita una orden en la que se prohíba al gobierno federal eliminar de los registros estatales de votantes a los electores que se registraron legalmente o impedir que los estados emitan o cuenten papeletas de votantes registrados.

La demanda hace mención de las recientes acciones del gobierno federal en California, donde el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir que funcionarios electorales del estado contabilicen las boletas postales emitidas por personas identificadas por el gobierno como “probables” extranjeros no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus migratorio. Un juez federal falló el miércoles a favor de California en ese caso, y el Departamento de Justicia apeló de inmediato la decisión.

Abogados del gobierno sostienen que las autoridades federales ha encontrado pruebas de que extranjeros no ciudadanos han emitido o emitirán votos de manera ilegal en los comicios de mitad de mandato. La evidencia procedente de los estados, y de las propias investigaciones del Departamento de Justicia, revela que el voto de no ciudadanos es sumamente raro.

El gobierno afirma que los señalamientos de la parte demandante son demasiado ambiguos y le impedirán cumplir con su deber constitucional de aplicar las leyes federales.

Durante la audiencia, Boasberg expresó dudas de que los demandantes hayan demostrado que cuentan con las bases legales necesarias para presentar las acusaciones establecidas en su demanda. También destacó que las cartas del gobierno no obligan a los estados a hacer nada, a menos que el gobierno federal obtenga una orden judicial para forzar su aplicación.

“Eso depende de ellos. Es su decisión”, señaló el abogado del Departamento de Justicia, Christian Dibblee. “Únicamente se les notifica de una posible violación de la ley federal”.

Boasberg ordenó que el gobierno entregue la lista completa de estados que recibieron cartas del Departamento de Justicia a más tardar el viernes.

El abogado de la parte demandante, Uzoma Nkwonta, pidió al juez que ponga fin a la “campaña sin precedentes” del gobierno por interferir en las obligaciones de los estados de administrar las elecciones.

“No dudo que tengan preocupaciones legítimas”, declaró el juez. “La pregunta más difícil para mí es su legitimación para hacerlo”.

Boasberg, quien fue nominado al cargo por el demócrata Barack Obama, ha sido blanco de críticas por parte de la Casa Blanca por fallos contra el gobierno federal. Trump y sus aliados pidieron el año pasado la destitución de Boasberg después de que el juez le impidió usar la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en el siglo XVIII, para deportar por vía aérea a migrantes venezolanos a El Salvador.

Los otros demandantes son el Comité de Campaña Demócrata al Senado, el Comité de Campaña Demócrata al Congreso y la Asociación de Gobernadores Demócratas. La demanda identifica en específico a Trump, al Departamento de Justicia, al secretario de Justicia Todd Blanche, al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, Markwayne Mullin.