Diputados dan voto y veto a la milicia sobre inversión extranjera en México

Bajo la narrativa oficial de salvaguardar la soberanía nacional y la infraestructura crítica, el Congreso de la Unión otorgó esta semana a las Fuerzas Armadas facultades explícitas de arbitraje, fiscalización y voto sobre el capital extranjero.

Con la incorporación formal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y la creación del Título Sexto Bis, los mandos militares evaluarán y supervisarán las adquisiciones foráneas que superen el 49% de participación en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial y minería.

La medida desató críticas entre legisladores de oposición y organismos del sector privado, quienes advirtieron sobre una “peligrosa militarización” de la economía nacional.

Durante la discusión de la propuesta, advirtieron la incompatibilidad de someter los flujos de inversión privada al arbitraje castrense y la distorsión de la naturaleza esencialmente civil de la regulación comercial.

Los legisladores criticaron que la enmienda no marca límites explícitos a las atribuciones castrenses en órganos civiles y siembra incertidumbre jurídica de los mercados internacionales de inversión.

La reforma

La enmienda a la Ley de Inversiones Extranjeras, propuesta por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada el pasado miércoles, altera el modelo de evaluación del capital extranjero en México. Históricamente conducida bajo criterios de fomento comercial y desarrollo regional por órganos civiles, la regulación de la inversión conjunta e internacional incorpora, a partir de la reforma, nuevos criterios de seguridad nacional e institucionaliza la capacidad del Estado para filtrar operaciones financieras internacionales.

El cambio principal consiste en la integración formal, con voz y voto completos en las decisiones del organismo, de las personas titulares de tres dependencias clave en materia de seguridad y un organismo de tecnología.

De acuerdo con el dictamen al cual tuvo acceso El Debate, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá la facultad de intervenir en las deliberaciones sobre la procedencia de capital foráneo. La Secretaría de Marina (Semar) tendrá participación en la protección de activos marítimos e infraestructura clave.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá evaluar temas en materia de inteligencia y seguridad pública interior; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) se incluirá en la inspección de la infraestructura tecnológica y conectividad del Estado.

El documento establece que “cuando se analicen asuntos de seguridad nacional, participarán permanentemente con voz, pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

Las personas integrantes de la Comisión al tratar asuntos en materia de seguridad nacional no podrán abstenerse de votar en la sesión respectiva, refiere el acuerdo, por lo que deberán pronunciarse en sentido favorable o en contra. Los acuerdos en sesiones donde se traten temas de seguridad nacional serán tomados por la mayoría de las personas integrantes de la Comisión.

También precisa que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y podrá comparecer ante las comisiones competentes.

El dictamen crea en el cuerpo normativo de la ley, el nuevo Título Sexto Bis, titulado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”.

Este apartado regula el procedimiento especializado de escrutinio al que serán sometidas las transacciones clasificadas bajo potencial riesgo, introduciendo formalmente la existencia de “riesgos o amenazas a la seguridad nacional” como criterio legal vinculante para autorizar o vetar la entrada de capitales extranjero.

El escrutinio normativo fijado por la reforma no se aplicará de manera generalizada a cualquier transacción comercial, sino que se concentrará en operaciones donde el capital extranjero busca tomar el control operativo o mayoritario de empresas mexicanas.

Las especificaciones

En concreto, la nueva legislación somete a la autorización previa de la CNIE aquellas adquisiciones foráneas que pretendan rebasar el 49% de la participación accionaria dentro de sectores considerados neurálgicos para la seguridad y el desarrollo nacional.

La amplitud de los sectores catalogados en este ámbito abarca industrias tradicionales de alta relevancia, así como ramas tecnológicas de vanguardia.

La supervisión de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia abarcará de manera directa el control sobre activos estratégicos dedicados a la generación, transporte y logística energética, así como la inspección de extracción y aprovechamiento de recursos minerales clave dentro del territorio nacional.

Los proyectos vinculados al desarrollo e implementación de inteligencia artificial y robótica aplicadas a la industria nacional también son motivo de verificación según la nueva ley.

La supervisión castrense en este abanico de sectores implica que las Fuerzas Armadas tendrán capacidad de decisión sobre fusiones, compras de activos y transferencias de tecnología en las áreas tecnológicamente más sensibles y dinámicas de la economía mexicana.

El Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera; falta su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte del Ejecutivo Federal para que entre en vigor.

Los riesgos

Mientras la bancada mayoritaria defiende que la reforma a la Ley de Inversión Extranjera cierra brechas de vulnerabilidad institucional alineando a México con estándares internacionales de revisión de inversiones, los partidos de oposición advirtieron que la medida desnaturaliza el entorno de negocios del país.

El senador Miguel Márquez Márquez, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó que la CNIE debe preservar su carácter estrictamente civil y económico, señalando que la presencia militar ordinaria trastoca el propósito del arbitraje comercial.

Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, alertó sobre los vacíos regulatorios de la iniciativa. Argumentó que, al involucrar activamente a las Fuerzas Armadas en la revisión de inversiones estratégicas, la ley debió fijar con rigor y precisión los límites, facultades y alcances de su actuación para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones.

Los efectos

Aarón Sánchez, líder del Colegio de Economistas de Sinaloa, advirtió que militarizar las decisiones de inversión extranjera va en contra de toda lógica. De acuerdo con el especialista, el fin esencial de un marco regulatorio en esta materia debe ser generar certidumbre para atraer capital del exterior; sin embargo, advirtió que la militarización ahuyentaría la inversión en lugar de promoverla.

Sánchez enfatizó que lo único que requieren los inversionistas es certidumbre y respeto al estado de derecho para radicar sus activos en el país. Señaló que México necesita con urgencia inversión extranjera fresca y diversificada.

Asimismo, puso en duda la narrativa oficial sobre la atracción de capitales, explicando que los ”datos alegres” difundidos por el gobierno federal se refieren principalmente a la reinversión de utilidades y no a la llegada de nueva inversión al territorio nacional.

Las advertencias del líder economista coinciden con los señalamientos de legisladores de oposición y organismos del sector privado, quienes han alertado sobre los riesgos de trastocar la naturaleza civil de la CNIE e introducir incertidumbre jurídica en los mercados internacionales.