La Justicia revisa contratos de Transportes por más de 500 millones de euros por sospechas de malversación

El Ministerio de Transportes lleva mucho tiempo en el centro del huracán de escándalos de corrupción durante el Gobierno de Pedro Sánchez , a los que ahora se suma el segundo accidente ferroviario con víctimas mortales en menos de un año. Mientras los técnicos de Renfe y Adif, así como los históricos sindicatos ferroviarios, ponen el foco en la falta de fondos para el mantenimiento de las infraestructuras por la prolongación de los Presupuestos Generales del Estado, entre otros motivos, la Justicia investiga contratos de obra pública adjudicados por la cartera de Óscar Puente por un valor superior a los 500 millones de euros que pudieron ser amañados para que los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos se llevaran mordidas de adjudicaciones, supuestamente, puesto que la situación que afecta al primero aún es materia de investigación judicial y sobornos en el caso de Ábalos, confirmados ya por el Tribunal Supremo, que le condenó a 24 años de prisión por el caso Mascarillas.La Audiencia Nacional tiene el foco puesto en distintos contratos adjudicados a la compañía Acciona Construcción durante el tiempo en que José Luis Ábalos estuvo al frente de Transportes -aunque también previamente, por la influencia y relación de Cerdán con directivos de la multinacional- por un valor de 537,2 millones de euros. Se trata de hasta 11 expedientes de obra adjudicados por Adif o la Dirección General de Carreteras, al frente de las que se encontraban, respectivamente, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, ya investigados en la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno, aunque la Fiscalía Anticorrupción tiene la vista puesta principalmente en seis de ellos. Dicha investigación surgió precisamente a raíz de la investigación seguida en el Supremo contra Ábalos y de la declaración de Víctor de Aldama, el empresario que pagó sobornos al exministro por recibir un trato preferente para las empresas a las que representaba de cara a procesos de adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Aldama apuntó a que Cerdán tenía una especie de «cupo vasco» o una influencia en los procesos de adjudicación de obras en la zona norteAldama apuntó a que Cerdán tenía una especie de «cupo vasco» o una influencia en los procesos de adjudicación de obras en la zona norte de España que no podía perder en detrimento de Ábalos de cara al posible cobro de mordidas por parte de compañías adjudicatarias, así como puso sobre la mesa los nombres de las compañías Acciona Construcción; Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos, todas receptoras de contratos ahora bajo sospecha y cuyos directivos figuran igualmente como investigados en la causa de obras públicas de la Audiencia Nacional. En este momento, además de Cerdán, Herrero y Pardo de Vera, también están imputados los exdirectivos de Acciona Construcción Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte, Manuel José García Alconchel y Fernando Merino; los de OPR, Daniel y Antonio Fernández Menéndez y el dueño de LIC, José Ruz.Un 1% de los contratosLa investigación judicial iniciada en un principio en el Tribunal Supremo contra Cerdán sacó a la luz que él mismo poseyó casi el 50% de Servinabar, una de las compañías adjudicatarias de contratos públicos en unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcción, así como su estrecha amistad con el propietario de dicha compañía, Antxon Alonso. Por eso se investiga el incremento patrimonial no sólo del político socialista navarro, sino también de su familia desde 2014 a julio de 2021, cuando Ábalos cesó de su cargo. 5 millones en mordidas El 1% de los contratos bajo sospecha, de un total de 327,2 millones El magistrado del Tribunal Supremo estableció, en junio de 2025, la cifra que se podría haber desviado a comisiones ilegales de adjudicaciones públicas del Ministerio de Transportes para el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha en el ministerio, Koldo García.En el auto con el que el magistrado del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, envió a prisión preventiva a Cerdán, recogió el montante total de las adjudicaciones bajo sospecha de amaños (537,2 millones de euros), así como estableció un porcentaje del 1% de dicha cifra, cinco millones de euros, como los fondos públicos presuntamente malversados en forma de comisiones ilegales o mordidas, afirmando que en todo caso se trataría de un porcentaje estimado «aun muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes». También dejó abierta la puerta a que, además de Ábalos, Koldo García, y el propio Cerdán, hubiera otras personas beneficiándose ilegalmente de los fondos de Transportes, aunque puso al último como responsable y conocedor de esas circunstancias: «Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por cierto del valor de las adjudicaciones -porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia, en procedimientos judiciales de parecida naturaleza)- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los señores Ábalos y García. Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento», se pudo leer en el auto del 30 de junio de 2025.El auto del 30 de junio de 2025 El juez se refirió a los contratos bajo sospecha de haber sido amañados a cambio de que Cerdán, Ábalos y Koldo García recibieran mordidas en el auto del 30 de junio de 2025 con el que envió a prisión al exsecretario de Organización del PSOE e histórico político navarro.Previamente, el 12 de junio de 2025, la Guardia Civil había presentado un informe al magistrado instructor Puente -toda esa información más la posterior aportada entre otros organismos por la Intervención General del Estado (IGAE) está ya en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- en el que cifraba el dinero de Transportes que habría gestionado Cerdán para mordidas en 620.000 euros. Dicho informe de la UCO, en el que se recogieron conversaciones grabadas por Koldo entre los tres implicados, se refería a que «550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones de Acciona en Murcia», una el proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad, por casi 159 millones de euros y otra, el proyecto de construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, tramo Pulpí-Vera, por importe de algo más de 121 millones de euros. Los otros 70.000 euros estarían vinculados al «bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto», según los agentes.Además, según las grabaciones, los investigados esperaban otros 450.000 euros en mordidas que la Guardia Civil vincula a tres adjudicaciones de Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.