Policías, un presidente que da media vuelta en pleno vuelo y acusaciones de “golpe de Estado”: Polonia vive un confusa crisis política

PARÍS.- Policía antidisturbios frente a las rejas, el presidente de la República dando media vuelta en pleno vuelo, acusaciones de “golpe de Estado”: la guerra que libran desde hace diez años los ultranacionalistas del PiS y los proeuropeos de Donald Tusk en torno al Tribunal Constitucional llegó a las calles de Varsovia, este viernes por la noche.

Eran poco más de las 18 horas cuando apareció un comunicado en el sitio web del Tribunal Constitucional polaco: su presidente, Bogdan Swieczkowski, y su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, fueron suspendidos de sus cargos. Momentos después, decenas de policías antidisturbios se posicionaron ante el edificio de la avenida Szucha, en Varsovia, frente a los partidarios del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) que llevan semanas manifestando allí: “¡Tusk, traidor!”, clama la multitud, según la agencia de noticias AFP.

La escena pronto se convirtió en un teatro del absurdo. En X, la cuenta oficial del Tribunal denunció una “toma de control ilegal” y un “golpe de Estado”, afirmando que Święczkowski permanecía en su puesto. Los proyectiles comenzaron a volar contra la policía, mientras tres personas que habían escalado las vallas fueron detenidas. Al caer la noche, se llamó a un cerrajero para abrir la verja al presidente suspendido, quien finalmente logró entrar en el recinto tras forzar la valla.

“El Tribunal Constitucional no es un edificio, son personas”, lanzó, antes de pedir a la multitud que se dispersara.

La protagonista de este episodio es una jueza: Anna Korwin-Piotrowska. Elegida en marzo pasado forma parte de los magistrados que prestaron juramento ante la cámara de diputados (Sejm), y no ante el jefe del Estado, aliado del PiS. Valiéndose de su antigüedad en la magistratura para asumir el interinato, ordenó la suspensión de los dos dirigentes del Tribunal. Ese mismo día, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, presentó cinco solicitudes para levantar la inmunidad —cuatro contra Swieczkowski y una contra Sochanski—, acompañadas de 224 páginas y 50 volúmenes de expedientes. Fue también él quien pidió a la policía que custodiara el edificio, mientras la jueza denunciaba “amenazas potenciales contra la vida e integridad física” de los magistrados y del personal.

El bando ultranacionalista contrario lo impugna todo. Para los jueces fieles a Swieczkowski, Korwin-Piotrowska sencillamente no es jueza del Tribunal, al no haber prestado juramento ante el presidente de la República. La policía, por su parte, asegura no haber entrado nunca en el edificio y actuar “respetando la independencia” de la institución. A bordo del avión que lo llevaba a Dakar, el presidente Karol Nawrocki, aliado del PiS, dio media vuelta:

“En un momento así, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso”, afirmó. Según fuentes presidenciales, inmediatamente después de aterrizar, debía reunirse con el primer presidente del Tribunal Supremo.

En todo caso, la crisis venía gestando desde 2015. Ese año, ni bien llegó al poder, el PiS anuló los nombramientos de la mayoría saliente e instaló a sus propios jueces en el Tribunal, compuesto por quince magistrados elegidos por el Sejm (parlamento) para mandatos de nueve años. Bajo la presidencia de Julia Przylebska, la institución dictó posteriormente sentencias explosivas, como la de la prohibición del aborto en 2020 o el fallo de 2021 que cuestionaba la primacía del derecho europeo. Bruselas consideró que el Tribunal dependía demasiado del poder político, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2021 sus decisiones, que no correspondían a un Estado de derecho.

Tras recuperar el poder a finales de 2023, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, prometió restaurar ese Estado de derecho, pero se topó con el veto presidencial. El último acto se produjo en marzo de 2026: el Sejm eligió a seis jueces para cubrir las vacantes. Dos prestaron juramento ante Karol Nawrocki, los otros cuatro, que nunca fueron convocados al palacio presidencial, juraron ante los diputados. Swieczkowski, exfiscal nacional nombrado al frente del Tribunal en 2025, les impidió ejercer sus funciones, a pesar de una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le ordenaba no obstaculizar sus labores. El resultado: un Tribunal paralizado y dos legitimidades enfrentadas.

Como sucede en estos casos, cada bando reivindica la misma bandera: la democracia. “Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad bajo el régimen del PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, que exige una acción decisiva. No hay otra salida”, escribió Donald Tusk.

Por el contrario, Jaroslaw Kaczynski denuncia un “ataque contra el Tribunal Constitucional” y predice que Polonia se desliza hacia un “Estado policial” o incluso hacia el autoritarismo.

“Una vez que hayamos derrocado a este gobierno de bandidos de Tusk, habrá que reconstruir el Tribunal Constitucional desde cero”, prometió el líder del PiS, añadiendo que ni Tusk ni él deberían volver a influir jamás en los tribunales. La ex primera ministra Beata Szydlo acusa a la policía “enviada por el gobierno de Tusk” de haber desalojado a los guardias, y Slawomir Mentzen, figura de la extrema derecha, acudió al lugar: “No podemos permitir que los órganos del Estado sean tomados por la fuerza”, dijo.

Incluso entre algunos juristas críticos con el PiS, el método genera inquietud: el profesor Marcin Matczak considera que el ministro Żurek ha vulnerado varias disposiciones de la Constitución. Y ahí reside la trampa: para deshacer la captura política de las instituciones, el gobierno debe retorcer las reglas, ofreciendo a sus adversarios el relato que tanto esperaban.

Lo que está en juego trasciende Varsovia. El Tribunal es uno de los principales puntos de discordia entre Bruselas y los nacionalistas polacos, y la crisis estalla a un año de las elecciones legislativas de otoño de 2027. El PiS, debilitado por la escisión de este verano, ve en esto una batalla para cohesionar a sus filas frente a la competencia de la extrema derecha. Y en un país que es pilar del flanco oriental de la OTAN, una “guerra de jueces” en las calles es un regalo para quienes, tanto en Moscú como en otros lugares, apuestan por la desunión europea.