Los inspectores de Hacienda denuncian media docena de intentos de utilizar la Agencia Tributaria con fines políticos

En marzo de 2024 la entonces ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, realizó unas declaraciones públicas en las que imputaba la comisión de un fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y recalcaba que incluso la defensa del contribuyente había admitido los hechos, revelando una información supuestamente protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que impone el deber de secreto y sigilo sobre la información tributaria de los ciudadanos. El asunto fue tan así que meses después el fiscal general del Estado fue condenado en sede judicial por incumplir ese mismo precepto.Meses después el manejo de la información en relación al caso Zapatero y las presuntas irregularidades fiscales asociadas a las célebres joyas encontradas en el caja fuerte de su despacho profesional, y la renuencia de la Agencia Tributaria (AEAT) a confirmar su personación en el caso, contribuyó también, según la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, a extender entre la ciudadanía «la percepción de que la Agencia Tributaria está politizada y de que el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos».Estos son los más recientes casos en que la sombra de las injerencias políticas ha sobrevolado el desempeño de un órgano supuestamente autónomo como la Agencia Tributaria pero no son los únicos. La organización profesional que aglutina a más del 80% de los inspectores de Hacienda del Estado ha desvelado este viernes hasta media docena de episodios de extrema gravedad en que el Poder Ejecutivo ha tratado de utilizar la Agencia Tributaria en su beneficio político. Afectan a casi todos los gobiernos que ha habido desde la creación del órgano en el año 1992 y justifican su exigencia de desvincular totalmente la AEAT del Gobierno y blindar su independencia a través de un nuevo estatuto jurídico.