¿Quién gana y quién pierde con el escándalo del INE? La disputa por el árbitro y los intereses detrás de las filtraciones

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no ha cerrado el escándalo que precipitó su salida. Por el contrario, las nuevas grabaciones atribuidas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, las revelaciones sobre sus presuntas relaciones personales y comerciales con la exfuncionaria y las renuncias de quince colaboradores de la anterior administración han abierto interrogantes mucho más delicadas. ¿Estamos ante un episodio de corrupción administrativa que finalmente salió a la luz? ¿Una ruptura sentimental y empresarial que terminó destapando posibles irregularidades? ¿O una operación en la que pudieron intervenir intereses políticos y económicos interesados en modificar los equilibrios de poder dentro del organismo encargado de organizar las elecciones mexicanas? Las respuestas todavía no están claras, pero las preguntas resultan indispensables para comprender quién puede beneficiarse, quién enfrenta consecuencias y qué está verdaderamente en juego.

En una columna anterior señalé que la salida de Taddei no debía convertirse en una operación destinada a cambiar nombres sin esclarecer responsabilidades. Hoy esa advertencia adquiere mayor relevancia. La designación provisional de Blanca Yassahara Cruz García, las renuncias de funcionarios y colaboradores de confianza y las revisiones anunciadas por el Consejo General muestran que el problema trasciende la actuación individual de quien encabezaba el Instituto. Pero también obligan a distinguir cuidadosamente entre hechos comprobados, denuncias periodísticas, declaraciones de personas involucradas y responsabilidades que solamente podrán establecerse mediante investigaciones formales.

Lo ocurrido tiene diversas dimensiones. Una es la posible existencia de irregularidades en contrataciones públicas y relaciones con proveedores. Otra corresponde a los mecanismos internos de vigilancia, supervisión y rendición de cuentas. Una tercera, inevitablemente política, se relaciona con la reorganización del INE y la designación de su próxima presidencia. Y existe una cuarta dimensión, particularmente intrigante, que no debería quedar relegada: quién decidió revelar las grabaciones, de dónde provinieron los materiales y por qué comenzaron a divulgarse precisamente en estas circunstancias.

Las nuevas conversaciones atribuidas a Hernández Casillas ofrecen elementos que merecen examinarse con atención. En ellas, el empresario habla de su rompimiento con Guadalupe Taddei, expresa inconformidad por compromisos que, según su versión, no fueron respetados y vincula sus diferencias personales con negocios, contratos y proyectos electorales. También presume haber tenido influencia sobre determinados nombramientos y decisiones administrativas, además de mencionar posibles contactos en instancias estadounidenses.

Se trata de expresiones atribuidas al propio empresario, cuyo contenido, contexto y autenticidad íntegra deberán ser objeto de las verificaciones correspondientes. No constituyen, por sí mismas, prueba definitiva de las conductas denunciadas ni permiten establecer responsabilidades penales o administrativas. Pero tampoco pueden considerarse simples indiscreciones privadas cuando involucran presuntamente recursos públicos, contrataciones y decisiones de una institución constitucionalmente autónoma.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿quién convenció a Hernández Casillas de revelar semejante información, suponiendo que efectivamente haya sido él quien la proporcionó? ¿Actuó por iniciativa propia, movido por diferencias personales o económicas? ¿Alguien interesado en los contratos electorales pudo haberlo inducido a exhibir lo que sabía? ¿Existieron presiones para obtener las grabaciones o fueron entregadas por terceros que tuvieron acceso a ellas? Incluso cabe una posibilidad distinta: que el empresario no haya decidido divulgar nada y que los materiales hayan salido de su entorno sin su consentimiento.

No conocemos las respuestas. Y precisamente por eso sería irresponsable atribuir a determinados personajes una operación cuya existencia y conducción no están acreditadas. Pero una cosa es evitar acusaciones sin sustento y otra muy distinta renunciar a examinar hipótesis razonables cuando un escándalo de semejante magnitud provoca consecuencias institucionales inmediatas.

