Herdez destapó un sofisticado fraude procesal luego de que un supuesto extrabajador fantasma logró congelar 650 millones de pesos de sus cuentas utilizando fallos judiciales amañados para embargar plantas y oficinas corporativas en un caso que hoy mantiene a una abogada en prisión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigó un presunto caso de fraude procesal contra Grupo Herdez, derivado de un juicio laboral iniciado en 2007 con base en la supuesta relación laboral de Alfredo Jorge Colín, quien, de acuerdo con las pesquisas, nunca trabajó para la empresa. La investigación fue turnada al ámbito federal.

El proceso permitió congelar cuentas por más de 650 millones de pesos, además de embargar temporalmente oficinas y una planta de producción. Grupo Herdez recuperó posteriormente los recursos tras emprender acciones legales. La abogada Irene “N” permanece recluida en un penal, mientras las autoridades federales investigan la posible responsabilidad de otros litigantes.

¿Cómo comenzó el juicio laboral contra Grupo Herdez?

De acuerdo con los expedientes integrados en la carpeta de investigación, el conflicto legal comenzó en 2007, cuando se inició un juicio laboral para exigir a Grupo Herdez el pago de una indemnización a favor de un supuesto empleado llamado Alfredo Jorge Colín.

Sin embargo, las pesquisas ministeriales y las contradicciones del proceso identificaron una anomalía central: el demandante jamás fue empleado de la empresa.

A pesar de la falta de un vínculo laboral real, el litigio avanzó durante años y terminó con una condena judicial contra Grupo Herdez. La resolución permitió a la parte demandante solicitar y ejecutar medidas cautelares que derivaron en:

• El embargo temporal de oficinas.
• El embargo temporal de una planta de producción.
• La retención de una cuenta bancaria con más de 650 millones de pesos.

La compañía recuperó posteriormente esos recursos mediante acciones legales de defensa.

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¿Qué declaró la abogada Irene “N” sobre el caso?

El giro principal de la indagatoria ocurrió cuando la abogada Irene “N”, quien participó en la defensa del supuesto trabajador, rindió su declaración ministerial ante la Fiscalía capitalina.

En su testimonio por escrito, la litigante admitió que Alfredo Jorge Colín nunca trabajó en Grupo Herdez, lo que cuestionó la base legal del juicio.

La abogada también señaló a su superior jerárquico, el abogado Humberto Cavazos, como quien estableció las directrices del caso. Según su testimonio, Cavazos le ordenó acudir con otros abogados a las oficinas corporativas de Herdez para exigir 20 millones de pesos en efectivo.

La exigencia incluía la advertencia de mantener congeladas y embargadas todas las cuentas bancarias de la compañía si no se cubría esa suma.

Ante la negativa de la empresa, Grupo Herdez presentó una denuncia penal. El caso derivó en la consignación de la causa por el delito de fraude procesal.

¿Por qué la investigación pasó al ámbito federal?

La Fiscalía capitalina declinó la competencia y turnó la investigación a las autoridades federales debido a la magnitud del daño patrimonial y procesal, así como al alcance de las operaciones y sus implicaciones interestatales.

La indagatoria federal continúa abierta. Su objetivo es establecer responsabilidades no solo contra la litigante recluida, sino también esclarecer la participación de otros operadores legales, despachos y posibles colusiones.

Las autoridades investigan cómo se permitió sostener durante más de una década un juicio laboral basado en datos falsos.

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¿Qué implica el caso para las empresas y los procesos laborales?

El expediente muestra los riesgos que pueden enfrentar las empresas cuando una demanda laboral se apoya en información falsa y obtiene medidas cautelares con efectos patrimoniales amplios.

Entre los aspectos que quedan bajo escrutinio se encuentran:

• La posibilidad de presentar demandas ficticias.
• El uso de embargos precautorios como mecanismo de presión económica.
• Las fallas de verificación dentro de los procesos judiciales.
• La participación de litigantes y despachos en posibles acuerdos ilegales.

La recuperación de los activos por parte de Grupo Herdez también muestra la importancia de contar con una defensa corporativa y de denunciar ante el Ministerio Público las irregularidades procesales cuando se detecten.

¿Qué sigue en la investigación federal?

La reclusión de la abogada Irene “N” y el traslado del caso a la justicia federal abren una etapa para determinar el alcance de la presunta red de litigantes involucrada.

La investigación deberá esclarecer la participación de las personas señaladas y las posibles colusiones que permitieron mantener el juicio laboral durante más de una década.

Con la información disponible, está confirmado que la indagatoria continúa abierta; aún no se informa el resultado final sobre las responsabilidades de todos los involucrados.

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¿Qué deben considerar las empresas ante irregularidades procesales?

El caso deja como referencia para el sector empresarial la necesidad de revisar con rapidez cualquier demanda que genere medidas cautelares o afectaciones patrimoniales relevantes.

También resulta necesario conservar la documentación relacionada con la relación laboral, atender las notificaciones judiciales y presentar denuncias penales cuando existan indicios de falsedad o presión indebida.

Estas acciones forman parte de la información expuesta en el expediente sobre la defensa emprendida por Grupo Herdez.