Denuncian mayor violencia contra los transportistas en México

La inseguridad en las carreteras, las extorsiones de elementos de la Guardia Nacional y el alto costo del peaje en las autopistas ya no son tolerables en México, destaca Andrés Poot Alonzo, secretario general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas en Yucatán (Amotac).
El dirigente afirma que Yucatán no tiene estos problemas porque la seguridad pública “es impecable”, porque el gobierno estatal atiende sus demandas y los diputados realizan algunos cambios a la ley.
Sin embargo, refiere, necesita que el sector del transporte de carga tenga voz para que los legisladores conozcan y aprueben leyes que solucionen el problema.
Poot Alonzo dice que todos quieren colaborar para solucionar los graves problemas de inseguridad, pues es una realidad que el crimen organizado tiene el control de las carreteras federales y los mismos agentes de la Guardia Nacional cometen extorsiones, no en todos lados, pero sí en la mayoría de carreteras del centro y norte del país.
“Hace falta atención del gobierno federal. Quienes no hacen su trabajo son las autoridades reguladoras, como las fiscalías estatales, FGR, SICT y la Guardia Nacional porque hasta ellos están extorsionando”, insiste. “Las autopistas son caras y están en malas condiciones”.
El líder de la Amotac Yucatán admitió que la delincuencia organizada controla las carreteras por donde transitan los tráileres con cargamento.
Altos costos en carretera
Es tal la violencia que en este año fueron asesinados 15 operadores de diferentes organizaciones transportistas, señala.
Además, denuncia que hay cobros excesivos por el servicio de grúa: un salvamento puede costar hasta $300,000, por lo que cuando un hombre-camión que solo trabaja su unidad literalmente pierde su patrimonio y trabajo porque no puede cubrir esa cantidad de dinero.
“Prácticamente la inseguridad es el principal problema que nos afecta, pero también están los altos incrementos a las autopistas”, sostiene.
“La inseguridad es algo que no han podido controlar y la SICT no ha podido regular el servicio de grúas. En la mayoría de las carreteras federales te cobran lo que quieren, cuando hay tarifas autorizadas”, subraya.
Poot Alonzo considera que los funcionarios públicos no informan correctamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de la serie de irregularidades que hay en el sector transportista.
“En Yucatán estamos siendo atendidos por el gobernador y los diputados hacen algunos cambios, pero hace falta”, insiste.
“Es una labor que tenemos que hacer todos los transportistas, hay que cambiar la visión de los diputados, que nos integren y dejen de tomar decisiones sin conocer la verdadera situación de los transportistas”.
“Estamos esperando que seamos escuchados por algún funcionario de alto nivel de la Secretaría de Hacienda. Si nos quiere escuchar la Presidenta para acabar con el problema sería lo ideal, pero sabemos que hay funcionarios que no quieren que estemos cerca de la Presidenta porque se les caerían sus negocios”.
¿Cuánto pierden por los sobrecostos operativos para las empresas de transporte yucatecas por el cobro excesivo de grúas y corralones?
“Nos eleva el costo de operación, pero todas las consecuencias lo pagan los consumidores. La canasta básica se va para arriba”, recalca.
“Todo se va en impuestos y altos costos. De qué sirve que apoyen para que no haya incremento en los combustibles si le suben al costo de peaje, tienes que pagar extorsiones y no tenemos equipo moderno para seguir compitiendo”.
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