En política, como en los negocios, importa tanto lo que se revela como el momento en que se decide revelarlo. Una información puede permanecer guardada durante meses o años y hacerse pública cuando cambian las relaciones personales, se rompen compromisos, aparecen nuevos competidores o surgen oportunidades para modificar determinadas posiciones de poder.

El hecho de que una filtración pudiera responder a intereses particulares tampoco significaría que su contenido fuese falso. Una represalia personal puede poner al descubierto irregularidades auténticas, del mismo modo que una denuncia fundada puede ser utilizada por terceros para obtener ventajas indebidas. La investigación debe comprender ambas dimensiones: las posibles conductas irregulares y las circunstancias en que fueron exhibidas.

En este caso, además, existen preguntas concretas sobre la naturaleza de las grabaciones. ¿Quién las realizó? ¿Fueron obtenidas por alguno de los participantes en las conversaciones o mediante la intervención de terceros? ¿Cuántas existen? ¿Se han divulgado completas o solamente fragmentos seleccionados? ¿Quién conservaba los archivos originales y cuál fue la secuencia de su entrega a distintos medios de comunicación?

Esclarecer esos aspectos no corresponde a la especulación periodística, sino a investigaciones capaces de verificar el origen, la autenticidad y el contexto de los materiales. También debe respetarse la legalidad de su obtención. La difusión de conversaciones privadas plantea cuestiones jurídicas propias, que no desaparecen por la relevancia pública de las personas involucradas.

Pero hay algo todavía más importante: si efectivamente existieron vínculos entre relaciones personales, contrataciones empresariales y decisiones administrativas, el problema no sería únicamente la conducta de dos personas. Estaríamos ante la posibilidad de mecanismos de influencia indebida que habrían requerido la participación, tolerancia u omisión de otros servidores públicos. Esa hipótesis exige investigaciones documentales, revisión de expedientes contractuales, identificación de autorizaciones y seguimiento de los recursos públicos comprometidos.

Por eso resulta fundamental que las autoridades competentes examinen qué empresas participaron en las contrataciones cuestionadas, quiénes eran sus beneficiarios y representantes, qué funcionarios intervinieron, cuáles fueron los criterios de adjudicación y si existieron conflictos de interés, simulación de competencia o condiciones contrarias a la ley. No bastan las declaraciones escandalosas ni las imágenes comprometedoras. Se necesitan pruebas, procedimientos y resoluciones.

Y mientras esas investigaciones avanzan, la política comienza inevitablemente a moverse alrededor de la crisis.

Morena cuenta con la bancada más numerosa en la Cámara de Diputados, órgano al que corresponde participar decisivamente en la designación de quien ocupará la presidencia definitiva del INE. Esa circunstancia le concede una influencia importante en el proceso, aunque el nombramiento requiere una mayoría calificada y debe sujetarse a los procedimientos constitucionales correspondientes.

El oficialismo tiene, por tanto, una responsabilidad especialmente delicada. Puede respaldar una selección transparente, basada en capacidad técnica e independencia de criterio, o enfrentar cuestionamientos si el procedimiento se convierte en una negociación de cercanías políticas. No existe una ventaja electoral automática derivada de la salida de Taddei, pero sí una oportunidad institucional que exige actuar con particular cuidado para evitar cualquier apariencia de subordinación partidista.

La presidenta Claudia Sheinbaum también enfrenta un escenario relevante. Aunque no le corresponde conducir la sucesión del INE ni intervenir en sus decisiones internas, su gobierno puede colaborar con las investigaciones dentro de sus atribuciones y respetar plenamente la autonomía constitucional del organismo. El discurso de combate a la corrupción encontrará aquí una prueba concreta de congruencia: permitir que se investigue hasta donde sea necesario, independientemente de las relaciones personales o políticas de quienes pudieran resultar involucrados.

