Texas reclama nueve islas del río Bravo y México responde

CIUDAD DE MÉXICO.- La disputa por nueve islas ubicadas en el río Bravo abrió un nuevo diferendo entre México y Texas, luego de que autoridades de ese estado estadounidense las declararon propiedad estatal y autorizaron el acceso de fuerzas de seguridad para realizar labores de vigilancia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que la delimitación fronteriza no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal y recordó que existe un tratado bilateral que establece cómo debe determinarse la soberanía de esos territorios.

La Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) anunció el 26 de octubre que identificó nueve islas, con una superficie conjunta aproximada de 66 acres (26.7 hectáreas), como propiedad del estado.

La decisión fue anunciada por la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, quien informó que las autoridades estatales y federales de seguridad podrán ingresar a esos terrenos para patrullarlos, inspeccionarlos y retirar cualquier actividad ilegal que encuentren.

Según la funcionaria, la medida busca impedir que las islas sean utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de personas, drogas y contrabando.

La revisión comenzó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) solicitó analizar 28 islas del río Bravo cuya propiedad se consideraba incierta. Tras ese proceso, Texas identificó nueve que, de acuerdo con su Oficina General de Tierras, corresponden al estado.

México invoca el Tratado de Límites de 1970

En respuesta, la Cancillería mexicana señaló que la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal, pues sus límites están determinados por un tratado internacional.

La SRE explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el río Bravo, la frontera internacional corre por el centro del cauce normal del río. Este criterio determina la soberanía de los terrenos ubicados a ambos lados del afluente, independientemente de la que hubieran tenido anteriormente.

La dependencia también precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional integrado por las secciones de México y Estados Unidos, es la instancia facultada para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.

“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, puntualizó la Cancillería.

El acuerdo también establece restricciones para la construcción de obras en el río Bravo. Ninguno de los dos países puede realizar infraestructura que, a juicio de la CILA, pueda desviar u obstruir el escurrimiento normal del cauce.

¿Qué está en disputa?

La controversia no se limita a la propiedad de nueve terrenos, sino que involucra la aplicación de los criterios internacionales que determinan la ubicación de la frontera entre ambos países.

El cauce del río Bravo funciona como límite territorial, por lo que la ubicación de las islas debe establecerse conforme a su relación con el centro del cauce normal y a las disposiciones del tratado bilateral.

La determinación administrativa anunciada por Texas establece la posición de ese gobierno sobre la propiedad de los terrenos, pero la SRE sostiene que corresponde a la CILA determinar su ubicación respecto de la frontera internacional.

México informó que dará seguimiento a cualquier acción en la zona y reiteró que buscará atender el asunto mediante los mecanismos bilaterales establecidos.

El diferendo ocurre en un contexto de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por asuntos migratorios y de seguridad fronteriza, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.