Primera investigación penal contra una médico de Barcelona por exigir presuntamente a un paciente hablar en castellano

Una médica de un hospital privado de Barcelona deberá declarar ante el juez en calidad de investigada por haber condicionado presuntamente la atención a un paciente a que este se dirigiera a ella en castellano y no en catalán. Los hechos se remontan a junio de 2025, cuando un hombre acudió al servicio de urgencias privado en Barcelona, por una lesión en la espalda y la facultativa supuestamente se negó a atenderlo mientras continuara hablando en catalán.«Si no me hablas en español, no te atenderé». Esta es la frase que, según la denuncia, pronunció la doctora cuando el paciente denunciante trató de explicarle su dolencia. El afectado aseguró que no pretendía obligarla a hablar en catalán, sino expresarse en su lengua, y solicitó que lo atendiera otro profesional si ella no lo entendía. Finalmente, la exploración médica pudo realizarse gracias a la intermediación del padre del paciente, que se dirigió a la facultativa en castellano.La denuncia presentada por el afectado, con la asistencia jurídica de la asociación Acció Cassandra, fue inicialmente archivada por el juzgado de instrucción. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó por unanimidad el recurso de la acusación particular, pese a la oposición de la Fiscalía, al considerar que el sobreseimiento había sido prematuro y carecía de motivación suficiente.El tribunal entiende que no existen elementos suficientes para descartar una posible infracción penal sin haber practicado antes las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. Por ello, ordenó reabrir la investigación y tomar declaración tanto al denunciante como a la facultativa.En cumplimiento de esta resolución, se ha citado a la médica para el próximo 1 de diciembre, cuando deberá comparecer en calidad de investigada, asistida por un abogado. El paciente también prestará declaración ese mismo día.La acusación particular considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la integridad moral, de odio o de denegación discriminatoria de una prestación, aunque la eventual calificación penal dependerá del resultado de la investigación judicial.Desde Acció Cassandra, su presidente y abogado, Lluís Gibert, sostiene que se trata del «primer caso conocido en que un profesional médico es citado judicialmente como investigado en una causa penal por haber condicionado presuntamente la asistencia a que el paciente dejara de hablar catalán».La entidad, dedicada a la defensa de los «derechos lingüísticos y colectivos de los catalanes», considera especialmente relevante que la denuncia haya superado el archivo inicial y que la justicia haya decidido investigar si una conducta de estas características puede comportar responsabilidad penal, más allá de las posibles sanciones administrativas.