La oposición tiene igualmente razones para exigir investigaciones profundas y un proceso de designación confiable. PAN, PRI y las demás fuerzas políticas pueden ejercer vigilancia, formular cuestionamientos y demandar que el Consejo General recupere credibilidad. Pero tampoco sería aceptable que aprovecharan el escándalo para desacreditar indiscriminadamente al sistema electoral o para defender la autonomía institucional solamente cuando sus decisiones coincidan con sus intereses.

Ahí reside una de las contradicciones recurrentes de nuestra vida pública. No faltan quienes exigen árbitros independientes cuando son oposición, pero prefieren autoridades complacientes cuando gobiernan. Y tampoco quienes proclaman respeto absoluto a las instituciones mientras sus resoluciones les favorecen, para después cuestionar su legitimidad cuando reciben decisiones adversas.

El INE no pertenece a Morena, al PAN, al PRI ni a ninguna otra fuerza política. Tampoco es patrimonio de sus consejeros o funcionarios. Es una institución del Estado mexicano cuya autonomía existe precisamente para impedir que la organización electoral quede subordinada a quienes participan en las contiendas.

La designación provisional de Blanca Cruz García representa una oportunidad para restablecer procedimientos colegiados, revisar decisiones administrativas y fortalecer los controles internos. El Consejo General ha anunciado medidas de reorganización y colaboración con las autoridades fiscalizadoras. Pero conviene observar cuidadosamente cómo se desarrollan. Las renuncias no equivalen automáticamente a confesiones de culpabilidad, así como la permanencia de otros funcionarios tampoco acredita que su desempeño haya sido correcto.

Debe distinguirse, además, entre personal de confianza vinculado con una administración determinada y servidores públicos profesionales que durante años han sostenido la operación técnica del Instituto. El Servicio Profesional Electoral Nacional constituye una de las principales capacidades institucionales acumuladas por México. Sería un error aprovechar una crisis de conducción para debilitar indiscriminadamente esa estructura.

La proximidad de las elecciones de 2027 incrementa la trascendencia de todo lo anterior. México deberá renovar la Cámara de Diputados y celebrar numerosas contiendas locales. El organismo electoral necesita estabilidad operativa, padrones confiables, personal experimentado, reglas claras y autoridades capaces de garantizar imparcialidad. Una sucesión prolongadamente conflictiva o una reorganización improvisada podría generar incertidumbre en momentos en que resulta indispensable fortalecer la confianza ciudadana.

Tampoco debe perderse de vista la discusión sobre la contratación y producción de materiales electorales. Cualquier propuesta para utilizar capacidades públicas, incluidas las de Talleres Gráficos de México, debe evaluarse con criterios técnicos, financieros y de seguridad. Reducir costos y mejorar controles puede ser conveniente, pero ninguna modificación debería generar nuevas dependencias políticas ni comprometer la autonomía operativa del Instituto.

Ahora bien, regresando a la pregunta inicial, la disputa política que rodea al INE no puede resolverse mediante una clasificación simplista de vencedores y derrotados.

El oficialismo tiene mayor influencia legislativa en el procedimiento de sucesión, pero también está sujeto a un escrutinio particularmente intenso sobre la independencia de la persona designada. La oposición dispone de nuevos argumentos para exigir controles y transparencia, aunque la crisis también puede afectar la confianza general en el sistema que todos los partidos necesitan para competir. La nueva conducción tiene la oportunidad de corregir deficiencias, pero deberá demostrarlo mediante decisiones verificables. Y quienes estuvieron involucrados en las contrataciones cuestionadas enfrentarán las consecuencias que determinen las investigaciones, no las que anticipen las condenas mediáticas.

Hay, sin embargo, una dimensión que debería preocupar más que cualquiera de esas consideraciones partidistas: el deterioro de la credibilidad del árbitro electoral.

México necesitó décadas de luchas políticas, reformas institucionales y exigencias ciudadanas para construir autoridades electorales capaces de organizar comicios competitivos y reducir la intervención gubernamental. Aquella transformación no fue obra exclusiva de un partido o de un presidente. Surgió de esfuerzos acumulados de organizaciones sociales, dirigentes políticos, legisladores, especialistas y ciudadanos que comprendieron la necesidad de establecer reglas confiables para procesar pacíficamente las diferencias.

