Engañó a un juez siendo abogada y ahora un tribunal autorizó a Grupo Herdez continuar un proceso en su contra por extorsión

Un tribunal federal determinó que el juicio penal contra la abogada laboral Irene “N” debe continuar su curso legal, desechando el intento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por sobreseer el expediente.

Según información publicada por el diario El Universal, la autoridad judicial resolvió que los plazos de prescripción para sancionar el delito no han vencido, por lo que la investigación por la presunta simulación de un juicio laboral y extorsión contra Grupo Herdez seguirá abierta.

El caso, derivado de un litigio iniciado hace casi dos décadas, involucra reclamos por aproximadamente 20 millones de pesos mediante el uso de documentación falsa y la invención de un vínculo de trabajo inexistente.

¿Qué origen tiene el litigio laboral y el esquema de simulación denunciado?

Los antecedentes del proceso se remontan a 2007, año en que se estructuró la demanda laboral contra la firma de alimentos:

• Expediente del caso: La demanda quedó radicada bajo el número de expediente 578/2007.
• Origen del despacho: La acción judicial fue promovida desde la firma legal del abogado Humberto Cavazos Chena, donde laboraba Irene León Escamilla.
• Demandante ficticio: La querella se presentó a nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, persona que, según las investigaciones, nunca mantuvo una relación laboral con Grupo Herdez.
• Confesión del esquema: En las carpetas de investigación consta la confesión de la propia abogada León Escamilla, quien detalló cómo se redactó el escrito con datos alterados para engatusar a las juntas de conciliación y obtener fallos favorables de manera indirecta.

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Un tribunal federal resolvió que el juicio penal contra la abogada laboralista Irene “N” debe continuar abierto.

De acuerdo con información del diario El Universal, la resolución rechazó el intento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por cerrar el expediente, al determinar que los plazos legales de prescripción para sancionar el delito aún no han vencido.

La litigante enfrenta acusaciones por presuntamente engañar a juzgadores mediante la simulación de una relación de trabajo y la presentación de documentos falsos para exigir un pago de 20 millones de pesos a la empresa Grupo Herdez.

El fallo judicial revoca la pretensión del Ministerio Público local y mantiene activa la investigación, la cual también es atendida de forma paralela por la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades por delitos de extorsión y fraude procesal.

El origen del litigio y el esquema de simulación laboral

El conflicto legal tiene sus antecedentes en el año 2007 dentro del ámbito del derecho laboral en la capital del país:

• Inicio del expediente: En 2007, el despacho del abogado Humberto Cavazos Chena promovió una demanda laboral en representación de Alfredo Jorge Colín Huerta bajo el expediente 578/2007.
• Relación laboral inexistente: De acuerdo con las investigaciones, el demandante nunca trabajó para Grupo Herdez ni mantuvo vínculo contractual alguno con la compañía.
• Falsificación de documentos: La carpeta de investigación señala que la demanda fue redactada con información falsa y documentos alterados para sorprender la buena fe de las autoridades laborales.
• Confesión e implicación: La propia abogada Irene León Escamilla confesó ante la autoridad el esquema utilizado desde el despacho donde laboraba para ingresar las promociones procesales falsas y buscar un fallo favorable por 20 millones de pesos.

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¿Cuál fue la decisión del tribunal sobre los plazos de prescripción?

En mayo de 2026, la Fiscalía de la Ciudad de México buscó retirar los cargos contra León Escamilla argumentando que el tiempo para perseguir la conducta ilícita había prescrito.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional federal desestimó esa postura basándose en las siguientes precisiones de ley:

• Cómputo del tiempo: El tribunal federal concluyó que el plazo de prescripción no inició con la demanda de 2007, sino a partir de la condena dictada contra Grupo Herdez en enero de 2023.
• Vigencia de la acción penal: Al tomar como referencia el fallo de 2023, la autoridad determinó que la persecución del delito se mantiene plenamente vigente.
• Orden de continuación: El tribunal mandató la reapertura formal de las actuaciones para que la investigación penal contra la imputada siga su curso sin cancelarse.

Mientras el proceso judicial avanza en los tribunales, familiares de la litigante han difundido mensajes en redes sociales solicitando su liberación y promoviendo movilizaciones para no consumir productos de la marca involucrada.

¿Cómo se puede explicar este fraude?

Para facilitar la comprensión utilitaria del proceso legal, destacan las siguientes pautas del derecho penal y laboral en México:

¿Qué es el delito de fraude procesal?

Es una conducta ilícita que comete quien ante una autoridad judicial o administrativa simula actos jurídicos, altera o presenta documentos falsos con el propósito de obtener un beneficio indebido o provocar un perjuicio a un tercero.

¿Qué ocurre cuando se comprueba un juicio simulado?

Las autoridades pueden anular los fallos laborales obtenidos mediante engaño y abrir expedientes del orden penal contra los abogados promoventes, clientes y servidores públicos que hayan participado en la maniobra.

¿En qué etapa se encuentra el expediente?

Tras la orden del tribunal federal, la fiscalía debe continuar la integración de pruebas y dar seguimiento a la investigación penal iniciada contra la abogada y demás implicados en el despacho jurídico.