9 escándalos políticos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto
El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo rodeado de controversias por presuntos actos de corrupción, abusos de autoridad y decisiones gubernamentales que provocaron indignación
La presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quedó marcada por acontecimientos que pusieron en duda la transparencia de su administración y la capacidad de las autoridades para combatir la corrupción y garantizar justicia.
Desde propiedades millonarias y contratos públicos cuestionados hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estos nueve episodios se convirtieron en algunos de los capítulos más controvertidos de su gobierno.
1. La Casa Blanca de Angélica Rivera

En noviembre de 2014, una investigación periodística reveló que Angélica Rivera, entonces esposa del presidente, era propietaria de una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, valuada en aproximadamente 7 millones de dólares. El inmueble había sido construido por Grupo Higa, empresa que obtuvo contratos de obra pública durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México y que también había participado en el proceso de licitación del tren México-Querétaro. El caso provocó cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés y transparencia en los negocios relacionados con el gobierno. Aunque la Secretaría de la Función Pública concluyó en 2015 que no existió conflicto de interés, la explicación oficial no consiguió frenar la indignación pública.
2. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero. El saldo fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. El caso se convirtió en una de las mayores crisis políticas y de derechos humanos del sexenio. La investigación de la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam, presentó la llamada verdad histórica, que fue cuestionada por familiares, especialistas y organismos internacionales. Las inconsistencias de las investigaciones, las denuncias de tortura y la falta de respuestas definitivas provocaron movilizaciones nacionales e internacionales. La desaparición de los estudiantes se convirtió en un símbolo de las exigencias de justicia frente a la impunidad.
3. El caso Tlatlaya y las ejecuciones extrajudiciales

En junio de 2014, 22 personas murieron durante un operativo militar en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Inicialmente, las autoridades presentaron los hechos como un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Sin embargo, investigaciones periodísticas y posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentaron indicios de que varias personas habrían sido ejecutadas después de haberse rendido. La CNDH concluyó que al menos 15 de las 22 víctimas fueron privadas ilegalmente de la vida. El episodio generó fuertes cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte del Ejército y la actuación de las autoridades encargadas de investigar los hechos.
4. Los sobornos de Odebrecht y las acusaciones contra Emilio Lozoya

La trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht también golpeó al gobierno de Peña Nieto. El caso tomó especial relevancia en México por las acusaciones relacionadas con Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante buena parte del sexenio. En 2020, Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que señaló que presuntamente se utilizaron recursos entregados por Odebrecht para financiar parte de la campaña presidencial de 2012 y conseguir apoyo legislativo para las reformas estructurales. En sus declaraciones también mencionó a Peña Nieto y a Luis Videgaray, aunque sus señalamientos debían ser investigados y no equivalían por sí mismos a una sentencia contra los involucrados. El expediente se convirtió en uno de los casos de presunta corrupción más delicados para el antiguo círculo presidencial.
5. La Estafa Maestra y el desvío de recursos públicos

En septiembre de 2017, una investigación reveló un esquema de presunto desvío de recursos públicos mediante convenios entre dependencias federales, universidades y empresas fantasma. El mecanismo involucró a distintas instituciones gubernamentales y permitió documentar irregularidades por aproximadamente 7 mil 670 millones de pesos en contratos revisados de 2013 y 2014. Una de las figuras políticas más relacionadas con el caso fue Rosario Robles, quien encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El escándalo puso bajo la lupa el manejo del presupuesto federal y los controles de vigilancia del gobierno.
6. El espionaje con el software Pegasus

En junio de 2017, una investigación internacional reveló que periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y otras figuras públicas mexicanas habían sido seleccionados como posibles objetivos de vigilancia mediante el programa Pegasus. El software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, tenía capacidad para intervenir dispositivos telefónicos. Las investigaciones señalaron que distintas dependencias del gobierno mexicano habían adquirido esta tecnología durante administraciones anteriores. La polémica golpeó especialmente al gobierno de Peña Nieto por los cuestionamientos sobre el uso de herramientas de espionaje estatal y la posibilidad de que fueran utilizadas contra voces críticas. El caso abrió un debate nacional sobre privacidad, libertad de expresión y vigilancia gubernamental.
7. Los audios filtrados de OHL México
En 2015, una serie de grabaciones telefónicas filtradas puso a la constructora OHL México en el centro de una controversia por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura y concesiones carreteras. Los audios exhibieron conversaciones de directivos de la compañía sobre posibles sobrecostos en obras como el Viaducto Bicentenario, además de supuestos beneficios para funcionarios públicos. Entre los nombres que aparecieron en las filtraciones estuvieron Apolinar Mena, entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal. La empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la autenticidad o edición de las grabaciones. Sin embargo, el episodio provocó auditorías y nuevas dudas sobre la relación entre constructoras privadas y autoridades gubernamentales.
8. El socavón del Paso Exprés de Cuernavaca

En julio de 2017, apenas tres meses después de la inauguración del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, se formó un enorme socavón en la carretera México-Cuernavaca. Un automóvil cayó en el hundimiento y sus dos ocupantes murieron. La tragedia provocó cuestionamientos sobre la calidad de la obra, las fallas de supervisión y las advertencias que presuntamente no fueron atendidas antes del accidente. El proyecto había representado una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos. La Secretaría de la Función Pública inició procedimientos administrativos y sancionó a funcionarios relacionados con la construcción. El caso se convirtió en otro ejemplo de las controversias que rodearon las obras de infraestructura durante el sexenio.
9. La corrupción de Javier Duarte en Veracruz

El caso de Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz, también representó un fuerte golpe político para el gobierno de Peña Nieto. Durante su administración estatal, entre 2010 y 2016, se acumularon denuncias por presuntos desvíos de recursos, empresas fantasma, irregularidades financieras y corrupción. Duarte dejó el cargo en octubre de 2016, antes de concluir su periodo, y fue detenido en Guatemala en abril de 2017. Posteriormente fue extraditado a México y procesado por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su caso alimentó las críticas contra el llamado Nuevo PRI, pues el partido había presentado la llegada de Peña Nieto a la Presidencia como una nueva etapa para recuperar la confianza ciudadana. La corrupción atribuida a varios exgobernadores priistas terminó por convertirse en uno de los principales problemas de imagen del sexenio.
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