Reynaldo Pérez Pérez: asesinan a defensor de derechos humanos en Chiapas; esto se sabe del caso

El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena de derechos humanos, fue reportado la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026 en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas. El activista acompañaba a familias desplazadas por conflictos armados y territoriales. Tras el homicidio, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que supervisa personalmente las investigaciones y que fue integrado un grupo especial para esclarecer el crimen.

¿Quién fue Reynaldo Pérez Pérez, defensor asesinado en Chiapas?

Reynaldo Pérez Pérez fue un defensor indígena de derechos humanos que dedicó más de una década al acompañamiento de comunidades afectadas por la violencia en Los Altos de Chiapas. Su trabajo estaba relacionado con la documentación de agresiones, la atención a personas desplazadas y la búsqueda de soluciones pacíficas ante los conflictos sociales y territoriales de la región.

Entre las personas a las que acompañó se encontraban familias originarias de Santa Martha, en Chenalhó, que tuvieron que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos armados. También participó en labores de mediación relacionadas con las disputas territoriales entre Aldama y Chalchihuitán.

Su actividad lo convirtió en un enlace para habitantes de comunidades indígenas que enfrentaban dificultades para denunciar abusos y comunicar sus necesidades ante las autoridades. También participó en gestiones relacionadas con la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Reynaldo Pérez en Chenalhó?

El homicidio ocurrió alrededor de las 16:00 horas del miércoles 28 de octubre en Yabteclum, comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó. Los primeros reportes de seguridad señalaron que dos hombres que viajaban en una motocicleta habrían disparado contra el defensor.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por las autoridades, la agresión ocurrió cuando Pérez Pérez se encontraba en un taller mecánico. Los presuntos responsables escaparon después del ataque, mientras que corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para localizar a los involucrados.

La información inicial reportó que la víctima recibió varios impactos de arma de fuego. Sin embargo, las circunstancias precisas de la agresión, la identidad de los atacantes y el posible móvil del homicidio deberán establecerse mediante las investigaciones ministeriales.

La ONU había recibido información sobre amenazas contra el defensor

Uno de los antecedentes más relevantes del caso es que la situación de seguridad de Reynaldo Pérez Pérez ya había sido expuesta ante organismos internacionales. El 17 de febrero de 2025, cuatro mandatos de procedimientos especiales de Naciones Unidas enviaron al Estado mexicano la comunicación conjunta AL MEX 1/2025, relacionada con presuntos ataques contra Pérez Pérez y el también defensor José Vásquez Gutiérrez.

El documento solicitó información sobre los incidentes de seguridad que ambos activistas habrían enfrentado desde octubre de 2022, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar que pudieran continuar su trabajo sin amenazas, intimidaciones o agresiones.

En su respuesta oficial, fechada el 6 de marzo de 2025 y transmitida a Naciones Unidas el 1 de abril de ese año, el Gobierno de México informó que Reynaldo Pérez y José Vásquez fueron incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 13 de junio de 2023.

La respuesta mexicana también señaló que el caso fue presentado ante la Junta de Gobierno del mecanismo durante una sesión ordinaria de enero de 2024. El documento constituye un antecedente institucional relevante porque acredita que las autoridades federales conocían la situación de riesgo denunciada por los dos defensores antes del homicidio.

Su trabajo con familias desplazadas por la violencia en Chiapas

Una parte importante de la trayectoria de Pérez Pérez estuvo relacionada con las familias de Santa Martha, localidad de Chenalhó afectada por enfrentamientos armados y problemas de seguridad. El defensor acompañaba a personas que tuvieron que abandonar sus viviendas y buscar refugio en otras comunidades de la región.

Entre sus actividades estaba documentar las condiciones de las personas desplazadas, gestionar atención institucional y dar visibilidad a las denuncias de habitantes que enfrentaban dificultades para regresar a sus hogares. Su labor también abarcaba comunidades de Pantelhó y otros municipios de Los Altos de Chiapas.

Además, participó en procesos de mediación relacionados con el conflicto territorial entre Aldama y Chenalhó, así como con las tensiones agrarias que involucran a Chalchihuitán. Estas disputas han provocado episodios de violencia, amenazas y desplazamientos de población indígena.

¿Qué sucede con las familias desplazadas de Santa Martha?

El desplazamiento forzado interno es uno de los problemas documentados en distintas localidades de Chiapas. Se presenta cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus viviendas por enfrentamientos, amenazas, violencia o situaciones que ponen en riesgo su integridad, sin salir necesariamente del territorio nacional.

En 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó un episodio de desplazamiento masivo en los municipios de Chenalhó y Pantelhó que afectó a 3 mil 205 personas. El informe identificó entre sus causas la violencia política, los conflictos territoriales y los enfrentamientos entre grupos armados.

La organización también ha advertido que el seguimiento de estos casos enfrenta dificultades debido a la falta de registros oficiales completos sobre las personas desplazadas internamente en México. Por ello, los informes especializados permiten dimensionar parte de las consecuencias humanitarias de la violencia en las comunidades.

El acompañamiento que realizaba Reynaldo Pérez estaba relacionado con esta problemática: atender las necesidades de las familias, documentar sus denuncias y buscar respuestas de las instituciones responsables de garantizar su seguridad.

Fiscalía de Chiapas investiga el homicidio de Reynaldo Pérez

Después del asesinato, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se trasladó a San Cristóbal de Las Casas para supervisar las diligencias relacionadas con el homicidio, por acuerdo de la Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La Fiscalía General del Estado desplegó un grupo especial integrado por agentes del Ministerio Público, elementos de investigación y peritos para recabar indicios, reconstruir la agresión y avanzar en la identificación de los responsables.

Entre las acciones anunciadas se encuentran las diligencias periciales y el análisis de los elementos disponibles para establecer cómo ocurrió el ataque. Las primeras versiones apuntan a la participación de dos hombres que viajaban en motocicleta, aunque esta información deberá ser corroborada durante la investigación.

El fiscal aseguró que el caso no quedará impune y que las autoridades trabajarán para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente un móvil confirmado ni se ha informado de personas detenidas por este homicidio.

¿Por qué es importante esclarecer el asesinato del defensor?

El homicidio de Reynaldo Pérez Pérez vuelve a colocar la atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en comunidades indígenas de Chiapas.

Su caso tiene un antecedente documentado ante Naciones Unidas y ante las instituciones mexicanas encargadas de brindar protección a quienes enfrentan amenazas por su trabajo. La incorporación al mecanismo federal en 2023 demuestra que su situación de riesgo había sido atendida institucionalmente antes de su asesinato.

El esclarecimiento del crimen permitirá determinar si existió alguna relación entre su actividad como defensor, las denuncias que acompañaba y la agresión que terminó con su vida. Por ahora, cualquier señalamiento sobre posibles responsables o motivaciones debe considerarse una hipótesis y no una conclusión.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso también pone de relieve la situación de las comunidades desplazadas de Los Altos de Chiapas, donde persisten conflictos territoriales y problemas de seguridad que afectan a familias indígenas.