Están en la impunidad un 96.5% de las agresiones contra personas defensoras en México

En el marco del 179º periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil expusieron la grave y persistente crisis de impunidad que envuelve a los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos en México.

Las denuncias, presentadas ante comisionados del organismo interamericano, autoridades del Gobierno federal mexicano y la Relatora Especial de las Naciones Unidas, revelaron que de los 113 casos de agresiones letales documentados entre enero de 2022 y septiembre de 2026, el 96.5 % se encuentra en absoluta impunidad.

Durante la audiencia pública celebrada este jueves, los colectivos de derechos humanos precisaron que la violencia contra quienes ejercen labores de defensa en el territorio mexicano ha dejado un saldo de 103 homicidios y 10 desapariciones forzadas en un lapso de cuatro años y nueve meses.

De este universo de agresiones extremas, el sistema de justicia penal mexicano únicamente ha logrado dictar cuatro sentencias condenatorias, un dato que evidencia la ineficacia de los órganos de procuración de justicia para procesar a los responsables materiales e intelectuales.

El Radiograma de la Impunidad
De acuerdo con las presentaciones hechas por las organizaciones civiles ante la CIDH, la falta de acceso a la justicia prolonga y profundiza el sufrimiento de las familias, desarticula comunidades enteras y consolida un entorno de desprotección generalizada.

El patrón de impunidad imperante fomenta la repetición de los ataques y genera un clima de temor persistente que provoca severo desgaste emocional y económico en las organizaciones. Esta dinámica de acoso e indefensión obliga con frecuencia a las personas defensoras a restringir sus actividades, desplazarse forzosamente de sus regiones de origen o abandonar de manera definitiva la labor de defensa de los derechos humanos.

Violencia Estructural
El diagnóstico presentado ante el fuero interamericano coincide en que la hostilidad hacia el activismo en México no responde a hechos aislados o esporádicos, sino a una problemática de carácter estructural.

Durante la sesión, la comisionada y relatora de la CIDH para México, Andrea Pochak, enfatizó que el país se mantiene como uno de los entornos más peligrosos a nivel global para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Pochak advirtió que el nivel de riesgo e intensidad de los ataques se incrementa exponencialmente cuando el trabajo de los activistas afecta intereses de sectores dominantes. En palabras de la comisionada, la CIDH es plenamente consciente de que cuanto mayores son los poderes políticos y económicos afectados por la labor de las personas defensoras, mayores son los peligros de agresión que enfrentan en sus comunidades.

Por su parte, el comisionado Edgar Stuardo Ralón remarcó la premisa ética que debe regir las obligaciones del Estado, al señalar que quien dedica su vida a defender los derechos fundamentales de los demás no debería verse forzado a defender su propia integridad y existencia.

De la Norma a la Práctica
Un punto central de la audiencia fue el examen del recientemente aprobado Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil urgieron al Estado mexicano a diseñar y adoptar de inmediato un plan integral para la aplicación efectiva de este instrumento en todas las fiscalías generales de las entidades federativas y en la Fiscalía General de la República (FGR).

En su intervención, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, enfatizó que la sola aprobación de normativas resulta insuficiente si no se acompaña de una ruta de ejecución clara y auditable. Bolaños recomendó que la implementación del protocolo homologado cuente con:

Cronograma y plazos definidos: Fijación de metas temporales strictly auditables para la investigación penal.

Asignación presupuestaria: Recursos financieros y técnicos suficientes para las unidades de investigación.

Capacitación institucional: Formación y sensibilización técnica de los agentes del ministerio público, peritos y policías.

Monitoreo y rendición de cuentas: Mecanismos de seguimiento independientes con participación real de la sociedad civil.

Delimitación de competencias: Claridad absoluta sobre las responsabilidades operativas entre las fiscalías locales y la FGR.
Las OSCs recalcaron que la estrategia de persecución penal debe contar con la capacidad de esclarecer las tramas complejas detrás de las agresiones, garantizando la identificación y juzgamiento no solo de los ejecutores materiales, sino también de los autores intelectuales.

2 Difusión accesible del instrumento:

Publicación y divulgación amplia y comprensible del protocolo homologado para la ciudadanía y operadores.

3 Registro homologado de delitos:
Creación de un sistema unificado y estandarizado de registro de agresiones contra la comunidad defensora.

4 Mesa de seguimiento a los 113 casos:
Instalación de un espacio de trabajo para revisar el estatus judicial de los homicidios y desapariciones denunciados.

5 Evaluación de Fiscalía Especializada en FGR:
Valoración interna en la FGR para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra defensores.

6 Aceptación de asistencia técnica de la ONU:
Recepción formal del acompañamiento y asesoría técnica de la Relatora Especial de las Naciones Unidas.

Al cierre de la audiencia, las organizaciones defensoras reiteraron que la ratificación de compromisos internacionales carecerá de impacto real si no se traduce en voluntad política sostenida, fortalecimiento de capacidades institucionales y resultados medibles en los tribunales. Sin investigaciones efectivas que derriben el muro de la impunidad del 96.5 %, los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en México continuarán aumentando.