La ampliación del puerto de Veracruz podría detenerse si el monitoreo detecta daños en los arrecifes cercanos, mientras ASIPONA explica qué condiciones ambientales activarían la suspensión de los trabajos

La ampliación del puerto de Veracruz contempla un mecanismo para suspender las actividades de construcción si el monitoreo ambiental detecta que se superan los límites establecidos para proteger los arrecifes cercanos. La medida fue dada a conocer por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, en medio de los reclamos de organizaciones ambientalistas por los posibles efectos de los trabajos sobre el arrecife La Gallega.

En un comunicado difundido el 29 de octubre de 2026, la dependencia, perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), explicó que el proyecto cuenta con una autorización ambiental condicionada emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 30 de diciembre de 2022. El documento corresponde al resolutivo SRA/DGIRA/DG-06257-22.

De acuerdo con ASIPONA, uno de los mecanismos de vigilancia es un sistema de monitoreo en tiempo real de los sedimentos, tanto dentro del recinto portuario como en las zonas arrecifales próximas a las obras.

La autoridad también señaló que dispone de un sistema de semaforización que permite identificar cuándo las condiciones ambientales rebasan los parámetros establecidos. En ese escenario, contempla detener las actividades de construcción.

Sin embargo, el comunicado no precisa cuáles son los valores de esos umbrales ni presenta resultados específicos de las mediciones recientes en La Gallega. Por ello, el anuncio describe el mecanismo que la dependencia asegura tener disponible, pero no confirma que se haya activado una suspensión.

¿Qué está haciendo la autoridad para vigilar los arrecifes?

ASIPONA indicó que el seguimiento ambiental incluye evaluaciones de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los arrecifes durante distintas temporadas del año: secas, lluvias y nortes.

El objetivo es observar los cambios que puedan presentarse en estos ecosistemas durante el desarrollo del proyecto. La vigilancia de los sedimentos también busca identificar modificaciones en su distribución, un aspecto relevante para los arrecifes debido a que la acumulación de material puede afectar las condiciones en las que se desarrollan los organismos marinos.

Como parte del Programa Integral de Restauración Ecológica, la dependencia mencionó otras acciones:

• Conservación y monitoreo de corales para dar seguimiento a sus condiciones.
• Vigilancia del arrecife El Rincón.
• Evaluación de los pastos marinos.
• Seguimiento de tortugas marinas.
• Monitoreo del agua, la flora y la fauna de 18 lagunas interdunarias.
• Producción de plantas nativas y establecimiento de 35 hectáreas de arrecifes artificiales.

Según la autoridad portuaria, estas últimas estructuras forman parte de las medidas de restauración y compensación ambiental contempladas en el proyecto. También podrían vincularse con actividades como el turismo y la pesca.

Ambientalistas piden proteger el arrecife La Gallega

El posicionamiento de ASIPONA se produjo después de que colectivos ambientalistas y ciudadanos se manifestaran el 25 de octubre en Veracruz para exigir que se detengan los trabajos que, según sus denuncias, ponen en riesgo al arrecife La Gallega.

La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México ha señalado que la construcción de una escollera en esa zona podría provocar afectaciones al ecosistema por la colocación de rocas y los cambios en la dinámica de las corrientes marinas.

Entre sus preocupaciones está la posible acumulación de sedimentos sobre el arrecife, un proceso que puede perjudicar a los organismos que dependen de condiciones específicas para sobrevivir.

La organización también ha cuestionado el avance de la segunda fase de la ampliación portuaria y ha solicitado a las autoridades ambientales revisar las condiciones en las que se desarrollan los trabajos.

Estas advertencias corresponden a los señalamientos de los colectivos y deben distinguirse de los resultados de una evaluación ambiental oficial. Hasta el momento, el comunicado de ASIPONA no presenta mediciones que permitan determinar si el arrecife La Gallega ya registra daños atribuibles a las obras.

La ampliación del puerto tiene antecedentes judiciales

La controversia ambiental no comenzó con las protestas de octubre de 2026. El proyecto fue objeto de un proceso judicial que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2022, al resolver el amparo en revisión 54/2021, el máximo tribunal cuestionó la evaluación fragmentada de los impactos ambientales de la ampliación y ordenó que se realizara una revisión integral que considerara los efectos sobre los arrecifes y otros ecosistemas de la región.

Posteriormente, el 30 de diciembre de 2022, Semarnat emitió una nueva autorización ambiental condicionada para el proyecto, identificada con el resolutivo SRA/DGIRA/DG-06257-22.

Este antecedente es relevante porque la discusión actual no se limita a la construcción de infraestructura portuaria. También involucra el cumplimiento de las condiciones ambientales, la vigilancia de los ecosistemas y la transparencia de la información sobre los efectos de las obras.

La publicación de los resultados será clave

Con su comunicado, ASIPONA expuso los mecanismos de monitoreo y restauración que, asegura, forman parte de la ampliación del puerto de Veracruz. También reconoció la importancia de mantener información clara y oportuna ante las inquietudes de la población.

No obstante, la publicación de los resultados de las mediciones ambientales será fundamental para conocer las condiciones reales de los arrecifes cercanos y determinar si los parámetros establecidos se mantienen dentro de los límites permitidos.

Por ahora, la autoridad no anunció la suspensión de los trabajos ni informó que el sistema de semaforización haya alcanzado un nivel que obligue a detenerlos. La posibilidad de frenar la construcción está contemplada como una medida ante el incumplimiento de los umbrales ambientales, mientras los colectivos mantienen sus exigencias de protección para La Gallega.