ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó

<b>A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó</b>, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a<b> Jorge Mercado Méndez, imputado</b> como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró<b> la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty</b> que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

<a href="https://www.lanacion.com.py/politica/2026/10/21/presidente-del-plra-analizara-con-su-comite-si-asiste-a-convocatoria-de-payo-cubas/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.lanacion.com.py/politica/2026/10/21/presidente-del-plra-analizara-con-su-comite-si-asiste-a-convocatoria-de-payo-cubas/"><b>Le puede interesar: Presidente del PLRA analizará con su comité si asiste a convocatoria de Payo Cubas</b></a>

<b>“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años </b>evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

<b>Legalidad sobre la ocupación</b>

Así también, la ARP instó<b> a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala </b>que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que <b>“la propiedad privada es inviolable”. </b>

Remarca que su respeto <b>constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho</b> y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

<b>“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos</b>, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Comunicado| ARP <a href="https://t.co/KDgRlX6OYj">pic.twitter.com/KDgRlX6OYj</a></p>&mdash; Asociación Rural del Paraguay (@arp_py) <a href="https://x.com/arp_py/status/2115837927271838084?ref_src=twsrc%5Etfw">October 29, 2026</a></blockquote>

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos.<b> “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.</b> La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

<b>En juicio se establecerán responsabilidades</b>

Resalta además que<b>, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad</b>; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso. <b> </b>

De esa manera el gremio señala que es fundamental el <b>estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, </b>con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, <b>no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, </b>garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, <b>exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, </b>fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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