México: la socialdemocracia como administradora del capitalismo dependiente

José Réyez

Desde una perspectiva marxista-leninista, el problema fundamental del gobierno mexicano no consiste únicamente en sus contradicciones ideológicas, sus insuficiencias reformistas o el carácter populista de su discurso.

La cuestión central es qué clases sociales ejercen realmente el poder, qué intereses económicos reproduce el Estado y cuáles son los límites estructurales de un proyecto político que promete transformar la sociedad sin modificar las relaciones capitalistas de producción.

Esta pregunta permite examinar críticamente tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como el de Claudia Sheinbaum (2024-2030), sin confundir las diferencias existentes entre ambos con una transformación revolucionaria de la estructura económica y política mexicana.

La hipótesis central de este análisis es que Morena representa una modalidad de administración reformista del capitalismo mexicano, con políticas redistributivas, intervención estatal selectiva y un discurso nacional-popular, pero sin un programa de ruptura con el dominio del capital ni con la dependencia estructural respecto de Estados Unidos.

Sin embargo, una interpretación marxista rigurosa debe evitar tres simplificaciones: considerar irrelevantes las mejoras materiales obtenidas por los trabajadores, identificar automáticamente toda reforma social con una maniobra de engaño y suponer que la dependencia económica equivale a la desaparición absoluta de la soberanía nacional.

El problema es más profundo: el reformismo puede mejorar parcialmente las condiciones de vida de las clases trabajadoras y, simultáneamente, contribuir a la reproducción del orden capitalista.

El carácter de clase del Estado mexicano: ¿quién gobierna y para quién?

Para Marx, Engels y Lenin, el Estado no constituye una institución neutral situada por encima de las clases sociales. Es una forma histórica de organización del poder que, bajo el capitalismo, garantiza las condiciones generales de reproducción de las relaciones burguesas de propiedad.

Esto no significa que cada decisión gubernamental favorezca inmediatamente a todos los empresarios. El Estado capitalista puede imponer impuestos, regular mercados, ampliar derechos laborales e incluso entrar en conflicto con determinadas fracciones del capital.

Su función estructural, sin embargo, continúa siendo garantizar la reproducción del sistema.

En México, esta contradicción se manifiesta de manera particularmente significativa. El gobierno puede aumentar los salarios mínimos, ampliar transferencias sociales, fortalecer determinadas empresas públicas y criticar el neoliberalismo, mientras mantiene intactos elementos decisivos del orden económico:

La propiedad privada de los principales medios de producción; la apropiación privada de la plusvalía generada por el trabajo asalariado; el predominio de grandes conglomerados empresariales en sectores estratégicos; la integración subordinada de la economía mexicana a las cadenas productivas estadunidenses; la dependencia de la inversión privada para sostener el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal.

Desde esta óptica, la denominada Cuarta Transformación no representa una revolución social. Constituye un intento de reorganizar las relaciones entre el Estado, las clases populares y las distintas fracciones de la burguesía, sin abolir el capitalismo.

La contradicción esencial es que se pretende construir una sociedad más justa conservando las estructuras económicas que producen sistemáticamente la desigualdad.

La pregunta decisiva no es, por tanto, si Morena se declara de izquierda, sino si sus políticas alteran sustancialmente la distribución del poder económico entre el capital y el trabajo.

La socialdemocracia mexicana: redistribuir la riqueza

La socialdemocracia contemporánea parte de una premisa fundamental: es posible corregir las contradicciones más destructivas del capitalismo mediante la intervención estatal, las políticas sociales y la negociación entre trabajadores y empresarios.

Desde el marxismo-leninismo, su limitación histórica consiste en que sustituye la transformación de las relaciones de producción por la administración de sus consecuencias.

En México, Morena presenta una particularidad: combina elementos de socialdemocracia, nacionalismo económico, presidencialismo popular y desarrollismo capitalista.

No es una socialdemocracia europea clásica, porque México carece de un Estado de bienestar universal comparable al de los países nórdicos. Tampoco constituye un gobierno socialista, porque no plantea la socialización de los principales medios de producción.

Su proyecto se aproxima más a un reformismo nacional-popular dentro de una economía capitalista dependiente. Esta caracterización encuentra respaldo en la propia política económica oficial. Los documentos de Hacienda para 2026 destacan la estabilidad macroeconómica, la inversión privada y la integración productiva con Estados Unidos como componentes fundamentales del crecimiento.

La contradicción se vuelve todavía más evidente durante el segundo año del gobierno de Sheinbaum: frente al débil crecimiento económico, su administración ha intensificado la colaboración con grandes empresarios y la búsqueda de inversión privada.

