7 reformas constitucionales de terror que se han aprobado en México

La Constitución mexicana ha sido modificada en numerosas ocasiones, pero no todos los cambios han generado consenso. Algunas reformas han provocado preocupación por sus posibles efectos en la democracia, la seguridad, la economía y los derechos de las personas.

Desde la apertura del sector energético hasta los cambios al Poder Judicial, estas son siete reformas constitucionales que han sido especialmente controvertidas y que dejaron consecuencias importantes en la vida pública del país.

1. La reforma judicial que permite elegir jueces por voto popular

Una de las transformaciones más profundas al sistema político mexicano fue la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024. El cambio estableció que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular, en lugar de los mecanismos tradicionales de designación y carrera judicial. La modificación provocó preocupación entre especialistas, trabajadores del Poder Judicial y organizaciones civiles, quienes advirtieron sobre los riesgos de politizar la justicia, debilitar la independencia de los juzgadores y permitir que intereses políticos o económicos influyan en las decisiones judiciales.

2. La militarización de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional nació en 2019 con el propósito de convertirse en una institución de seguridad pública de carácter civil. Sin embargo, en septiembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que consolidó su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El cambio encendió las alertas de quienes consideran que la seguridad pública debe permanecer bajo conducción civil. Entre las principales preocupaciones se encuentran la normalización de la participación militar en tareas policiales y las dificultades para garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y supervisión civil.

3. La reforma energética que abrió la puerta a empresas privadas

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó una reforma constitucional que modificó los artículos 25, 27 y 28 para permitir la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, mediante contratos con el Estado. La medida fue presentada como una oportunidad para atraer inversiones, aumentar la producción petrolera y modernizar el sector energético. Sin embargo, también provocó fuertes cuestionamientos por el cambio en el modelo energético nacional y el alcance de la participación privada en una industria históricamente vinculada con la soberanía del país.

4. La prisión preventiva oficiosa: cárcel sin sentencia

Otra modificación que ha generado preocupación es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En 2019 se incorporaron nuevos ilícitos al artículo 19 constitucional, entre ellos feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa habitación y delitos relacionados con la corrupción. En diciembre de 2024 volvió a ampliarse el catálogo, incluyendo delitos como la extorsión y actividades relacionadas con drogas sintéticas y fentanilo. La controversia radica en que una persona puede permanecer en prisión mientras enfrenta un proceso penal, sin que exista todavía una sentencia condenatoria. Organismos y especialistas han advertido sobre los riesgos para la presunción de inocencia y la libertad personal.

5. La supremacía constitucional que limita las impugnaciones

El 31 de octubre de 2024 se publicó una reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. La modificación estableció que los cambios constitucionales no pueden ser impugnados mediante controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y restringió la procedencia del juicio de amparo contra ellos. El cambio desató críticas porque limita las vías judiciales para cuestionar reformas constitucionales, incluso cuando existan señalamientos sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales. Para sus detractores, representa un problema para los contrapesos institucionales y la protección de los ciudadanos frente al poder político.

6. La desaparición de siete organismos autónomos

En diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional de simplificación orgánica, que estableció la desaparición de siete organismos e instituciones, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Cofece, el IFT y el Coneval. La decisión generó preocupación porque estas instituciones desempeñaban funciones de transparencia, protección de datos personales, evaluación de políticas públicas y regulación de mercados. Sus atribuciones fueron redistribuidas entre dependencias y otras instituciones públicas, lo que abrió el debate sobre la independencia de los organismos encargados de vigilar al gobierno y regular sectores estratégicos.

7. El arraigo constitucional: hasta 80 días sin proceso penal

Una de las reformas más cuestionadas en materia de derechos humanos fue la de 2008, cuando se incorporó la figura del arraigo al artículo 16 constitucional. Esta medida permite que un juez ordene que una persona investigada por delincuencia organizada permanezca privada de su libertad en un lugar determinado antes de que inicie formalmente un proceso penal. El arraigo puede durar hasta 40 días y prorrogarse hasta alcanzar un máximo de 80, siempre que se acrediten las condiciones legales. La preocupación surge porque permite restringir la libertad de una persona antes de que exista una sentencia y ha sido señalado por especialistas como una medida que puede vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso.