Una de cada cinco armas incautadas a nivel nacional es de Sinaloa; 80% viene de EU

Tras años de exigencias y múltiples demandas legales por parte del gobierno mexicano para frenar el flujo bélico, Estados Unidos modificó formalmente su doctrina de seguridad al admitir que el combate al narcotráfico es inviable sin asfixiar la oferta de armamento estadounidense.

Sin embargo, la adopción de esta postura por parte de la Oficina Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) reveló tanto un antecedente político para la presidenta Claudia Sheinbaum como una admisión tardía.

Mientras los reportes de la Misión diplomática estadounidense encabezada por Ronald Johnson, presumen incautaciones de 50 mil armas, 2.9 millones de cartuchos y la devolución de 360 prófugos, la fiscalización real sigue siendo marginal frente a un mercado ilícito que suministra cerca del 80% del poder de fuego criminal en México y cuyos vacíos de rastreo e impunidad en armerías locales impiden desmantelar las redes de suministro desde la frontera sur de EU.

Acciones legales

La respuesta diplomática coexiste con la persistente ofensiva legal impulsada por México contra la industria armamentista. A pesar de los reveses en cortes federales estadounidenses bajo la ley de inmunidad PLCAA, México mantiene litigios estratégicos en Tucson, Arizona, contra distribuidoras de armas y denuncia casos críticos de negligencia.

En el objetivo legal mexicano se encuentran desde armerías locales acusadas de abastecer deliberadamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG, como el caso de Grips By Larry en Hereford, Arizona, hasta la revelación hecha por la Sedena de que el 47% de los 137 mil cartuchos calibre .50 asegurados en México desde 2012 provienen de una planta en Kansas City vinculada comercialmente con el Pentágono y distribuida en comercios del sur estadounidense.

En el mapa del tráfico fronterizo, Sinaloa se ubica como el destino final y el punto de mayor saturación de armamento de alto poder. Durante sus intervenciones en las conferencias matutinas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó la magnitud del fenómeno en la entidad:

Sinaloa concentró el 20% del total de armas aseguradas en todo México; es decir, una de cada cinco armas incautadas por las fuerzas de seguridad del país proviene de territorio sinaloense.

Además, cerca del 80% de estas armas incautadas en la entidad provienen directamente de Estados Unidos, abarcando calibres pesados como fusiles Barrett .50, ametralladoras y millones de cartuchos de uso militar.

La brecha

Al contrastar la narrativa del gobierno estadounidense con los datos del informe publicado en mayo por la organización civil Stop US Arms to Mexico, basado en una investigación capstone de la Universidad de Georgetown con registros FOIA de la ATF entre 2015 y 2024, emergen las contradicciones.

Frente a las 50 mil armas presuntamente incautadas en EU, las estimaciones cuantitativas señalan que cada año ingresan ilegalmente a México alrededor de 500,000 armas de fuego, de las cuales las autoridades mexicanas apenas logran interceptar un 10%.

Las estadísticas forenses revelan otros vacíos. Informes de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. (GAO) revelaron que al menos 25 mil armas recuperadas cada año por agencias mexicanas nunca son sometidas al sistema eTrace de la ATF.

Esto se debe a un cuello de botella burocrático: el gobierno mexicano restringió el acceso a las cuentas de eTrace únicamente a la Fiscalía General de la República (FGR). Como consecuencia, ni el Ejército ni las fiscalías estatales (incluida la de Sinaloa) pueden ingresar datos de manera directa, lo que genera retrasos de más de un año en las solicitudes o la pérdida definitiva de pistas sobre las redes de “compradores paja” y armerías en EU.

El informe de la GAO subraya que, a pesar de operativos como Southbound de la ATF o Strawman del ICE/HSI, las agencias de ambos países carecen de indicadores de desempeño, metas claras o líneas base para evaluar el impacto real de sus acciones. Sin estas métricas, resulta imposible determinar si los decomisos en Sinaloa obedecen a un desmantelamiento efectivo de las redes o simplemente al aumento masivo del flujo armamentista provocado por la pugna entre cárteles.

Ante esta realidad, la organización Stop US Arms to Mexico argumenta que el tráfico de armas constituye una crisis transnacional de derechos humanos que no se resolverá con militarización ni operativos aislados.

Alianza de Abogados de México señala descontrol en la frontera

El líder de la Alianza de Abogados de México, Ricardo Beltrán Verduzco, sostuvo que la responsabilidad del ingreso ilícito de armas al país recae en las fallas de control del propio gobierno mexicano y no de manera exclusiva en las autoridades de Estados Unidos. Cuestionó la postura del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al culpar a Estados Unidos de permitir el paso de armamento, señalando que la falta de control interno y en los puertos marítimos por parte de las autoridades locales es la causa principal que impide detener el flujo ilegal.