Desde una lectura marxista, esto plantea una cuestión esencial: cuando la acumulación privada se desacelera, el Estado reorganiza sus políticas para restablecer las condiciones de rentabilidad del capital. No obstante, sería incorrecto negar las conquistas sociales del periodo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: se redujo en 12 por ciento el sector de la población en pobreza multidimensional entre 2018 y 2024.

Es decir, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, mientras el salario mínimo general alcanzó 315.04 pesos diarios en 2026. Son avances materiales relevantes, aunque persisten millones de personas en pobreza y profundas carencias sociales.

La interpretación marxista debe distinguir entre una conquista distributiva y una transformación de clase. Un trabajador puede ganar más, disponer de una pensión y acceder a transferencias públicas, pero seguir subordinado a un patrón que controla los medios de producción y se apropia del excedente económico. En consecuencia, la mejora del ingreso no equivale por sí misma a la emancipación del trabajo.

La burguesía nacional: ¿aliada del desarrollo?

Uno de los debates históricos del marxismo latinoamericano gira alrededor del papel de la burguesía nacional.

Durante buena parte del siglo XX, distintas organizaciones comunistas defendieron la posibilidad de una alianza táctica con sectores empresariales interesados en desarrollar las fuerzas productivas y reducir la dominación imperialista. La experiencia latinoamericana obliga a revisar críticamente esa hipótesis.

En México, buena parte de la gran burguesía se encuentra profundamente vinculada con el capital financiero internacional, las cadenas de suministro estadounidenses, los mercados de exportación y las estructuras globales de acumulación.

Por ello, resulta problemático imaginar a toda la burguesía mexicana como una fuerza nacionalista dispuesta a confrontar estratégicamente al imperialismo.

El gobierno de Morena ha buscado construir una relación de cooperación con importantes grupos empresariales bajo la premisa de que el Estado puede orientar el desarrollo sin romper con la propiedad capitalista.

Esta relación puede beneficiar a fracciones distintas del empresariado y también producir conflictos entre ellas. No debe entenderse como una alianza homogénea ni como prueba automática de corrupción.

Sin embargo, desde la crítica marxista, el problema reside en que la política económica continúa subordinada a la necesidad de garantizar condiciones favorables para la acumulación privada.

La ausencia de una reforma fiscal profundamente redistributiva, la persistencia de grandes concentraciones de riqueza y la dependencia de las decisiones de inversión de los empresarios refuerzan esa interpretación.

Estados Unidos y México: la dependencia

La cuestión imperialista constituye probablemente el aspecto más importante del análisis. Lenin explicó que el imperialismo representa una fase del capitalismo caracterizada por la concentración del capital, la expansión del capital financiero, la exportación de capitales y la disputa por mercados y áreas de influencia.

Aplicada al México contemporáneo, esta teoría permite comprender que la subordinación no necesita adoptar necesariamente la forma de una ocupación militar o un gobierno colonial. Puede reproducirse mediante mecanismos económicos, comerciales, financieros, tecnológicos y políticos.

El propio gobierno mexicano destacó en 2026 un intercambio comercial bilateral de 839 mil millones de dólares, indicador de la enorme importancia económica de la relación.

Pero hay que precisar algo: una relación comercial intensa no demuestra por sí sola explotación imperialista. Para establecerla rigurosamente es necesario estudiar quién controla la tecnología, el financiamiento, la propiedad, las decisiones de inversión y la distribución del valor generado.

El T-MEC como expresión de la integración subordinada

Desde esta perspectiva, el T-MEC constituye una arquitectura institucional que condiciona las posibilidades de política económica del Estado mexicano. El tratado ofrece acceso a mercados y oportunidades productivas, pero también establece disciplinas que limitan determinadas formas de intervención estatal. La dependencia no significa que México carezca de capacidad de negociación. Significa que negocia desde una posición estructuralmente asimétrica.

La administración de Donald Trump ha evidenciado esa asimetría mediante las presiones comerciales y la incertidumbre arancelaria, que han afectado las perspectivas económicas mexicanas durante 2026.

Aquí aparece una contradicción del nacionalismo gubernamental: puede reivindicar la soberanía política y defenderla en controversias concretas, mientras mantiene un modelo de acumulación cuyo funcionamiento depende decisivamente de la economía estadounidense. La soberanía discursiva y diplomática no equivale necesariamente a la soberanía económica.

Sin embargo, tampoco basta con proclamar una ruptura comercial con Estados Unidos. Una desconexión abrupta, sin capacidades industriales, tecnológicas, alimentarias y financieras alternativas, podría perjudicar especialmente a los trabajadores. Una estrategia antiimperialista consistente necesitaría construir esas capacidades materiales.