Cómo la Proposición 45 podría alterar las luchas en California contra los centros de datos

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Los votantes de California que estén considerando la Proposición 45 decidirán el destino de una medida de infraestructura de gran alcance que, según advierten sus opositores, podría dejar prácticamente sin efecto las nuevas leyes estatales sobre centros de datos.

Eso facilitaría enormemente que los promotores inmobiliarios impongan instalaciones no deseadas en las comunidades locales, lo que podría socavar una creciente ola de prohibiciones, moratorias y resoluciones contra los centros de datos a nivel municipal y de condado.

Los defensores de los centros de datos insisten en que la medida electoral no les reportará ningún beneficio, incluso cuando algunos beneficiarios de los centros de datos están invirtiendo grandes sumas de dinero para respaldar la Proposición 45.

Los partidarios de la Proposición 45 la han presentado como una herramienta para acelerar proyectos de infraestructura crítica , como viviendas y escuelas, y la medida no menciona directamente los centros de datos entre los tipos de proyectos que considera críticos. Sin embargo, algunos expertos legales y defensores del medio ambiente afirman que el lenguaje técnico de la proposición crea una laguna legal. Al agilizar las evaluaciones ambientales bajo la Ley de Calidad Ambiental de California para amplias categorías de proyectos —incluidas las instalaciones de internet de banda ancha y cualquier infraestructura adicional necesaria para su funcionamiento—, la medida podría permitir discretamente que los centros de datos eludan las recientes salvaguardias estatales y el escrutinio local.

Julia Stein, experta en derecho y subdirectora del Instituto Emmett sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de UCLA, advierte que la medida actúa como un “instrumento de fuerza bruta en lo que respecta a la racionalización” debido a la amplitud de su ámbito de aplicación secundario.

“Lo que hace la Proposición 45 es designar toda una categoría de proyectos que estarían sujetos a una simplificación, y también establece que los proyectos auxiliares a esos proyectos —es decir, algo que podría ser necesario hacer durante el desarrollo del proyecto que está exento— quedarían incluidos en esa misma simplificación”, dijo Stein.

Los proyectos de telecomunicaciones se simplifican explícitamente según la propuesta, “y hay argumentos para considerar que el desarrollo de centros de datos podría ser necesario para proyectos de ese tipo”, añadió Stein.

Otros proyectos, como el tren de alta velocidad, quedan explícitamente excluidos de la simplificación de trámites según la propuesta, pero los centros de datos tampoco figuran en esa lista. Stein y otros tres expertos en derecho ambiental declararon a CalMatters que esto abre la puerta a posibles impugnaciones legales.

“El hecho de que hayan excluido algunos proyectos, pero no hayan excluido expresamente los centros de datos, probablemente un tribunal lo interpretaría no como un descuido involuntario, sino más bien como una intención de incluir los centros de datos en la iniciativa”, dijo Matt McKerley, abogado de Shute, Mihaly y Weinberger.

Además, los opositores argumentan que la redacción de la propuesta, que incluye una cláusula que establece que prevalecería sobre otras leyes relacionadas, anularía medidas como el Proyecto de Ley 887 del Senado , aprobado recientemente, que dificultó la tramitación acelerada de la revisión ambiental para los centros de datos.

Los representantes del sector afirman que estas objeciones a la Proposición 45 son infundadas. La Coalición de Centros de Datos, un grupo industrial que apoya la Proposición 45, insiste en que sus instalaciones quedan fuera del alcance de la iniciativa, que se centra principalmente en el desarrollo de viviendas y otras infraestructuras como carreteras y puentes.

“La Coalición de Centros de Datos ha revisado la Proposición 45 y ha llegado a la conclusión de que los centros de datos no cumplen los requisitos para la simplificación que contempla la Proposición 45, ni son una entidad cubierta por ninguna parte de la medida”, dijo Khara Boender, Directora de Asuntos Gubernamentales para la Región Oeste de la coalición.

Los representantes del sector también hacen referencia a un reciente dictamen jurídico de la Oficina de Asesoría Legislativa de California, que presta servicios legales a los miembros de la Legislatura. El dictámenes argumenta que las definiciones legales de la Proposición 45 no se aplican a los centros de datos.

Amelia Matier, de la campaña “Sí a la Proposición 45”, se hizo eco de esa opinión, afirmando: “Los centros de datos no están incluidos en la Proposición 45”. Añadió: “Los defensores del inasequible statu quo de California están desesperados por distraer a los votantes con mentiras porque no pueden justificar las costosas demoras y la burocracia que elevan los precios para las familias trabajadoras “ .

Entre los opositores a la medida se encuentran la Federación Laboral de California, el Centro Occidental de Derecho y Pobreza, y varios grupos de defensa del medio ambiente que han gastado más de 31 millones de dólares para oponerse a la medida.

A pesar de sostener que los centros de datos quedan fuera del alcance de la propuesta, los intereses tecnológicos y de servicios públicos que se benefician del auge informático de California están impulsando su aprobación con un enorme apoyo financiero . Los defensores han invertido más de 40 millones de dólares en la campaña a favor de la Proposición 45, incluyendo 3.05 millones de dólares del gigante de servicios públicos PG&E y 500,000 dólares del desarrollador de almacenes y centros de datos Prologis; una inyección de capital que, según los opositores, revela quién espera realmente beneficiarse si la medida se aprueba.

El debate sobre el impacto de la Proposición 45 en los centros de datos surge en un momento crucial del auge de la infraestructura de IA en California. El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente siete leyes históricas sobre centros de datos destinadas a obligar a los operadores a revelar su consumo de agua, financiar sus propias mejoras de la red eléctrica y someterse a una evaluación ambiental.

Sin embargo, las comunidades locales no esperan a que entren en vigor las regulaciones estatales. Ante el creciente temor a las subidas de tarifas, la sobrecarga de la red eléctrica y el agotamiento del agua, ha surgido una fuerte oposición ciudadana en toda California. Al menos 26 ciudades y condados han propuesto o aprobado moratorias, prohibiciones o límites estrictos destinados a frenar la construcción de centros de datos en sus comunidades.

Nina Robertson, abogada adjunta de la oficina regional de Earthjustice en California, afirmó que la ambigüedad del texto de la papeleta electoral desencadenaría de inmediato batallas legales sobre la autoridad local para otorgar permisos.

“¿Y quién va a asumir el coste de ese litigio?”, preguntó Robertson. “Serán los gobiernos locales”.