FGR pide 18 años de cárcel para exdirectivo del ISSSTE por presuntos “moches” en contratos de 11.1 millones de pesos adjudicados a una empresa señalada por el SAT como facturera
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 18 años de prisión contra Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por presuntamente favorecer a una empresa con tres contratos públicos por 11.1 millones de pesos y recibir transferencias relacionadas con ella por 20.3 millones. De acuerdo con información de Agencia Reforma, publicada este viernes 30 de octubre de 2026, la petición forma parte de una acusación penal y no representa una sentencia. El caso involucra recursos de una institución pública de salud y todavía requiere una resolución judicial.
La FGR también pidió que el exfuncionario pague 11.1 millones de pesos como reparación del daño al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de una multa equivalente a 225 días de salario. Los señalamientos se relacionan con contratos entregados en abril de 2018 a Interacción Biomédica, una compañía incluida desde 2017 en la lista definitiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de empresas que simulan operaciones.
El expediente se centra en dos aspectos: la forma en que fueron adjudicados los contratos para servicios y suministros médicos, y el origen de los depósitos que, según la Fiscalía, recibió el entonces funcionario. El caso también alcanza su trayectoria en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde fue suspendido de su cargo administrativo en noviembre de 2025.
¿De qué acusa la FGR a Javier Tapia Santoyo?
El Ministerio Público Federal le atribuye los delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con decisiones que tomó mientras trabajaba en el Hospital 20 de Noviembre.
Según el escrito de acusación presentado ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Tapia Santoyo habría participado en la adjudicación de contratos a una compañía con la que mantenía intereses comerciales.
La Fiscalía sostiene que esos vínculos representaban un conflicto de interés y que el exfuncionario recibió recursos económicos relacionados con la empresa beneficiada.
La acusación plantea que las adjudicaciones y los movimientos financieros estarían relacionados. Sin embargo, corresponde al proceso judicial determinar si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidad penal.
¿Cuáles fueron los contratos del ISSSTE que investiga la Fiscalía?
Los tres contratos fueron asignados a Interacción Biomédica en abril de 2018. Estaban destinados a servicios médicos, equipo hospitalario y materiales de curación.
Los montos reportados por Agencia Reforma son los siguientes:
- 2.7 millones de pesos: servicios para realizar estudios de electromiografía, utilizados para evaluar la actividad eléctrica de los músculos.
- 2.8 millones de pesos: arrendamiento de dos equipos portátiles de rayos X.
- 5.6 millones de pesos: adquisición de materiales de curación de alta especialidad.
En conjunto, las adjudicaciones sumaron 11.1 millones de pesos, cantidad que coincide con la reparación del daño solicitada por el Ministerio Público.
La investigación no se limita al monto de los contratos. También analiza la relación entre el servidor público y la empresa que recibió los recursos del hospital.
¿De dónde salieron los 20.3 millones de pesos que habría recibido?
Uno de los principales señalamientos de la FGR se refiere a las transferencias bancarias que habrían llegado a Javier Tapia Santoyo, directamente o mediante terceras personas.
La Fiscalía calcula que estos movimientos sumaron 20.3 millones de pesos entre octubre de 2017 y enero de 2019.
Ese periodo abarca meses anteriores y posteriores a las contrataciones realizadas en abril de 2018.
Entre las operaciones señaladas en la investigación aparecen depósitos provenientes de Interacción Biomédica y de personas relacionadas con su administración, así como transferencias de otras dos compañías que previamente recibieron recursos de la contratista.
La existencia de estas operaciones forma parte de los elementos que la Fiscalía busca utilizar para sostener su acusación.
Es importante distinguir las dos cifras del expediente: 11.1 millones de pesos corresponden a los contratos investigados, mientras que los 20.3 millones representan el total de transferencias señaladas por la FGR. No son cantidades equivalentes ni deben sumarse automáticamente como si ambas constituyeran un daño acreditado al ISSSTE.
¿Qué es una empresa facturera y por qué aparece Interacción Biomédica en la investigación?
Una empresa facturera es aquella que emite comprobantes fiscales por operaciones que no puede acreditar con los recursos, el personal o la infraestructura necesarios para realizarlas.
En México, el SAT identifica a estos contribuyentes mediante el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Interacción Biomédica figura desde 2017 en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, según la información recabada por Agencia Reforma.
Su presencia en ese registro es relevante para la investigación porque los contratos del ISSSTE se adjudicaron en 2018, después de su incorporación a la lista.
Sin embargo, la inclusión de una empresa en ese listado y la responsabilidad penal de un funcionario son cuestiones distintas. Para imponer una condena, las autoridades judiciales deben valorar las pruebas sobre la conducta atribuida al acusado.
¿Qué ocurrió con Javier Tapia Santoyo antes de esta acusación?
El caso tiene antecedentes judiciales y administrativos que comenzaron antes de la solicitud de condena anunciada este 30 de octubre.
En noviembre de 2025, Tapia Santoyo fue separado temporalmente de su cargo como secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la medida mientras se investigaban presuntas irregularidades patrimoniales.
De acuerdo con el comunicado del IPN retomado por El Financiero, la suspensión entró en vigor el 29 de noviembre de 2025.
Posteriormente, el expediente relacionado con los contratos del ISSSTE pasó por distintas etapas:
- 30 de enero de 2026: una jueza federal determinó inicialmente no vincular a proceso a Tapia Santoyo. La defensa argumentó que la prohibición legal de contratar a empresas factureras entró en vigor después de las adjudicaciones investigadas.
- 3 de marzo de 2026: la jueza Patricia Sánchez Nava resolvió vincularlo a proceso por el caso de los contratos del Hospital 20 de Noviembre.
- Marzo de 2026: el exfuncionario promovió un amparo contra la vinculación a proceso. Entre las medidas cautelares dictadas estaban la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
- 30 de octubre de 2026: la FGR solicitó una condena de 18 años de prisión, además de la reparación del daño económico.
Estos antecedentes fueron documentados por Quadratín Guerrero, Milenio y La Jornada.
La vinculación a proceso permitió continuar con el procedimiento penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad.
¿Javier Tapia Santoyo ya fue condenado a prisión?
No. Los 18 años de cárcel son la pena solicitada por la FGR, no una condena impuesta por un tribunal.
La solicitud forma parte del procedimiento penal mediante el cual el Ministerio Público busca que se sancione al exfuncionario por los delitos que le atribuye.
Para que exista una condena, el órgano judicial competente deberá valorar las pruebas de la acusación y los argumentos de la defensa.
Hasta la información publicada este 30 de octubre, no se ha confirmado una sentencia que imponga los 18 años de prisión solicitados.
El siguiente aspecto por conocer será la resolución judicial sobre los cargos y, en su caso, sobre la reparación económica reclamada por el ISSSTE.
El expediente mantiene bajo revisión el destino de los recursos públicos asignados a los tres contratos de 2018 y la relación financiera que la Fiscalía atribuye al exfuncionario con la empresa contratista. La responsabilidad penal de Tapia Santoyo deberá determinarse conforme a las pruebas presentadas y al principio de presunción de inocencia.
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