Destruir esa confianza puede resultar relativamente sencillo. Recuperarla exige mucho más que nombrar nuevos funcionarios o anunciar investigaciones.

La democracia necesita autoridades electorales honestas, pero también instituciones profesionalizadas, procedimientos estables, mecanismos de fiscalización eficaces y dirigentes capaces de reconocer que ningún interés personal o partidista puede colocarse por encima de su responsabilidad pública.

Por ello, la investigación sobre Guadalupe Taddei, José Alfredo Hernández Casillas y las contrataciones cuestionadas no debe detenerse en la dimensión sentimental ni en las conversaciones que hoy provocan indignación y asombro. La vida privada solamente adquiere relevancia institucional cuando existen elementos que la vinculan con decisiones públicas, recursos del Estado o posibles conflictos de interés.

Lo importante no es averiguar quién terminó una relación personal ni quién se sintió traicionado. Lo importante es establecer si esa relación influyó indebidamente en la administración electoral, si existieron beneficios irregulares, quiénes participaron y qué mecanismos fallaron para permitirlo.

Y también debe aclararse si la divulgación de los materiales respondió a decisiones individuales, a disputas comerciales o a la intervención de terceros. No para descalificar automáticamente las denuncias, sino para comprender integralmente un episodio cuyas consecuencias han alcanzado a una de las instituciones fundamentales del país.

Quizá las investigaciones revelen que las motivaciones de las filtraciones fueron mucho más personales que políticas. Quizá aparezcan intereses empresariales o participantes hasta ahora desconocidos. O quizá se confirme que diferentes circunstancias coincidieron sin que existiera una operación coordinada. Todas son posibilidades que deben mantenerse en el terreno de las hipótesis mientras no existan pruebas suficientes.

La pregunta sobre quién gana y quién pierde con el escándalo adquiere así una dimensión más profunda. No basta con observar quién consigue colocar a una persona en la presidencia del INE, quién pierde posiciones administrativas o quién obtiene argumentos para atacar a sus adversarios. Debemos preguntarnos si el desenlace permitirá fortalecer las instituciones o si terminará reproduciendo, bajo otros nombres, las mismas prácticas que hoy se cuestionan.

El país necesita conocer la verdad sobre las contrataciones, los posibles conflictos de interés, las responsabilidades administrativas y las circunstancias que rodearon las filtraciones. Necesita también una designación transparente, una conducción colegiada y garantías de que las elecciones de 2027 serán organizadas por una autoridad independiente y profesional.

Porque si todo termina en una sustitución de funcionarios, una disputa entre proveedores o una negociación partidista, el escándalo habrá producido movimientos de poder, pero no necesariamente una mejora institucional.

Y si quienes revelaron los materiales actuaron por venganza, por interés económico o por presiones de terceros, eso también deberá esclarecerse sin confundir las motivaciones de la denuncia con la veracidad de los hechos denunciados.

Al final, no se trata de proteger a Guadalupe Taddei, perseguir anticipadamente a Hernández Casillas, favorecer a Morena ni proporcionar municiones políticas a la oposición. Se trata de proteger a una institución que pertenece a todos los mexicanos y cuya fortaleza resulta indispensable para nuestra convivencia democrática.

Porque en este escándalo todavía falta saber quién decidió abrir la caja de los secretos, por qué lo hizo y qué intereses pudieron estar detrás. Pero hay algo que no admite demora: descubrir quién utilizó indebidamente, si así ocurrió, los recursos y las facultades del árbitro electoral.

Los partidos podrán disputar las ventajas políticas de esta crisis. Los funcionarios deberán responder por sus actos y los denunciantes por la veracidad de sus señalamientos.

Pero si el resultado final es un INE sometido, debilitado o desacreditado, la verdadera perjudicada será la democracia mexicana. Y esa pérdida sería infinitamente mayor que cualquier beneficio político o económico que alguien pudiera obtener del escándalo.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinió[email protected]