¿Qué irregularidades detectó la ASF en Sinaloa y Nuevo León y cómo habrían operado?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Sinaloa y Nuevo León, mediante cadenas de transferencias que habrían llevado dinero de proveedores del gobierno a empresas y personas relacionadas con funcionarios.

Los hallazgos fueron presentados el viernes 30 de octubre por el titular de la institución, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025 en la Cámara de Diputados. Aunque la Auditoría reconstruyó distintas rutas del dinero, todavía calcula cuánto podría representar un daño a las finanzas públicas.

El funcionario explicó que los movimientos parten de pagos realizados por gobiernos estatales a proveedores y continúan mediante transferencias entre compañías y particulares. Los nombres de las personas involucradas permanecen reservados mientras avanzan las investigaciones.

¿Qué irregularidades encontró la ASF en Nuevo León?

En Nuevo León, la presentación de la ASF expuso cuatro rutas de recursos públicos que, después de pasar por proveedores y otras empresas, terminaron en un despacho jurídico fundado por un funcionario y un familiar.

Una de las operaciones comenzó con 964 millones de pesos entregados por el gobierno estatal a una comercializadora. De ese monto, 237 millones fueron transferidos a una empresa de alimentos, que posteriormente envió 202.9 millones al despacho.

En otra cadena, una constructora recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra compañía. Esta última canalizó 385.3 millones al mismo despacho jurídico.

Las otras dos rutas partieron de pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a proveedores. Después de pasar por una empresa de equipamiento y una consultoría, llegaron al despacho 77.03 millones y 62.9 millones, respectivamente.

La presentación también relacionó al despacho con bienes inmuebles valuados en más de mil millones de pesos y con una persona identificada como “Funcionario 1”. Sin embargo, no se difundieron públicamente los nombres ni los detalles de esas operaciones.

El auditor no confirmó si los hallazgos involucran al gobernador Samuel García o a personas de su entorno. Señaló que debía respetar el debido proceso y no adelantar responsabilidades individuales.

¿Qué detectó la Auditoría en Sinaloa?

En Sinaloa, la ASF identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, la cual recibió contratos de obra pública de instituciones estatales y municipales.

De acuerdo con la presentación, uno de los familiares era accionista y administrador único, mientras que el otro fungía como apoderado legal. La Auditoría observó que la empresa registraba depósitos muy superiores a los relacionados con sus trabajos de obra pública y realizaba transferencias entre sus propias cuentas.

También detectó movimientos de dinero hacia los dos antiguos integrantes de la constructora, después de que dejaron de formar parte de ella. Posteriormente, ambos habrían realizado pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”.

La información presentada no especificó las cantidades ni reveló la identidad del beneficiario. Tampoco confirmó la posible participación de un exgobernador de Sinaloa. Al ser cuestionado al respecto, Hernández Palacios respondió que el asunto forma parte de las investigaciones y que los resultados se darán a conocer conforme avance el proceso.

¿Qué significa la triangulación de recursos y cuánto dinero podría recuperarse?

La triangulación de recursos consiste en mover dinero a través de varias cuentas, empresas o personas, lo que puede dificultar identificar su origen y destino. En los casos presentados, la ASF señaló que reconstruyó rutas que considera indicios de posibles irregularidades, pero todavía no determina el monto del daño al erario.

El auditor explicó que parte de los recursos permanece distribuida en distintos puntos de las cadenas de transferencias, por lo que los montos identificados en cada etapa no deben sumarse como si fueran operaciones independientes ni considerarse automáticamente dinero desviado.

La institución adelantó que, conforme documente los hechos, podrá promover procedimientos por faltas administrativas graves ante las autoridades competentes o presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

Hernández Palacios afirmó que la ASF busca actuar sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización y aseguró que procederá independientemente del partido político que gobierne. Por ahora, los hallazgos representan líneas de investigación: la determinación de responsabilidades y del posible daño a las finanzas públicas todavía está pendiente.