NosotrAs: Tragedias escolares o el costo de ignorar la salud mental y social

La violencia escolar, desde el bullying hasta la agresión digital y las trágicas pérdidas humanas, expone el profundo abandono institucional y social hacia las infancias y adolescencias. No estamos ante un simple problema de disciplina o de mala crianza familiar. Es el choque directo entre la vulnerabilidad neurobiológica juvenil, la seducción de las redes sociales y las violencias estructurales del sistema actual.

Desde el estudio del cerebro, esta etapa prioriza la validación grupal y la reactividad emocional por encima de la evaluación real de riesgos (Blakemore, 2018). Cuando este diseño cerebral interactúa con una cultura digital que premia la agresividad y con el mandato patriarcal de imponer dominación por la fuerza (Bourdieu, 2000), el conflicto cotidiano escala rápidamente hacia desenlaces fatales.

Octubre golpeó a La Laguna con la tragedia del ejido La Unión. Culpar de manera exclusiva a la familia constituye un reduccionismo ineficaz. La responsabilidad se debe distribuir entre tres agentes interconectados: familias, comunidad y Estado (CIDH, 2015). Las familias son responsables del afecto y la ética digital, pero en contextos de precariedad y extenuantes jornadas laborales, este rol se fractura, dejando a las juventudes sin contención (UNICEF, 2021).

La comunidad educativa falla si carece de diagnósticos de riesgo, omite el acoso previo o responde solo con castigos punitivos en lugar de activar alertas tempranas y redes protectoras (UNESCO, 2019). El Estado, como máximo garante de derechos, incumple al descuidar la salud mental pública y dejar desregulados los ecosistemas digitales donde se viraliza el odio (Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 19). Se requiere una estrategia integral basada en evidencia, con monitoreo preventivo junto al DIF, la PRONNIF y las secretarías de Salud y Educación.

Como prevención, es imperativo dotar a los planteles de gabinetes de salud mental para contener emociones y desarticular mandatos de masculinidad hegemónica. Esto debe complementarse con talleres de autorregulación y resolución pacífica de conflictos con perspectiva de género (Lagarde, 2005).

Garantizar entornos seguros exige una articulación real entre comunidad y Estado. Sin fortalecer la seguridad participativa ni aplicar protocolos sin criminalizar a las juventudes, la frase “todo el peso de la ley a los responsables” se reduce a palabras huecas que nada resuelven.