ABC Color — Artículos
29/10/2026 22:04

Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats

Una de las principales denunciantes de la senadora oficialista Zenaida Delgado desmintió la existencia de un acuerdo firmado entre las partes. Lidia González, exfuncionaria del Congreso, confirmó que rechazaron el borrador planteado en un estudio jurídico, luego de que la propia parlamentaria exigiera como condición la entrega de sus aparatos celulares para que un perito de su confianza borrara todas las conversaciones y evidencias guardadas en la aplicación WhatsApp que revelan un supuesto esquema de cobro de “peaje salariales” a funcionarias del Congreso Nacional.

Las declaraciones de González se dieron tras las afirmaciones del abogado Óscar Tuma, quien había señalado públicamente que la senadora, su expareja Gustavo Vera y las denunciantes pactaron un documento notarial privado.

Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma

Según la versión del profesional, el escrito solo buscaba preservar la intimidad de las partes y evitar la difusión de detalles sobre la vida sentimental de los involucrados, sin que esto implicara un desembolso de dinero o la renuncia a eventuales acciones penales por el caso de los supuestos cobros ilegales en el despacho parlamentario.

Habrían exigido borrar pruebas

Según el relato brindado por Lidia González, acudieron presencialmente hasta la oficina de los abogados para analizar los términos del documento, pero se negaron rotundamente firmarlo al percatarse de supuestas cláusulas abusivas. Reveló que, tras retirarse del lugar, la senadora Delgado instó a los profesionales a exigir la entrega inmediata de los teléfonos celulares para proceder al borrado completo de los mensajes que comprometen a la legisladora.

Yolanda Paredes afirma que acuerdo entre Zenaida y funcionarias no desactiva el pedido de expulsión

González detalló además que el escrito estipulaba que, al momento de la firma, las denunciantes perdían la posibilidad de entablar querellas contra la legisladora y quedaban con la prohibición absoluta de hablar ante los medios de comunicación o difundir cualquier dato relacionado con el caso.

Ante el condicionamiento, la denunciante confirmó durante una entrevista por la 1080 AM que se mantienen firmes, que revocará el poder a su representante legal y que no dará un paso atrás en su reclamo de justicia.

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