Contraloría del INE señaló a Lorenzo Córdova de favoritismo al proveedor ligado al caso Taddei
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló ante la Cámara de Diputados que las presuntas irregularidades en contrataciones con la familia Hernández no son un problema reciente, sino una práctica que se remonta a administraciones anteriores.
De acuerdo con información del diario Reforma, el contralor interno del instituto, Víctor Hugo Carvente, expuso que durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello (2014-2023) se formalizaron contratos millonarios con empresas vinculadas a este mismo grupo de proveedores.
Durante su comparecencia ante comisiones legislativas, el funcionario explicó que los rastreos de la contraloría abarcan revisiones a la Cuenta Pública de años previos para determinar si existieron patrones de favoritismo, pagos indebidos y fallas en la entrega de licencias o software contratado por el árbitro electoral.
¿Qué empresas y contratos están bajo la mira de la contraloría?
La investigación del OIC identifica un entramado de personas morales que comparten accionistas, representantes legales y vínculos familiares:
- Seriplast: De acuerdo con el OIC, el INE formalizó contratos con esta empresa en 2015 y 2016 durante la gestión de Córdova. Sus representantes y socios coinciden con los de firmas como Cajas Graf o Corporativo Zeg, vinculadas a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
- Cajas Graf: La contraloría justificó que en 2019 la administración anterior adjudicó un contrato directo a esta empresa proveedora.
- Plásticos y Metales: La firma, señalada también como aliada de la misma red de proveedores, ha obtenido asignaciones en el IFE-INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos.
“Por eso me gusta señalarlo, que esto no es un asunto de este momento. Es un asunto que viene de muchos años atrás... Quisiera abonarlo porque nuestros alcances no sólo fueron a la administración de la ex consejera presidenta, también estamos auditando a la anterior”, afirmó el contralor interno Víctor Hugo Carvente.
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Detectan pagos indebidos por 25.7 mdp
Entre las auditorías expuestas por el titular del OIC ante los diputados, destaca la revisión a la infraestructura tecnológica encargada de vigilar la pauta publicitaria de los partidos políticos:
- Objeto de la contratación: En octubre de 2021, el INE contrató a Grupo de Tecnología Cibernética para renovar el software e infraestructura del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo y del Centro Nacional de Control y Monitoreo por 372.6 millones de pesos.
- Pagos indebidos: La contraloría determinó que 25.7 millones de pesos corresponden a pagos indebidos que deben ser reintegrados al erario, al no acreditarse la entrega de licencias requeridas.
- Fallas operativas: El OIC señaló que el software entregado no correspondía a la propuesta original, se presumió información falsa y se identificó una supervisión deficiente. Además, 677 reportes de fallas no fueron penalizados conforme al contrato.
- Anomalía en el concepto: El contralor criticó que se acordara un esquema de “mantenimiento” para un software que requería únicamente actualizaciones, calificando la contratación como irregular desde su origen.
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¿En qué contexto político y legal se presentan estas auditorías?
La difusión de estos hallazgos ocurre en medio del debate público y las acusaciones cruzadas entre fuerzas políticas sobre la administración del presupuesto del INE:
- Postura de Morena y el Gobierno Federal: Frente a las anomalías señaladas en periodos recientes, voceros del partido oficialista y la Presidencia de la República han argumentado que los patrones de contratación irregular fueron heredados de la gestión iniciada por Lorenzo Córdova desde la época del antiguo IFE.
- Vigencia de contratos: La contraloría precisó que algunos de los contratos auditados mantienen vigencia hasta finales del presente año, por lo que las revisiones de campo continúan activas.
- Siguientes pasos: Los expedientes donde se acrediten faltas administrativas graves serán turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las sanciones correspondientes o la restitución de los recursos al erario.
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